La Guardia Civil reclama nuevas diligencias en Portugal e Irlanda dentro del caso Hidrocarburos, que investiga un presunto fraude fiscal de 182,5 millones de euros. También rastrea operaciones con criptomonedas y una transferencia de 500 000 euros a Hong Kong.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que compruebe y, en su caso, ordene el bloqueo de alrededor de 70 cuentas bancarias en Portugal vinculadas presuntamente a la trama del llamado caso Hidrocarburos, en la que figura como investigado el empresario Víctor de Aldama.
Según un oficio de la UCO fechado el 9 de septiembre, los investigadores han identificado transferencias por 78 318 349 euros desde sociedades españolas relacionadas con la estructura investigada hacia empresas y cuentas situadas en Portugal. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación por un supuesto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos cuyo perjuicio fue cuantificado inicialmente por la Agencia Tributaria en 182,5 millones de euros.
La UCO quiere saber si Portugal llegó a bloquear el dinero
La petición parte de una circunstancia todavía no aclarada.
El juez Santiago Pedraz ya había solicitado en 2024 a las autoridades portuguesas el bloqueo de fondos relacionados con esta causa mediante una Orden Europea de Investigación. Sin embargo, según el último oficio policial, la UCO no tiene confirmación de que esa medida llegara a ejecutarse.
Los agentes piden ahora que Portugal informe del estado de aquellas cuentas y que, si los fondos continúan disponibles, se proceda a su inmovilización.
La medida pretende asegurar el dinero mientras continúa la reconstrucción del circuito financiero investigado.
Villafuel, en el centro de la investigación
La investigación sitúa a Villafuel SL como una de las principales sociedades del entramado.
La UCO sostiene que la empresa habría operado mediante sociedades interpuestas dentro de un esquema diseñado presuntamente para eludir el pago del IVA correspondiente a operaciones con hidrocarburos.
La Audiencia Nacional ya recogía en su memoria de 2024 que el Juzgado Central de Instrucción investigaba una organización por un fraude tributario superior a 182 millones de euros y que en esa causa fueron investigados, entre otros, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
Los hechos continúan bajo investigación y las responsabilidades individuales deberán determinarse judicialmente.
Más de 36 millones salieron de Villafuel hacia Portugal
El informe policial desglosa varias de las transferencias detectadas.
De los 78,3 millones de euros rastreados hacia Portugal, aproximadamente 36,4 millones procederían de Villafuel. Otros 14,4 millones habrían salido de OBAOIL 3000 y 10,7 millones de Salamanca Fuel Center.
La UCO también identifica transferencias atribuidas a Casmar Hidrocarburos, Espaeventos, Still Growing y Canary Islands Fuel Company.
Los investigadores sostienen que el dinero acababa en sociedades portuguesas, algunas de ellas sin una relación aparente con el negocio de los carburantes.
Aldama y Claudio Rivas, figuras centrales de la causa
La investigación sitúa a Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, propietario de Villafuel, en posiciones relevantes dentro del entramado empresarial investigado.
La causa analiza presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
En investigaciones anteriores relacionadas con esta misma trama, la UCO también examinó si Aldama y Rivas habrían tratado de obtener apoyos o influencias administrativas para la actividad de Villafuel, extremos que forman parte de diligencias judiciales y no pueden darse por probados sin sentencia.
Portugal aparece como pieza clave del supuesto blanqueo
Una de las hipótesis principales de los investigadores es que determinadas sociedades portuguesas habrían servido para canalizar, redistribuir y dificultar el rastreo del dinero.
Entre las mercantiles identificadas por la UCO figuran EF Iber Combustiveis, Atmosferaudaz Unipessoal, Cálculo Corrente, Letras y Contrastes, Palacios & Abadias, Labirinto de Bruma, Airosoásis y Aroundpages.
La UCO atribuye a estas operaciones una posible finalidad de blanqueo, aunque esa conclusión deberá ser valorada por el juez dentro del procedimiento.
Una sociedad estaba administrada por Aldama
Entre las empresas receptoras señaladas aparece Atmosferaudaz Unipessoal LDA, que según el informe policial estuvo administrada por Víctor de Aldama.
Otra de las sociedades, EF Iber Combustiveis, aparece vinculada inicialmente a Claudio Rivas.
Estos vínculos societarios son relevantes porque permiten a los investigadores reconstruir quién controlaba o administraba las compañías utilizadas en las transferencias.
El siguiente paso consiste en determinar el destino final de los fondos y si existieron beneficiarios reales diferentes de los titulares formales.
La UCO rastrea también criptomonedas
La investigación ha abierto además una vía relacionada con activos digitales.
Los agentes han detectado al menos 213 663 euros transferidos desde una sociedad portuguesa relacionada con la trama hacia la plataforma de criptomonedas Kraken.
La UCO solicita por ello una Orden Europea de Investigación a Irlanda para intentar identificar las cuentas beneficiarias y a sus titulares reales.
La existencia de una transferencia hacia una plataforma de criptomonedas no constituye por sí misma un delito, pero dentro de una investigación financiera puede ser relevante para reconstruir el recorrido de los fondos.
Medio millón de euros terminó en Hong Kong
Otra operación que ha llamado la atención de los investigadores es una transferencia de 500 000 euros.
El dinero salió de la sociedad portuguesa Diálogo Erudito LDA con destino a una empresa de Hong Kong denominada Jiahe Wanji Mining Limited.
La UCO considera que ese movimiento puede ser compatible con una estrategia de internacionalización y ocultación de fondos, aunque la finalidad concreta de la operación sigue siendo objeto de investigación.
Hay otros 14 millones cuyo origen continúa sin aclararse
El informe policial señala además movimientos por aproximadamente 14 millones de euros en cuentas portuguesas relacionadas con Villafuel cuyo origen no ha podido reconstruirse por completo.
La documentación remitida hasta ahora por Portugal no habría permitido determinar de dónde procedían esos fondos.
Esta incógnita explica parte de las nuevas diligencias solicitadas por la Guardia Civil.
Los investigadores intentan establecer tanto el origen como el destino de cada transferencia y determinar si existieron testaferros o sociedades instrumentales.
La Fiscalía Europea ya había detectado otra ruta hacia Portugal
La dimensión portuguesa del caso no es nueva.
A comienzos de septiembre, la Fiscalía Europea situó a Aldama en otra investigación relacionada con una red que habría desviado 27,9 millones de euros hacia Portugal entre 2022 y 2024 con una posible finalidad de blanqueo.
Esa cifra y los 78,3 millones ahora rastreados por la UCO proceden de informes y líneas de investigación diferentes, por lo que no deben sumarse automáticamente como si fueran cantidades independientes.
El caso Hidrocarburos se ha ido ampliando desde 2024
La operación policial que destapó la estructura se produjo en octubre de 2024.
Desde entonces, el análisis de documentación, dispositivos electrónicos, cuentas y sociedades ha permitido abrir nuevas líneas financieras tanto en España como en otros países.
La propia Audiencia Nacional ha tenido que reforzar sus órganos de instrucción por el volumen y complejidad de las causas relacionadas con fraudes de IVA en el sector de los hidrocarburos.
Una causa distinta del caso Koldo, aunque Aldama aparece en ambas
Víctor de Aldama también ha tenido un papel destacado en el denominado caso Koldo, pero ambas investigaciones deben diferenciarse.
El caso Hidrocarburos se centra en un presunto fraude fiscal y posibles operaciones de blanqueo vinculadas al sector energético.
El caso Koldo analiza, entre otros hechos, presuntas comisiones y adjudicaciones públicas.
Que una misma persona aparezca en procedimientos diferentes no convierte automáticamente las distintas causas en una única trama.
La investigación sigue abierta
La UCO considera que todavía falta por reconstruir una parte relevante del recorrido internacional del dinero.
Por ese motivo reclama nuevas diligencias en Portugal e Irlanda, así como información bancaria, societaria y relativa a plataformas de criptomonedas.
El objetivo es identificar a los beneficiarios finales, determinar si hubo testaferros y asegurar los fondos que eventualmente puedan estar vinculados al presunto fraude.
Aldama y el resto de investigados mantienen su presunción de inocencia respecto de los hechos que todavía no hayan sido juzgados mediante sentencia firme.
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