Un correo fechado el 22 de julio muestra que Isabel Díaz Ayuso ya negociaba el alquiler de la vivienda en la que reside actualmente, siete días antes de que trascendiera la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid.
Un correo electrónico fechado el 22 de julio de 2026 se ha convertido en una pieza relevante dentro de la polémica por la adquisición de un ático en Madrid por 6,3 millones de euros con fondos de una empresa pública de la Comunidad.
El mensaje muestra que Isabel Díaz Ayuso estaba tramitando el alquiler de otra vivienda para uso particular una semana antes de que se hiciera pública la compra del inmueble de Chamberí.
El documento no demuestra por sí solo qué destino había previsto inicialmente la Administración madrileña para el ático. Tampoco despeja todas las preguntas sobre una operación pública que merece fiscalización. Pero sí aporta un elemento objetivo favorable a la versión defendida por Ayuso frente a quienes sostuvieron que el inmueble podía convertirse en su residencia institucional.
La razón es sencilla: mientras la adquisición pública permanecía todavía fuera del conocimiento de la opinión pública, Ayuso ya estaba negociando el contrato de la casa en la que finalmente ha terminado viviendo.
El correo de Ayuso está fechado siete días antes de conocerse la compra
La cronología es el elemento fundamental.
Según la documentación difundida, el 22 de julio de 2026, a las 12.08 horas, una agencia inmobiliaria remitió a la cuenta personal de Ayuso un correo con el borrador de un contrato de arrendamiento.
El mensaje incluía un documento adjunto identificado como «Nuevo contrato de arrendamiento julio 2026».
La vivienda objeto de aquella negociación es, según la información publicada, el domicilio que actualmente ocupa la presidenta madrileña.
La compra del controvertido ático de Chamberí no se hizo pública hasta el 29 de julio, exactamente siete días después.
Existe además otro dato importante: la adquisición pública se había formalizado meses antes, el 14 de abril de 2026.
Por tanto, cuando Ayuso recibió aquel borrador de alquiler, habían transcurrido más de tres meses desde la compra del ático, pero la operación todavía no había trascendido públicamente.
¿Qué demuestra realmente el correo?
Conviene separar lo que puede acreditarse documentalmente de las conclusiones políticas.
El correo refuerza la tesis de que Ayuso estaba buscando una vivienda privada diferente al ático comprado por la Comunidad de Madrid.
Si además se confirma que aquel contrato corresponde efectivamente a su domicilio actual, la cronología debilita la hipótesis de que la presidenta estuviera esperando que el ático público se convirtiera en su residencia.
Sin embargo, el correo no permite determinar por sí mismo cuál era el uso inicialmente previsto para el inmueble adquirido por Planifica Madrid.
Son dos cuestiones diferentes.
La primera afecta a los planes personales de residencia de Ayuso. La segunda, a las razones administrativas que llevaron a una empresa pública madrileña a adquirir una propiedad de elevado valor.
Ayuso: «Una semana antes yo ya estaba a punto de cerrar una casa»
La presidenta madrileña ha utilizado precisamente el documento para defenderse de las acusaciones.
Ayuso sostiene que llevaba tiempo buscando una nueva vivienda y que ese proceso dejó un rastro documental.
Sobre el correo del 22 de julio, ha explicado que muestra que «una semana antes de que saliera la noticia» ya estaba a punto de cerrar una casa, después de haberla visto inicialmente a finales de junio y visitarla durante julio.
Otro elemento señalado por la dirigente popular es el nombre del archivo adjunto: «Nuevo contrato».
Ayuso interpreta esa denominación como evidencia de que existieron versiones anteriores y de que, por tanto, la negociación no comenzó repentinamente tras conocerse la controversia.
La presidenta asegura que «hubo otro anterior» y rechaza que el Gobierno madrileño estuviese preparándole una residencia oficial.
El ático costó 6,3 millones de euros
La polémica comenzó alrededor de un inmueble situado en la calle General Martínez Campos, 35, en Chamberí.
Según los datos publicados, se trata de un ático de aproximadamente 481 metros cuadrados, de los que cerca de 200 metros corresponden a terraza.
El inmueble había salido al mercado durante enero.
La Comunidad buscaba una propiedad con unas características determinadas: una superficie aproximada de entre 250 y 400 metros cuadrados y una terraza de grandes dimensiones.
Finalmente, la empresa pública Planifica Madrid adquirió el ático por 6,3 millones de euros.
La operación quedó sujeta a confidencialidad y posteriormente se justificó señalando que el inmueble permitiría celebrar reuniones durante las obras previstas en la sede de la Presidencia regional de la Puerta del Sol.
Precisamente el elevado importe, las características del inmueble y el hermetismo inicial alimentaron las preguntas de la oposición sobre su verdadero destino.
La Comunidad decidió venderlo tras estallar la polémica
La controversia adquirió todavía más intensidad después de hacerse pública la adquisición.
Solo un día después de que la compra apareciera en los medios, el Gobierno regional anunció su decisión de poner el ático a la venta.
La Comunidad enmarcó la operación en un paquete de inmuebles valorados en alrededor de 20 millones de euros, cuyos recursos se destinarían a financiar actuaciones de reconstrucción en la Sierra Oeste tras los incendios del verano.
Ese cambio alimentó inevitablemente nuevas críticas políticas.
La oposición pudo cuestionar por qué se adquirió una propiedad por 6,3 millones si pocos meses después podía prescindirse de ella. El Ejecutivo madrileño, por su parte, ha rechazado que la operación tuviera como finalidad proporcionar una vivienda a Ayuso.
El correo complica la acusación de que fuese una residencia para Ayuso
Es aquí donde el documento fechado el 22 de julio adquiere relevancia política.
La acusación más delicada no era simplemente que la Comunidad hubiese comprado un inmueble caro, sino la sospecha de que una propiedad sufragada mediante una empresa pública pudiera terminar destinada al uso residencial de la presidenta.
El correo no resuelve el debate sobre la oportunidad económica de la compra, pero introduce una evidencia difícil de ignorar: Ayuso estaba negociando paralelamente una vivienda privada para ella antes de que existiera públicamente el denominado «caso del ático».
Y no se trataría de cualquier inmueble visitado durante una búsqueda inmobiliaria, sino de la vivienda en la que finalmente reside.
Eso proporciona consistencia temporal a su defensa.
También reduce la plausibilidad de una explicación alternativa: que Ayuso hubiese comenzado precipitadamente a buscar una casa después de que la operación pública saliera a la luz para intentar neutralizar la polémica. El correo es anterior a la publicación.
Una cosa es el destino del ático y otra la gestión de la compra
El nuevo documento tampoco debería convertir el debate en una cuestión de todo o nada.
Que existan indicios favorables a la versión de Ayuso sobre su residencia personal no impide examinar críticamente la decisión de gastar 6,3 millones de euros en aquel inmueble.
Una administración debe poder explicar por qué necesitaba comprarlo, cómo se determinó su precio, qué alternativas se estudiaron, qué uso concreto iba a recibir y por qué posteriormente se decidió venderlo.
Esas preguntas pertenecen al terreno de la gestión de los recursos públicos y no desaparecen porque la presidenta estuviera negociando simultáneamente otra vivienda.
Pero tampoco resulta razonable ignorar una prueba documental porque contradiga una determinada interpretación política.
La cronología se convierte en la principal defensa de Ayuso
El episodio queda ahora dividido en dos debates.
Por una parte está la compra pública del ático de Chamberí, su precio de 6,3 millones, su finalidad y la posterior decisión de venderlo.
Por otra, la acusación de que ese inmueble estaba pensado para convertirse en la residencia de Isabel Díaz Ayuso.
Sobre este segundo punto, el correo del 22 de julio supone un respaldo significativo a la explicación de la presidenta: siete días antes de que la polémica existiera públicamente, ya tenía sobre la mesa el borrador de alquiler de la casa que finalmente ocupa.
No es una prueba definitiva sobre las intenciones de todos los responsables de la operación ni sobre el destino administrativo originalmente contemplado para el ático. Sí es una pieza documental que obliga a revisar cualquier afirmación categórica de que los 6,3 millones se desembolsaron para comprar una residencia a Ayuso.
La controversia, por tanto, no desaparece. Pero con este correo sobre la mesa, la carga de demostrar que aquel ático estaba realmente destinado a la presidenta resulta considerablemente mayor.
Chollones
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