Junts votará en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno y reclama a Pedro Sánchez que retire el principal paquete de medidas para negociar una nueva regulación. La decisión deja al Ejecutivo ante una votación decisiva en el Congreso.
Junts da el ‘no’ a los dos decretos de vivienda
La dirección de Junts per Catalunya acordó este jueves, 1 de octubre de 2026, rechazar los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Ejecutiva Nacional de la formación, que ordenó a su grupo parlamentario reclamar la retirada del Real Decreto-ley 26/2026 y pidió al Ejecutivo que prepare inmediatamente un nuevo texto. Si el Gobierno mantiene la votación prevista, Junts ha anunciado que sus diputados votarán en contra.
La formación catalana sostiene que varias de las medidas incluidas en el decreto pueden producir un efecto contrario al perseguido por el Gobierno. Según Junts, las restricciones podrían reducir la oferta de alquiler, elevar los precios y dificultar el acceso a la vivienda para los hogares con menor capacidad económica. Estas son, no obstante, valoraciones de la propia formación y no hechos acreditados por la mera existencia del decreto.
La votación está prevista para este viernes, 2 de octubre, en un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.
El partido de Puigdemont reclama retirar el decreto
Junts no se ha limitado a anunciar su voto contrario. La formación de Carles Puigdemont ha planteado al Gobierno una alternativa: retirar el actual Real Decreto-ley 26/2026 y elaborar otro texto que, a juicio del partido, permita revertir el deterioro que atribuye al mercado de la vivienda.
La formación asegura que, si el Ejecutivo presenta un nuevo decreto con las modificaciones que reclama, estaría dispuesta a estudiarlo y eventualmente apoyarlo.
El planteamiento convierte la votación en algo más que un enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Junts deja abierta la puerta a negociar, pero condiciona su apoyo a una modificación sustancial de la norma.
Junts cuestiona el efecto de las medidas sobre el alquiler
Uno de los principales argumentos de Junts es que determinadas medidas pueden provocar una reducción de la oferta disponible.
Según la formación catalana, si parte de los propietarios decide sacar sus viviendas del mercado de alquiler y ponerlas a la venta, aumentaría la competencia entre los inquilinos por un número menor de pisos disponibles.
Junts sostiene que ese proceso podría terminar perjudicando especialmente a las familias de clase media y trabajadora, al considerar que una parte de las viviendas que abandonen el mercado del alquiler no serían accesibles para estos compradores.
La formación también sostiene que las medidas podrían favorecer indirectamente a compradores con mayor capacidad económica. Se trata de una interpretación política y económica defendida por Junts, que deberá contrastarse con los efectos reales que tengan las normas si llegan a aplicarse de forma prolongada.
El papel de los fondos de inversión y los desahucios
Otro de los argumentos empleados por Junts afecta a los denominados fondos buitre.
El partido considera que el decreto no impide suficientemente que estas entidades adquieran viviendas y sostiene que tampoco ofrece una solución adecuada para los casos de inquilinos vulnerables.
En particular, Junts reclama garantías sobre la financiación pública de las medidas de protección. Su crítica es que no basta con impedir determinados procedimientos si las administraciones no garantizan posteriormente los recursos necesarios para hacer efectiva esa protección.
El Gobierno mantiene una interpretación distinta y defiende los decretos como una respuesta a la emergencia habitacional y a la necesidad de reforzar la protección de los inquilinos vulnerables. Pedro Sánchez ha presentado públicamente las medidas como instrumentos para facilitar el acceso a la vivienda, fomentar el alquiler asequible y combatir la especulación.
La polémica por el llamado ‘caso Maricarmen’
Los decretos llegan al Congreso después de la enorme repercusión política y social del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid desencadenó movilizaciones y volvió a colocar la vivienda en el centro del debate político.
El Gobierno vinculó la respuesta legislativa a la presión social generada por este caso. Los dos decretos incorporan distintas medidas relacionadas con la protección de los inquilinos, la duración de los contratos y el mercado del alquiler.
La controversia ha provocado además movilizaciones en Madrid y otras ciudades.
El Ejecutivo considera que el rechazo de los decretos supone bloquear una respuesta inmediata a estos problemas. Junts, por el contrario, argumenta que algunas de las soluciones planteadas pueden generar efectos contraproducentes sobre la oferta de vivienda.
El segundo decreto ya llegaba sin apoyos suficientes
La situación parlamentaria de las dos normas no es idéntica.
El segundo decreto ya contaba con dificultades para alcanzar una mayoría suficiente antes incluso de la decisión definitiva de Junts. El texto establece, entre otras cuestiones, una compensación al inquilino en determinados supuestos relacionados con la no renovación del contrato.
El primer decreto tenía inicialmente un escenario parlamentario más favorable, pero necesitaba mantener el respaldo de Junts para superar la votación.
La negativa de la formación catalana cambia sustancialmente ese escenario.
El Gobierno mantiene la votación pese al rechazo de Junts
Después de conocer la decisión de Junts, el Ejecutivo optó por no retirar los decretos y mantener el Pleno extraordinario.
La decisión abre una votación de alto riesgo parlamentario para Sánchez. El Gobierno cuenta con el respaldo de sus socios habituales de la izquierda, pero necesita sumar apoyos adicionales debido a su composición parlamentaria.
Reuters informó de que el Ejecutivo dispone de 147 escaños y necesita apoyos de otras formaciones para aprobar sus iniciativas en el Congreso. Junts cuenta con siete diputados, suficientes para resultar determinantes en votaciones ajustadas.
La posición del PNV también es relevante: según la información publicada antes de la votación, la formación vasca respaldaría el primer decreto, pero no el segundo.
Sánchez eleva la presión sobre Junts, PP y Vox
Tras conocer la decisión de Junts, Pedro Sánchez trasladó públicamente la responsabilidad a los grupos que previsiblemente rechazarán las normas.
El presidente del Gobierno ha defendido que los decretos son necesarios para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar alquileres asequibles y proteger a personas vulnerables frente a los desahucios. También ha reclamado a PP, Vox y Junts que expliquen su posición ante la votación.
El Gobierno mantiene así el pulso parlamentario pese a saber que la oposición de Junts dificulta seriamente la aprobación.
Para Junts, la solución pasa por retirar los textos y negociar una nueva propuesta. Para el Ejecutivo, la prioridad es mantener las medidas que considera necesarias para responder a la crisis de vivienda.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La votación del Congreso determinará el futuro inmediato de los dos decretos.
Los escenarios principales son:
- Convalidación: los decretos seguirían vigentes como normas con rango de ley.
- Derogación: las medidas quedarían sin efecto conforme al procedimiento previsto para los reales decretos-ley.
- Nueva negociación: una derrota podría abrir la puerta a que el Gobierno intente negociar posteriormente un nuevo texto con Junts y otros grupos.
La decisión de Junts no supone por sí misma una ruptura formal de todas sus relaciones parlamentarias con el Gobierno. Lo que sí demuestra es que la vivienda se ha convertido en otro importante punto de fricción entre Sánchez y uno de los partidos cuyos votos pueden resultar decisivos en el Congreso.
Una batalla política que va más allá de dos decretos
El enfrentamiento refleja dos concepciones diferentes sobre cómo abordar el problema de la vivienda.
El Gobierno apuesta por ampliar la protección de los inquilinos mediante regulación, prórrogas contractuales y medidas contra determinados desahucios, mientras que Junts cuestiona que esas herramientas solucionen el problema estructural de la oferta.
La formación catalana sostiene que las restricciones pueden provocar que determinados propietarios abandonen el alquiler. El Ejecutivo sostiene que sus medidas protegen a los ciudadanos frente a una situación de emergencia habitacional.
Ambas posiciones deberán contrastarse con los efectos concretos que produzcan las normas y con la evolución de variables como la oferta de alquiler, los precios, la construcción de vivienda y el acceso de los hogares a una vivienda habitual.
Por ahora, el dato político es inequívoco: Junts ha decidido votar contra los dos decretos de vivienda de Sánchez y exige al Gobierno que empiece de nuevo la negociación.
La votación del Congreso determinará si el Ejecutivo consigue mantener su paquete legislativo o debe afrontar una nueva negociación parlamentaria sobre la vivienda.
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