Los sindicatos policiales aseguran que los agentes desplazados afrontan alojamientos deficientes y jornadas prolongadas, mientras las asociaciones militares cuestionan también sus medios de protección.
Dos meses después de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, el dispositivo extraordinario de seguridad continúa activo. Y, junto a la presión sobre los servicios de acogida, crece otra denuncia: las condiciones en las que permanecen algunos policías y militares desplazados a la ciudad autónoma.
Los sindicatos policiales hablan de colchones deteriorados, alojamientos deficientes y jornadas prolongadas. Desde el ámbito militar, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado preocupación por los medios disponibles durante las patrullas y por la falta de instrucciones suficientemente claras sobre el empleo del material de defensa entregado a los efectivos.
Las condiciones de los policías desplazados a Ceuta
El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, ha vuelto a denunciar públicamente la situación de los policías desplazados a Ceuta.
Domínguez asegura que algunos agentes están durmiendo en colchones deteriorados y en condiciones que el sindicato considera inadecuadas. La organización compara esta situación con los recursos destinados a otros colectivos presentes en los dispositivos de acogida.
La denuncia no es nueva. Durante las últimas semanas, organizaciones policiales ya habían advertido sobre problemas de alojamiento, alimentación, descanso y duración de las jornadas.
Una investigación publicada por El Español el 11 de septiembre recogió fotografías del acuartelamiento Teniente Fuentes Pila y describió colchones deteriorados, almohadas con manchas, ventanas corroídas y literas envejecidas. La información atribuía esas denuncias a la Confederación Española de Policía (CEP).
La existencia de estas denuncias permite entender que el problema señalado por los sindicatos no se limita a una protesta puntual. Las organizaciones profesionales llevan semanas reclamando mejoras para los efectivos que permanecen en Ceuta.
Un despliegue policial que sigue siendo extraordinario
La dimensión del operativo explica también la presión sobre los recursos.
El Gobierno informó el 29 de septiembre de que había alrededor de 1 600 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta, a los que se añadieron 75 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) el 23 de septiembre.
El dispositivo se mantiene mientras continúan las labores de vigilancia, identificación, tramitación y retorno de las personas que llegaron durante la crisis.
La propia Administración ha reconocido el carácter extraordinario del despliegue. El Gobierno aprobó en septiembre un paquete de 309 millones de euros para afrontar las consecuencias de la crisis, con partidas destinadas a seguridad, acogida, servicios públicos y apoyo económico.
Dentro de ese paquete se incluyeron 90 millones de euros para seguridad, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil recibieron partidas específicas vinculadas al esfuerzo extraordinario realizado durante la crisis. Defensa recibió además 74 millones de euros relacionados con el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Más de 4 000 militares desplegados
La presión no afecta únicamente a los policías.
Según los últimos datos oficiales disponibles, a 29 de septiembre había 4 198 militares de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta. Desde el comienzo de la crisis habían realizado 8 550 patrullas de vigilancia y aproximadamente una veintena de transportes colectivos de migrantes junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El volumen de efectivos evidencia que la respuesta a la crisis ha requerido mantener durante semanas un dispositivo extraordinario.
El Ministerio de Defensa también había desplegado previamente medios de alojamiento para los efectivos. El Gobierno informó el 8 de septiembre de la disponibilidad de 645 literas, 792 colchones, 140 catres-litera y 18 carpas.
Estos datos oficiales muestran que se han habilitado recursos específicos, aunque no permiten por sí solos determinar si todos los alojamientos utilizados por policías y militares cumplen las condiciones denunciadas por sus organizaciones profesionales.
La denuncia de los militares: armas y gas pimienta
Los militares desplazados también han trasladado sus propias preocupaciones.
Según Antena 3, desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) aseguran que determinadas patrullas cuentan con una disponibilidad limitada de armamento y que Defensa habría proporcionado spray de gas pimienta como elemento adicional de protección.
El problema que plantea la asociación no es únicamente la disponibilidad del material.
ATME cuestiona que los efectivos hayan recibido suficiente información sobre las reglas de utilización, las coberturas legales y la protección jurídica que tendrían en caso de utilizarlo durante una intervención.
La organización sostiene que los militares realizan patrullas ordinarias y permanecen en puestos estáticos sin tener suficientemente delimitados los límites de sus intervenciones físicas.
Se trata de una reivindicación sindical y asociativa, no de una conclusión oficial del Ministerio de Defensa. Para valorar el alcance real de la denuncia sería necesario conocer las instrucciones operativas y jurídicas entregadas formalmente a los efectivos.
La crisis de Ceuta mantiene un dispositivo excepcional
La situación actual es consecuencia de la entrada masiva producida a finales de julio.
El Gobierno ha señalado oficialmente que los días 30 y 31 de julio se produjo una llegada extraordinaria de personas desde Marruecos y que la prioridad posterior fue establecer espacios de acogida, identificar a quienes habían entrado y tramitar los procedimientos correspondientes.
La magnitud de la respuesta ha obligado a habilitar miles de plazas adicionales.
A comienzos de septiembre, el Gobierno explicó que Ceuta disponía inicialmente de unas 500-600 plazas en el CETI y que posteriormente se habían habilitado más de 3 400 plazas adicionales en otros espacios.
El 15 de septiembre ya había 4 160 personas en plazas temporales sometidas a procesos de triaje y filiación, y el Ejecutivo anunció la ampliación del dispositivo hasta aproximadamente 6 000 plazas.
La crisis, por tanto, ha obligado a mantener durante semanas una infraestructura excepcional que afecta a policías, militares, personal sanitario, funcionarios y trabajadores de los dispositivos de acogida.
Un esfuerzo operativo prolongado
La duración del dispositivo es uno de los elementos centrales de las quejas de las organizaciones profesionales.
Una cosa es afrontar un refuerzo durante varios días y otra mantener miles de efectivos movilizados durante semanas. En el caso de Ceuta, el operativo ha requerido sucesivas rotaciones, alojamiento, alimentación, transporte y medios de protección.
El Gobierno ha ido ampliando los recursos destinados a la respuesta. El 8 de septiembre, por ejemplo, comunicó que también se habían reforzado los servicios judiciales, sanitarios y administrativos relacionados con la crisis.
La Administración sostiene que el objetivo es recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad.
Pero mientras continúe el dispositivo extraordinario, la calidad de las condiciones de trabajo de los agentes seguirá siendo una cuestión relevante, especialmente cuando son las propias organizaciones profesionales las que advierten de problemas de alojamiento y descanso.
El precedente de las denuncias de agosto y septiembre
Las quejas actuales no han surgido de repente.
En agosto, JUPOL ya denunció condiciones que calificó de “deplorables y tercermundistas”, incluyendo problemas de alojamiento, jornadas prolongadas, alimentación y falta de determinados medios. También se produjeron denuncias relacionadas con posibles problemas de higiene y contagios entre los efectivos, aunque estas afirmaciones deben atribuirse a las organizaciones que las realizaron.
En septiembre, las denuncias volvieron a aparecer vinculadas al acuartelamiento Teniente Fuentes Pila.
La continuidad de las reclamaciones plantea una cuestión concreta: si las medidas adoptadas durante las semanas posteriores a la crisis han resuelto realmente los problemas de alojamiento denunciados por los agentes.
Hasta ahora, los datos oficiales acreditan un importante despliegue de medios y efectivos, pero no ofrecen una auditoría pública completa sobre el estado de todos los alojamientos utilizados por policías y militares.
El Gobierno reconoce el carácter extraordinario del operativo
El Ejecutivo ha defendido desde el comienzo de la crisis que la respuesta requería una movilización extraordinaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó el 31 de julio que se habían incrementado los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta y que el despliegue de las Fuerzas Armadas pretendía garantizar la seguridad en la ciudad.
Posteriormente, el Gobierno amplió los recursos destinados a seguridad y acogida.
En septiembre también se hicieron públicos 40 informes, alertas y comunicaciones elaborados por organismos como Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS durante los días previos y posteriores a la entrada masiva. La publicación permite consultar la documentación institucional existente sobre la crisis.
Ese contexto resulta importante porque las condiciones de los agentes forman parte de un dispositivo mucho mayor, que todavía no se ha cerrado completamente.
¿Qué reclaman policías y militares?
Las denuncias de las organizaciones profesionales pueden resumirse en varios puntos:
- Mejoras en los alojamientos de los agentes desplazados.
- Sustitución de colchones y equipamiento deteriorado.
- Condiciones adecuadas de descanso ante jornadas prolongadas.
- Mayor claridad sobre los medios de protección disponibles.
- Instrucciones precisas sobre el empleo del gas pimienta por parte de los militares.
- Mayor seguridad jurídica para los efectivos durante sus intervenciones.
- Seguimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas de los alojamientos.
No todas estas reclamaciones tienen el mismo origen ni cuentan con una respuesta oficial pública específica. Por eso resulta necesario distinguir entre datos comprobados del despliegue, denuncias sindicales y valoraciones de las asociaciones profesionales.
Una pregunta pendiente: cuándo terminará el dispositivo
La cuestión de fondo es cuánto tiempo deberá mantenerse el despliegue extraordinario.
A finales de septiembre, el Gobierno seguía contabilizando miles de patrullas militares y mantenía un importante refuerzo de Policía Nacional. Al mismo tiempo, continuaban los procedimientos de triaje y retorno de personas llegadas durante la crisis.
La normalización de la situación permitirá previsiblemente reducir progresivamente el dispositivo.
Hasta entonces, policías y militares seguirán desempeñando una función esencial en Ceuta, y las condiciones materiales en las que desarrollan ese trabajo serán objeto de escrutinio por parte de sus sindicatos y asociaciones.
La denuncia de JUPOL y ATME introduce así un elemento adicional en una crisis que ya ha exigido una movilización excepcional de recursos públicos: garantizar que quienes participan en el dispositivo de seguridad dispongan también de unas condiciones de alojamiento, descanso y protección adecuadas.
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