La Policía Nacional eleva a 160 millones el patrimonio presuntamente desviado del histórico Grupo Vera y embarga 135 inmuebles valorados en más de 300 millones.
La Policía Nacional ha dado un nuevo golpe al denominado caso Vera, la investigación sobre el presunto vaciamiento patrimonial de uno de los históricos grupos constructores de la Costa del Sol. La segunda fase de la operación Drave deja diez nuevos detenidos y eleva de 100 a 160 millones de euros el valor de los bienes que habrían sido desviados de las sociedades concursadas.
La dimensión económica es especialmente llamativa: el supuesto expolio sería incluso superior a los aproximadamente 150 millones de deuda pendiente con los acreedores. Los investigados afrontan presuntos delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y apropiación indebida. La investigación continúa abierta y las responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente.
Una trama de testaferros y sociedades interpuestas
Según la investigación policial, el entramado habría recurrido a testaferros y sociedades interpuestas para sacar activos de las empresas y mantenerlos bajo el control o en beneficio de los investigados.
Las maniobras se habrían desarrollado tanto antes como durante el concurso de acreedores.
Entre las operaciones investigadas aparecen contratos de servicios presuntamente simulados, ventas de activos inmobiliarios poco antes de solicitar el concurso y operaciones destinadas a evitar embargos de Hacienda.
La Policía sostiene que, en una primera etapa, se produjeron dos operaciones de vaciamiento patrimonial superiores a 28 millones de euros.
Posteriormente habrían aparecido otros 30 millones mediante operaciones de descapitalización relacionadas con inmuebles y carteras de créditos.
Bienes valiosos vendidos a precios mínimos
Uno de los elementos centrales del caso está en cómo determinados activos de las sociedades concursadas habrían terminado en manos privadas.
Los investigadores apuntan a subastas presuntamente manipuladas y ventas directas sin la publicidad correspondiente, además de cláusulas que favorecían a personas relacionadas con los fundadores.
El resultado, según las pesquisas, habría permitido adquirir bienes valiosos a precios muy inferiores a su valor y libres de determinadas cargas.
Una de las operaciones conocidas muestra la magnitud de las diferencias investigadas: una cartera de créditos de unos 12 millones de euros habría sido adquirida por aproximadamente 200 000 euros, según informaciones sobre las diligencias.
La Policía apunta a la administración concursal
La investigación adquiere una dimensión todavía más delicada por el papel atribuido a responsables vinculados al propio procedimiento concursal.
La Policía considera que determinadas operaciones no podrían haberse realizado sin la presunta colaboración desde la administración del concurso.
El administrador concursal ya fue detenido durante la primera fase, junto al antiguo director financiero, y también está siendo investigado un auxiliar delegado relacionado con una de las compañías concursadas.
La hipótesis policial es especialmente grave: el concurso, concebido legalmente para ordenar la insolvencia y proteger los derechos de los acreedores, habría sido utilizado presuntamente para facilitar operaciones beneficiosas para miembros del entramado.
135 inmuebles valorados en más de 300 millones
La Policía ha adoptado importantes medidas patrimoniales para intentar asegurar bienes durante la investigación.
En dos registros realizados a finales de julio fueron intervenidas joyas valoradas en más de 200 000 euros.
También se bloquearon alrededor de 1 millón de euros en activos financieros depositados en nueve entidades bancarias.
La actuación más importante afecta al patrimonio inmobiliario: se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles, cuyo valor conjunto supera los 300 millones de euros.
Grupo Vera, un gigante de la construcción malagueña
El caso tiene especial relevancia en Málaga por la trayectoria del Grupo Vera.
Construcciones Vera llegó a convertirse en uno de los nombres importantes del sector inmobiliario y de la obra pública de la Costa del Sol.
El grupo participó en proyectos vinculados a hoteles, campos de golf, apartamentos turísticos, instalaciones deportivas, carreteras y obras ferroviarias, además de intervenciones emblemáticas en Málaga y Granada.
Su expansión internacional precedió a los problemas financieros. En 2013, la compañía entró en concurso de acreedores con un pasivo que entonces rondaba los 76,5 millones de euros.
La muerte de Francisco Vera en 2017 terminó alterando el acuerdo que se había alcanzado con los acreedores y el procedimiento concursal continuó.
El presunto saqueo supera la propia deuda
La operación Drave intenta ahora reconstruir qué ocurrió realmente con el patrimonio de las sociedades durante aquellos años.
La cifra global investigada alcanza los 160 millones de euros, frente a una deuda con acreedores calculada en unos 150 millones.
Esa diferencia resume la magnitud del caso.
La investigación deberá determinar ahora qué operaciones fueron fraudulentas, quiénes se beneficiaron de ellas y hasta dónde llegó la presunta colaboración interna para sacar activos de unas empresas que debían responder ante numerosos acreedores.
Con diez nuevos detenidos, 135 inmuebles embargados y más de 300 millones en propiedades bajo medidas preventivas, el caso Vera se consolida como una de las investigaciones económicas de mayor envergadura abiertas actualmente en Málaga.
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