El Gobierno busca los votos de Junts mientras Podemos considera insuficientes las medidas. El borrador contempla prorrogar alquileres hasta 2028 y elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a encontrarse con su principal problema parlamentario: tiene medidas preparadas, pero no los votos necesarios para aprobarlas. El presidente ha confirmado que continúa negociando el nuevo Real Decreto-ley de vivienda, inicialmente previsto antes del verano y aplazado ante el riesgo de sufrir otra derrota en el Congreso.
Sánchez reconoce que el Ejecutivo trabaja ahora con una prioridad muy concreta: no llevar el decreto al Consejo de Ministros hasta tener suficientes garantías de que posteriormente será convalidado por las Cortes.
La situación evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno. Junts considera excesivas algunas intervenciones, mientras Podemos sostiene exactamente lo contrario y acusa al Ejecutivo de quedarse corto. En medio, Sumar intenta conseguir los votos de la formación de Carles Puigdemont.
Sánchez admite las dificultades para aprobar el decreto de vivienda
Durante una entrevista en la Cadena SER, Sánchez explicó que existe un consenso parlamentario sobre la necesidad de actuar frente al problema de la vivienda, pero reconoció discrepancias importantes sobre las soluciones.
El presidente sostiene que el decreto pretende reducir los precios y proporcionar seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, incorporando también bonificaciones dirigidas a los arrendadores para incentivar que aumente la oferta.
Pero las negociaciones continúan abiertas.
El borrador incluye cambios importantes en el mercado del alquiler, aunque todavía puede modificarse antes de llegar al Consejo de Ministros. Entre las propuestas que se encuentran sobre la mesa aparecen la prórroga automática de determinados contratos de alquiler hasta 2028 y una subida hasta el 21% del IVA aplicable a los pisos turísticos, según la información disponible sobre el proyecto.
También se estudian modificaciones relacionadas con alquileres de habitaciones, desahucios, incentivos fiscales, reparaciones y venta de inmuebles arrendados.
El Gobierno quiere evitar otra derrota en el Congreso
La decisión de retrasar el decreto tiene una explicación fundamental: Moncloa no quiere aprobar una norma que después sea tumbada por el Congreso.
El Ejecutivo ya sufrió anteriormente una derrota parlamentaria con medidas relacionadas con el alquiler. Por eso decidió no llevar el nuevo paquete de vivienda al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones.
Ni Junts ni Podemos garantizaban entonces sus votos.
Sánchez lo ha reconocido abiertamente al explicar que el objetivo no consiste simplemente en aprobar el real decreto-ley en el Consejo de Ministros, sino en conseguir previamente los apoyos necesarios para convalidarlo posteriormente en el Congreso.
El mecanismo es importante. Un real decreto-ley entra en vigor tras su publicación, pero el Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación dentro del plazo constitucional correspondiente.
La aritmética parlamentaria vuelve así a condicionar la política de vivienda del Gobierno.
Junts vuelve a tener una posición decisiva
Uno de los votos más buscados vuelve a ser el de Junts.
La formación considera excesivos algunos elementos de la intervención propuesta por el Ejecutivo, según explicó Sánchez. Precisamente por ello, Sumar mantiene negociaciones con el partido para intentar encontrar un acuerdo.
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que su formación continúa trabajando con los diferentes grupos para llevar el decreto al Consejo de Ministros cuanto antes.
Las conversaciones con Junts incluyen, según las fuentes recogidas en la información de partida, posibles bonificaciones fiscales para propietarios.
La situación coloca nuevamente a la formación independentista catalana en una posición de considerable influencia sobre una iniciativa del Gobierno central.
Podemos carga contra Sánchez por la vivienda
El problema para Moncloa aparece también en el otro extremo de sus potenciales aliados.
Podemos está muy lejos de considerar suficiente el decreto.
Su coportavoz, Pablo Fernández, ha calificado la vivienda como el «principal punto negro» del Gobierno de Sánchez y sostiene que su formación mantiene una «distancia sideral» respecto a la política desarrollada por el Ejecutivo.
Podemos reclama una intervención mucho mayor y acusa al Gobierno de haber favorecido a rentistas, fondos y grandes propietarios. Es la valoración política de la formación morada, frente a un Ejecutivo que defiende haber impulsado medidas destinadas a contener precios y ampliar la protección de los inquilinos.
Sánchez queda así atrapado entre posiciones difíciles de conciliar: necesita convencer simultáneamente a partidos que consideran excesiva la intervención y a otros que reclaman todavía más regulación.
Prorrogar alquileres hasta 2028, una de las medidas clave
Una de las propuestas de mayor alcance sería la prórroga automática de contratos de alquiler hasta 2028.
El borrador plantea además cambios de mayor profundidad en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Para el Gobierno, las medidas deben contribuir a contener los precios y proporcionar estabilidad a los hogares.
Sin embargo, cualquier nueva intervención en el alquiler abre inevitablemente el debate sobre sus efectos en la oferta. Mientras sus defensores consideran necesarias las protecciones ante la escalada del coste residencial, sus críticos advierten de que un exceso de regulación puede provocar que algunos propietarios retiren viviendas del alquiler convencional.
Precisamente por ello, el Ejecutivo pretende acompañar algunas restricciones con incentivos fiscales para propietarios.
El equilibrio entre proteger al inquilino y conseguir que exista suficiente oferta se ha convertido en uno de los puntos centrales de la batalla política.
El IVA de los pisos turísticos subiría al 21%
Otra de las propuestas relevantes es elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.
El Gobierno lleva tiempo señalando este tipo de alojamiento como uno de los factores que presionan el mercado residencial en determinados municipios y zonas especialmente tensionadas.
La medida tendría también una importante dimensión fiscal y afectaría a un sector que ha crecido con fuerza durante los últimos años.
Sin embargo, el texto todavía es un borrador, por lo que las medidas concretas pueden cambiar como consecuencia de las negociaciones parlamentarias.
Sánchez responsabiliza también a comunidades y ayuntamientos
El presidente ha defendido que el Gobierno central debe actuar porque, según su valoración, existen comunidades autónomas y ayuntamientos que se niegan a adoptar determinadas medidas en vivienda.
Este argumento abre otro frente político.
Las competencias sobre vivienda están repartidas entre diferentes administraciones, y buena parte de las políticas de suelo, urbanismo y vivienda protegida dependen de gobiernos autonómicos y municipales.
El Ejecutivo central apuesta fundamentalmente por nuevas regulaciones, incentivos fiscales y medidas de protección del alquiler. Desde otros sectores se insiste en que la crisis requiere igualmente aumentar la construcción, liberar suelo, agilizar licencias y proporcionar seguridad jurídica suficiente para incrementar la oferta.
El debate de fondo será determinar qué combinación permite aumentar realmente el número de viviendas disponibles y reducir el esfuerzo económico que soportan las familias.
Sánchez promete presentar los Presupuestos de 2027 este año
La vivienda no fue el único asunto en el que Sánchez tuvo que enfrentarse a preguntas sobre su capacidad parlamentaria.
El presidente también aseguró que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 serán presentados durante 2026, aunque evitó comprometerse con septiembre como fecha concreta.
Sánchez afirmó que su compromiso es que las cuentas sean presentadas y que su debate se sustancie este año. También reiteró que habrá elecciones en 2027.
La incógnita vuelve a ser la misma: conseguir una mayoría parlamentaria suficiente.
La negociación presupuestaria obligará al Gobierno a entenderse con una combinación de fuerzas con prioridades políticas y económicas muy diferentes.
La vivienda vuelve a medir la debilidad parlamentaria de Sánchez
El nuevo decreto se ha convertido así en algo más que una reforma del mercado del alquiler.
Será una prueba de resistencia para la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.
Junts quiere modificaciones. Podemos exige medidas mucho más ambiciosas. Sumar intenta construir un acuerdo y el Gobierno evita llevar el texto al Consejo de Ministros hasta reducir el riesgo de una nueva derrota.
Mientras continúan las negociaciones, el problema que pretende resolver sigue creciendo: el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas de los españoles, especialmente entre jóvenes y familias residentes en grandes ciudades y zonas turísticas.
El Gobierno promete intervenir para reducir precios y aumentar la seguridad de propietarios e inquilinos. Sus críticos cuestionan que nuevas restricciones sean suficientes —o incluso adecuadas— si no van acompañadas de un incremento considerable de la oferta.
La primera batalla, sin embargo, ni siquiera se libra todavía en el mercado inmobiliario. Sánchez necesita conseguir los votos para que su decreto de vivienda sobreviva al Congreso.
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