La familia llevaba 11 años en una vivienda de Cerdanyola y el Ayuntamiento había pedido aplazar el lanzamiento tras conocer que disponía de una alternativa habitacional.
A primera hora de este martes 29 de septiembre, una familia vulnerable del barrio de Cerdanyola, en Mataró (Barcelona), ha sido desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía 11 años. En el domicilio vivían una persona con un 87% de discapacidad, su hermana y los tres hijos menores de esta.
El lanzamiento se ha producido pese a que el Ayuntamiento de Mataró había solicitado al juzgado un aplazamiento después de que la familia comunicara a los servicios municipales que había encontrado una vivienda alternativa y necesitaba tiempo para realizar el traslado.
El caso se produce, además, mientras el Gobierno negocia nuevas medidas para reforzar la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
Un desahucio ejecutado a primera hora en Cerdanyola
El lanzamiento estaba señalado para las 7:00 horas en una vivienda del barrio de Cerdanyola.
Según la información publicada por fuentes locales, la familia llevaba 11 años viviendo de alquiler en el inmueble. El domicilio estaba ocupado por un hombre con una discapacidad reconocida del 87%, su hermana, que es madre de tres hijos, y los menores.
El desahucio terminó ejecutándose alrededor de las 6:30 horas, con presencia de los Mossos d’Esquadra, según El País. Un grupo de alrededor de 60 personas vinculadas al movimiento de vivienda se concentró para intentar impedir el lanzamiento.
La intervención policial permitió llevar a cabo la resolución judicial.
El episodio ha generado críticas por producirse precisamente cuando las administraciones están negociando nuevas medidas para evitar que determinados hogares vulnerables terminen en la calle.
El Ayuntamiento pidió tiempo al juzgado
Uno de los elementos más relevantes del caso es que el consistorio de Mataró había solicitado formalmente aplazar el desahucio.
La razón esgrimida por el Ayuntamiento era que la familia había encontrado una vivienda alternativa y necesitaba disponer de un margen temporal para efectuar la mudanza. La petición se realizó antes del lanzamiento y la familia permanecía pendiente de la decisión judicial.
Finalmente, el lanzamiento se llevó a cabo.
La situación pone de manifiesto la tensión existente entre la ejecución de una resolución judicial y la necesidad de las administraciones de encontrar una solución residencial para hogares considerados vulnerables.
Quién vivía en el piso
La familia afectada estaba integrada por:
- Una persona con un 87% de discapacidad.
- Su hermana, madre de tres hijos.
- Tres menores.
- Un hogar que llevaba 11 años residiendo en la vivienda.
El Sindicato de Vivienda de Mataró había denunciado públicamente el caso antes del lanzamiento y había convocado movilizaciones para intentar detenerlo. Según el colectivo, la propiedad correspondía a Investmar S.L., una empresa con sede en Mataró que considera un gran tenedor.
Esta última condición es una afirmación procedente del movimiento de vivienda y debe distinguirse de los hechos acreditados en la resolución judicial.
La vivienda, en el centro de una disputa social y política
El caso de Mataró se produce en un momento especialmente sensible para la política de vivienda.
El Gobierno está negociando un nuevo paquete de medidas destinado a reforzar la protección frente a determinados desahucios. Precisamente por eso, el lanzamiento ha sido utilizado por las organizaciones sociales para reclamar cambios en la legislación.
El Sindicato de Vivienda de Mataró sostiene que una nueva regulación estatal podría haber evitado este caso concreto. Se trata, no obstante, de una valoración del colectivo, no de una conclusión judicial sobre la aplicación de una futura norma.
La discusión enfrenta dos cuestiones diferentes: por un lado, la ejecución de las resoluciones judiciales y, por otro, la obligación de las administraciones públicas de atender las situaciones de vulnerabilidad residencial.
Una alternativa habitacional que llegó antes del lanzamiento
El elemento que ha provocado mayor controversia es que, según el Ayuntamiento, la familia había comunicado que disponía de otra vivienda.
El consistorio pidió que se concediera un margen para que pudiera abandonar el inmueble de forma ordenada y trasladarse a ese nuevo alojamiento.
La petición no evitó finalmente el lanzamiento.
Este hecho explica parte de las críticas posteriores: el conflicto no se planteaba únicamente como una búsqueda de alojamiento para una familia que carecía de alternativa, sino también como una petición de tiempo para ejecutar un traslado a otra vivienda, según la versión facilitada por el Ayuntamiento.
El conflicto por la vivienda vuelve a Cerdanyola
El episodio no es aislado en el barrio.
Cerdanyola, uno de los barrios más poblados de Mataró, ya fue escenario en junio de 2026 de otro desahucio que terminó provocando enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d’Esquadra. En aquel caso fueron detenidos varios menores y se produjeron incidentes y daños en el mobiliario urbano.
Aquella jornada comenzó con una concentración para intentar impedir el desalojo de otra familia y terminó con un dispositivo policial y nuevos disturbios durante la noche.
La Asociación de Vecinos de Cerdanyola expresó posteriormente su preocupación por la situación habitacional del barrio, pero también condenó los altercados y advirtió sobre el deterioro de la convivencia.
El nuevo lanzamiento vuelve a colocar al barrio en el centro del debate sobre vivienda, vulnerabilidad y desahucios.
El papel de los servicios sociales
La intervención de los servicios municipales constituye otro de los elementos relevantes.
En este caso, la familia estaba siendo seguida por los servicios sociales municipales, según las informaciones difundidas antes del lanzamiento. El Ayuntamiento trató de conseguir un aplazamiento después de conocer la existencia de una alternativa residencial.
El debate sobre los desahucios de hogares vulnerables no depende únicamente de la legislación estatal. También intervienen los ayuntamientos, los servicios sociales, los juzgados y los propietarios, cada uno con competencias y obligaciones diferentes.
Por ello, atribuir un caso concreto exclusivamente a una de estas partes puede ocultar la complejidad del procedimiento.
Qué ocurre ahora con la familia
El desahucio ya se ha ejecutado, por lo que la cuestión inmediata pasa a ser la situación residencial de los afectados.
El Ayuntamiento había comunicado que la familia disponía de una vivienda alternativa, mientras que otras informaciones señalan que el consistorio había contemplado inicialmente soluciones temporales.
El caso vuelve a plantear una cuestión que afecta a numerosos procedimientos de lanzamiento: qué solución habitacional debe existir cuando una familia considerada vulnerable pierde su vivienda habitual.
La respuesta depende del caso concreto, de la resolución judicial, de las circunstancias económicas y familiares y de los recursos disponibles por parte de las administraciones.
Un debate que va más allá de un solo desahucio
El lanzamiento de esta familia en Mataró vuelve a abrir una discusión que lleva años presente en España.
La cuestión no se reduce a enfrentar a propietarios y familias vulnerables. También intervienen la escasez de vivienda asequible, los precios del alquiler, la capacidad de los servicios sociales, la disponibilidad de vivienda pública y los límites de las medidas de protección frente a los lanzamientos.
El caso de Cerdanyola incorpora además una circunstancia especialmente sensible: la presencia de una persona con una discapacidad reconocida del 87% y tres menores en el hogar.
La controversia queda ahora sobre la mesa: cómo garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad dispongan de una alternativa residencial sin convertir la protección social en un conflicto permanente con las resoluciones judiciales y los derechos de los propietarios.
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