El Gobierno quiere pactar con empresas, sindicatos, partidos y administraciones un marco común para el despliegue de la inteligencia artificial. Pedro Sánchez rechaza dejar su regulación exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan IA360, una hoja de ruta para los próximos 12 meses con la que el Ejecutivo pretende acelerar la adopción de inteligencia artificial en España y, al mismo tiempo, reforzar su regulación y supervisión pública.
Durante el acto celebrado en La Moncloa, Sánchez propuso impulsar un “nuevo contrato social para la Inteligencia Artificial” mediante un acuerdo entre patronal, sindicatos, partidos políticos y poderes públicos. El Gobierno prevé convocar a los agentes sociales en octubre para comenzar las negociaciones.
Sánchez rechaza la autorregulación de las grandes tecnológicas
El jefe del Ejecutivo defendió que el desarrollo de la IA no puede quedar exclusivamente en manos de las compañías que controlan buena parte de la tecnología.
En su intervención criticó la concentración empresarial y afirmó que España debe evitar quedar sometida a “prácticas monopolísticas” o abusivas por parte de grandes grupos tecnológicos. También utilizó el término “tecno-oligarcas” para referirse a algunos dirigentes empresariales del sector.
Reuters confirma que Sánchez defendió una mayor supervisión pública y sostuvo que la industria de inteligencia artificial no puede autorregularse por sí sola, citando riesgos relacionados con privacidad, discriminación, empleo, desinformación y sostenibilidad.
Un pacto entre Gobierno, empresas y sindicatos
La propuesta no constituye todavía una nueva ley.
El Gobierno plantea iniciar un proceso de negociación para definir cómo deben adaptarse las relaciones laborales, la protección de los ciudadanos y los mecanismos de supervisión a la extensión de la IA.
Sánchez defendió que el futuro acuerdo debe ofrecer “seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida” que puede provocar esta tecnología.
La iniciativa pretende incorporar a:
- empresas y patronales;
- sindicatos y trabajadores;
- partidos políticos;
- administraciones y poderes públicos.
El contenido definitivo dependerá de esas negociaciones.
El Plan IA360 tendrá una duración inicial de 12 meses
El denominado Plan IA360 reúne actuaciones para reforzar la capacidad tecnológica española y facilitar el uso de inteligencia artificial en la economía.
La Moncloa lo define como una hoja de ruta con medidas concretas para los próximos 12 meses, centrada tanto en la competitividad como en la seguridad, la confianza ciudadana y la protección de colectivos vulnerables.
Entre los proyectos mencionados por el Ejecutivo figuran el aumento de la capacidad de computación, el desarrollo de nuevos modelos y medidas para acelerar la adopción empresarial de estas herramientas. Reuters señala también planes relacionados con una gigafactoría de IA y modelos desarrollados junto al Barcelona Supercomputing Center para ámbitos como salud, energía y clima.
La supervisión humana, en el centro del debate
Sánchez defendió que los sistemas de IA deben mantener trazabilidad y supervisión humana, especialmente cuando intervienen en decisiones relevantes.
Su posición coincide con una iniciativa internacional suscrita por representantes de 22 países e instituciones, que reclama mantener a las personas dentro de los procesos de decisión y avanzar hacia reglas internacionales comunes.
La propuesta se ha difundido coincidiendo con la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde la gobernanza internacional de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los asuntos de debate.
España busca una regulación sin frenar la inversión
El reto para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre regulación y competitividad.
Sánchez sostiene que España dispone de ventajas para crecer en inteligencia artificial, entre ellas talento científico, empresas tecnológicas, conectividad, energías renovables y un ecosistema de startups.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere que las nuevas infraestructuras tecnológicas cumplan criterios ambientales, de seguridad y soberanía de datos.
La cuestión será determinar hasta qué punto las nuevas obligaciones pueden convivir con la necesidad de atraer inversión y desarrollar compañías españolas capaces de competir internacionalmente.
Europa ya dispone de un marco regulatorio propio
El debate español no parte de cero.
La Unión Europea está desplegando progresivamente el AI Act, que establece diferentes obligaciones según el nivel de riesgo de cada sistema de inteligencia artificial.
España está desarrollando además su propia arquitectura institucional y sancionadora para aplicar ese marco europeo.
El nuevo “contrato social” anunciado por Sánchez pretende ir más allá de la regulación estrictamente tecnológica y abordar también consecuencias laborales, económicas y sociales.
La concentración del poder tecnológico entra en el debate político
Uno de los elementos centrales del discurso presidencial fue la creciente concentración de capacidad computacional, datos y modelos avanzados en un número reducido de empresas.
Sánchez argumentó que esa concentración puede crear barreras de entrada y consolidar posiciones monopolísticas.
Las empresas tecnológicas, por su parte, suelen defender que una regulación excesivamente rígida puede elevar los costes de innovación y dificultar la competencia frente a Estados Unidos o China.
Ese conflicto entre innovación, regulación y concentración empresarial será uno de los principales debates que deberá resolver el futuro acuerdo español.
El Gobierno abrirá las negociaciones en octubre
El siguiente paso será la convocatoria formal de los agentes sociales.
El Ejecutivo quiere iniciar el proceso el próximo mes de octubre, aunque todavía no ha detallado qué obligaciones concretas podrían derivarse del futuro pacto ni qué parte necesitará nuevas leyes.
Por ahora, el Plan IA360 establece la dirección política: impulsar la adopción de inteligencia artificial sin dejar su gobernanza únicamente en manos de las empresas que desarrollan la tecnología.
La discusión comenzará ahora sobre cómo convertir esa declaración de principios en reglas concretas que protejan a los ciudadanos sin frenar la innovación y la inversión.
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