La número dos del PSOE culpa a Juan Jesús Vivas de frenar la reubicación de menores migrantes mientras el Gobierno mantiene abierto un mecanismo obligatorio de traslado entre comunidades. La ley no permite devoluciones automáticas a Marruecos.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido públicamente el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta como una de las vías para “acelerar la vuelta a la normalidad” en la ciudad autónoma.
Torró lanzó el mensaje este sábado durante la conferencia política que el PSPV-PSOE celebra en Alicante y dirigió directamente sus críticas contra el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular.
“Para saber por qué Ceuta se niega a que los menores sean trasladados a la Península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntar a Vivas”, afirmó la dirigente socialista.
La declaración explicita una de las opciones que el Ejecutivo lleva semanas defendiendo: reubicar menores desde Ceuta hacia recursos de acogida situados en otras comunidades autónomas.
Torró señala directamente a Vivas
La número dos del PSOE acusó al presidente de Ceuta de haber cambiado de actitud ante la crisis migratoria.
Según Torró, Vivas habría pasado de colaborar con el Gobierno a poner obstáculos a las medidas planteadas desde Madrid. Se trata de una acusación política del PSOE, que el PP rechaza.
La dirigente socialista también vinculó la posición del presidente ceutí con la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de dificultar las soluciones propuestas por el Ejecutivo.
La declaración sobre los traslados, sin embargo, sí tiene una consecuencia política concreta: el PSOE considera que repartir parte de esos menores entre otros territorios ayudaría a aliviar la presión que soporta Ceuta.
Sánchez ya había remitido la responsabilidad a Ceuta
Las palabras de Torró llegan apenas tres días después de que Pedro Sánchez fuera preguntado en el Congreso por los entre 700 y 1 000 menores sin tutelar que, según las estimaciones del Ejecutivo, continuaban en las calles de Ceuta.
El presidente respondió: “Eso a Vivas, pregúntele”.
El Gobierno sostiene que las comunidades autónomas y ciudades autónomas ejercen las competencias ordinarias de protección y tutela de menores.
Al mismo tiempo, el Estado conserva competencias relevantes en materia de extranjería, procedimientos de repatriación y mecanismos extraordinarios de reubicación territorial.
Por eso, presentar la situación como competencia exclusiva de una sola Administración simplificaría en exceso un entramado jurídico en el que participan Ceuta y la Administración General del Estado.
El Gobierno ya planteó trasladar 500 menores
El traslado a la Península no es una propuesta surgida ahora de las palabras de Torró.
El 31 de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que su departamento había propuesto trasladar a 500 niños y niñas desde Ceuta a recursos gestionados por entidades de atención a la infancia en la Península.
Según el Ministerio, en ese momento únicamente faltaba la firma del Gobierno ceutí para poner en marcha esa vía concreta.
Rego había mantenido previamente reuniones con Vivas para estudiar distintas alternativas, entre ellas acogimiento familiar, reagrupación y reubicación territorial.
Más de 1 000 menores ya habían sido reubicados este año
Existe además un mecanismo estatal que ya funciona.
En febrero, el Gobierno informó de que 1 019 menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla habían sido trasladados a otras comunidades autónomas al amparo del sistema de reubicación.
Ese mecanismo deriva del marco aprobado para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El Real Decreto 658/2025 regula los procedimientos para distribuir menores desde territorios sometidos a una presión excepcional hacia otras comunidades, siempre bajo el principio del interés superior del menor.
El sistema establece una capacidad ordinaria para cada territorio.
En 2026, esa referencia es de 29 plazas para Ceuta, frente a 1 903 para la Comunitat Valenciana, 3 009 para Andalucía o 2 471 para Madrid, entre otras.
¿Puede el Gobierno devolver directamente a los menores a Marruecos?
No de forma automática.
Este es uno de los principales matices que falta en el relato político de la polémica.
La legislación española contempla la repatriación de menores extranjeros no acompañados, pero obliga a estudiar cada caso individualmente.
El Reglamento de Extranjería establece que la Delegación o Subdelegación del Gobierno puede iniciar la repatriación cuando determine que el interés superior del menor queda protegido mediante la reunificación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen.
El procedimiento exige informes previos, audiencia del menor, intervención del Ministerio Fiscal y una resolución expresa.
La decisión final debe determinar si procede la repatriación o la permanencia en España.
Por tanto, ni el traslado a la Península impide necesariamente una repatriación posterior ni la nacionalidad marroquí permite devolver automáticamente al menor.
La reagrupación familiar también puede producirse en Marruecos
El propio Ministerio de Juventud e Infancia ha señalado que la prioridad es la reagrupación familiar cuando resulte posible y responda al interés superior del menor.
Esa reunificación puede producirse en España, en otro Estado europeo o en el país de origen, incluido Marruecos cuando se cumplan los requisitos correspondientes.
Esto contradice la conclusión de que el Gobierno haya decidido, como política general, no devolver menores a Marruecos.
Lo que sí está documentado es que el Ejecutivo está utilizando simultáneamente varias vías: asistencia inmediata en Ceuta, reubicación a otras comunidades, acogimiento, reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, repatriación.
Ceuta dispone de 25 millones adicionales para atender a menores
La presión sobre el sistema de acogida ceutí llevó al Consejo de Ministros a aprobar en agosto un crédito extraordinario de 25 millones de euros.
Ese dinero está destinado a alojamiento, alimentación, atención sanitaria, apoyo jurídico, escolarización, traducción, ampliación de plazas y contratación de personal para atender a menores no acompañados.
El Gobierno también ha incrementado los recursos generales destinados a la acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas.
En julio se aprobaron otros 35 millones de euros para repartir entre los territorios.
PSOE y PP trasladan el choque político a la gestión de los menores
La situación ha derivado en un enfrentamiento cada vez más duro entre Moncloa y el Gobierno ceutí.
El PSOE acusa al PP de bloquear las medidas de descongestión.
El PP, por su parte, sostiene que el Gobierno central intenta trasladar a Ceuta responsabilidades derivadas de la crisis migratoria y cuestiona el reparto de menores hacia comunidades cuyos recursos consideran saturados.
En medio de esa confrontación permanecen cientos de menores cuya tutela, identificación y posible reagrupación o traslado debe resolverse conforme a la legislación de protección de infancia.
Torró confirma que la reubicación está en el centro de la estrategia
Las declaraciones de Rebeca Torró sí permiten extraer una conclusión concreta.
El PSOE considera el traslado de menores desde Ceuta hacia la Península una herramienta necesaria para reducir la presión sobre la ciudad autónoma y acelerar la recuperación de la normalidad.
No puede concluirse, sin embargo, que exista una decisión general del Gobierno de renunciar a las repatriaciones.
La normativa española mantiene esa posibilidad, pero exige analizar individualmente cada expediente y acreditar que la devolución responde al interés superior del menor.
La disputa política se centra ahora en quién debe asumir la acogida inmediata y con qué rapidez deben ejecutarse los traslados.
Y en ese debate, Torró ha dejado clara la posición socialista: parte de los menores que permanecen en Ceuta deben ser trasladados a recursos de acogida de la Península.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo
Chollones
Chollones
Chollones