El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una ofensiva política y económica para atraer a las petroleras estadounidenses a Venezuela, prometiendo incentivos y compensaciones a quienes inviertan en el país tras la caída del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la industria energética no se fía: la incertidumbre política, la falta de reglas claras y el deterioro extremo de la infraestructura frenan cualquier desembarco masivo.
Incentivos desde la Casa Blanca… con letra pequeña
Tras la captura de Maduro, Trump aseguró que reembolsaría a las petroleras que apuesten por Venezuela con el objetivo de revitalizar el sector en apenas 18 meses. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó un “diálogo activo” con las compañías para articular mecanismos de compensación, aunque reconoció que harán falta decenas de miles de millones de dólares y tiempo.
Washington, además, controlará de forma “indefinida” las ventas de crudo venezolano, una condición que, lejos de tranquilizar, añade dudas a un sector que invierte con horizontes de 10 a 25 años.
Una potencia petrolera… en ruinas
Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo —unos 364 000 millones de barriles, el 17 % del total global—, pero apenas produce el 1 % del petróleo mundial. La producción cayó de 3 millones de barriles diarios en 2008 a 963 000 en diciembre pasado por falta crónica de inversión.
El país arrastra unos 28 000 pozos inactivos que requieren rehabilitación urgente. Incluso con alivios selectivos de sanciones para exportar, elevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios exigiría miles de millones en 12–24 meses; volver a 3 millones demandaría un esfuerzo aún mayor en infraestructura.
El mayor obstáculo: la inseguridad jurídica
Para los analistas, el problema no es solo el dinero. “No está claro cuáles serán las reglas del juego” bajo un escenario político volátil y con una Administración estadounidense que podría cambiar en 2028. A ello se suma la incógnita sobre la duración del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El recuerdo de las expropiaciones de Hugo Chávez sigue pesando: desde 2000 se contabilizan cerca de 60 arbitrajes internacionales contra Venezuela por hasta 30 000 millones de dólares, casi el 15 % de su deuda exterior.
“Drill, baby, drill”… no basta
El eslogan de Trump no garantiza producción. Las decisiones son privadas y comerciales, y las petroleras comparan Venezuela con otros activos menos riesgosos en su cartera global. Algunas podrían reactivar activos existentes en un par de años, pero nuevas exploraciones implican compromisos que trascienden el mandato de Trump y dependen de cómo se vea el mercado dentro de una década.
No sorprende, por tanto, que directivos energéticos —que se reunirán con Trump en la Casa Blanca— hayan trasladado poco entusiasmo de forma reservada a la prensa.
Conclusión
Washington empuja, promete incentivos y ofrece control; el sector responde con prudencia. Sin seguridad jurídica, estabilidad política y un plan creíble de inversiones, el regreso de las petroleras a Venezuela seguirá siendo una apuesta de alto riesgo, por mucho petróleo que haya bajo tierra.