El Constitucional avala la aplicación de la amnistía a la malversación del procés y el Supremo levanta la orden de detención nacional contra Puigdemont.
El escenario político y judicial del procés cambia de forma sustancial. El Tribunal Constitucional ha amparado a Dolors Bassa frente a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación, una resolución que abre la vía para aplicar el mismo criterio a otros dirigentes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont.
Horas después del fallo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena levantó la orden nacional de detención contra Puigdemont, así como contra los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig. De este modo, el expresidente catalán puede regresar a España sin quedar sujeto a esa orden nacional, aunque la plena aplicación de la amnistía a su caso requiere todavía las actuaciones judiciales correspondientes.
El propio Puigdemont reaccionó desde Waterloo celebrando la resolución como una derrota de lo que calificó como una estrategia de los poderes públicos españoles para retrasar la aplicación de la amnistía. También dejó claro que no considera cerrado el conflicto político entre Cataluña y España y evitó concretar cuándo regresará.
El Constitucional avala la amnistía para la malversación
La decisión adoptada este martes por el Tribunal Constitucional afecta directamente al recurso de amparo presentado por Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la Generalitat y condenada por el Tribunal Supremo en la causa del procés.
El Constitucional ha estimado su recurso contra las resoluciones del Supremo que habían rechazado aplicar la Ley Orgánica de Amnistía al delito de malversación. La resolución figura oficialmente entre las decisiones adoptadas por el Pleno del tribunal el 6 de octubre de 2026.
El conflicto jurídico se encontraba precisamente en determinar si la malversación cometida en el contexto del procés quedaba dentro del ámbito de la ley o si concurrían las excepciones previstas en ella.
El Tribunal Supremo había mantenido que la amnistía no podía aplicarse en determinados casos porque consideraba que concurría un beneficio patrimonial personal, una de las circunstancias que la propia ley excluye de su ámbito.
El Constitucional ha establecido ahora un criterio distinto para el caso analizado, con consecuencias para otros procedimientos relacionados con la malversación del procés.
La decisión afecta directamente a Carles Puigdemont
Aunque la sentencia del Constitucional se refiere formalmente al recurso de Dolors Bassa, sus efectos jurídicos resultan relevantes para otros dirigentes independentistas cuya situación estaba pendiente de la aplicación de la misma norma.
Entre ellos se encuentra Carles Puigdemont, acusado de malversación en la causa del procés.
Puigdemont permanecía fuera de España desde 2017 y tenía pendiente una orden nacional de detención. El mantenimiento de esa orden estaba vinculado precisamente a la decisión de no aplicar la amnistía a la malversación.
El cambio de criterio del Constitucional desencadenó la actuación del instructor del Supremo.
La consecuencia inmediata fue el levantamiento de la orden nacional de detención, lo que elimina el principal obstáculo judicial para que Puigdemont pueda regresar físicamente a España.
Nueve años después, Puigdemont puede regresar
Puigdemont abandonó España después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017.
Desde entonces ha permanecido principalmente en Bélgica y ha desarrollado allí su actividad política mientras continuaba la causa judicial española.
El Tribunal Supremo había dictado órdenes de detención contra él y otros dirigentes independentistas huidos. En 2019, tras la sentencia del procés, el Poder Judicial informó de la emisión de una nueva orden europea e internacional de detención contra Puigdemont.
La situación jurídica experimentó distintos cambios durante los años siguientes, pero la cuestión de la malversación continuó siendo uno de los principales obstáculos para su regreso.
En 2024, el juez Pablo Llarena había confirmado la decisión de no aplicar la amnistía a Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig por este delito. El argumento se encontraba relacionado con las excepciones previstas en la Ley de Amnistía.
La resolución del Constitucional de octubre de 2026 modifica ese escenario.
Puigdemont celebra la decisión desde Waterloo
El líder de Junts compareció desde Waterloo después de conocer la decisión.
Su discurso estuvo lejos de presentar la amnistía como el punto final del conflicto.
Puigdemont sostuvo que la amnistía constituye solamente una parte de una eventual solución política y afirmó que «hoy no se soluciona nada» del conflicto entre Cataluña y España.
También reivindicó la estrategia seguida durante sus años fuera de España.
Según su propio relato, su marcha a Bélgica no respondió a una estrategia personal para evitar las consecuencias judiciales, sino a una decisión política destinada, según él, a defender las instituciones catalanas y sus derechos.
Puigdemont aseguró además que su eventual regreso tendrá «sentido político» y no responderá únicamente a una cuestión personal.
No obstante, no anunció una fecha concreta para regresar a España.
Puigdemont acusa a los poderes públicos españoles
Durante su intervención, el dirigente de Junts calificó la resolución del Constitucional como una «derrota» de los poderes públicos españoles que, según su interpretación, habían impedido o retrasado la aplicación de la amnistía.
Puigdemont también atribuyó a razones políticas la resistencia a aplicar la norma y sostuvo que durante los últimos nueve años se produjo una utilización de los poderes judiciales para abordar un conflicto que, a su juicio, debía resolverse en el terreno político.
Estas afirmaciones forman parte de la interpretación política del propio Puigdemont y no constituyen la descripción neutral del contenido de la sentencia.
El fallo del Constitucional se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía y al recurso de amparo de Bassa frente a determinadas decisiones judiciales.
El Supremo había defendido una interpretación diferente
La controversia no surge de la nada.
En 2024, el instructor del procés en el Tribunal Supremo consideró que la malversación atribuida a Puigdemont, Comín y Lluís Puig no podía quedar amnistiada porque entendía que concurrían las excepciones previstas en la ley.
En aquella resolución, el juez sostuvo que los hechos vinculados al referéndum del 1 de octubre habían supuesto gastos imputados al presupuesto de la Generalitat y analizó la posible existencia de un beneficio patrimonial personal y la afectación de los intereses financieros de la Unión Europea.
Aquella interpretación situó al Supremo y al Constitucional ante una de las cuestiones jurídicas más controvertidas de la aplicación de la amnistía.
Ahora, el Constitucional ha fijado un criterio que permite desbloquear la situación.
La controversia sobre la separación de poderes
La decisión vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión especialmente delicada: hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional al revisar la interpretación realizada por el Tribunal Supremo.
El Constitucional ejerce funciones de garantía constitucional y resuelve recursos de amparo cuando considera que pueden haberse vulnerado derechos fundamentales.
El Supremo, por su parte, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales.
La controversia jurídica de fondo ha girado en torno a cómo interpretar la Ley de Amnistía y, en particular, las excepciones establecidas para determinados supuestos de malversación.
El Constitucional ha concluido ahora que la negativa a aplicar la amnistía en el caso de Bassa vulneró sus derechos en los términos recogidos en su resolución.
La sentencia tiene además una consecuencia práctica que trasciende el caso individual.
El regreso de Puigdemont vuelve al tablero político
La decisión llega en un momento especialmente sensible para la política española.
España tiene convocadas elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, después del adelanto electoral anunciado esta misma semana.
En este contexto, la posibilidad de que Puigdemont regrese al país añade un elemento de enorme relevancia a la campaña electoral.
El PP ha interpretado la situación como el desenlace de los acuerdos políticos que permitieron sacar adelante la Ley de Amnistía. Desde esta formación, Alberto Núñez Feijóo ha criticado la medida y la vincula políticamente con Pedro Sánchez y los acuerdos mantenidos con Junts.
Por el contrario, Junts y otras fuerzas independentistas han celebrado la decisión del Constitucional y consideran que permite corregir lo que califican como una situación de excepcionalidad para sus dirigentes.
Son, por tanto, interpretaciones políticas enfrentadas sobre un mismo hecho jurídico.
También cambia la situación de Toni Comín y Lluís Puig
Las consecuencias no se limitan a Puigdemont.
La resolución afecta igualmente al escenario judicial de Antoni Comín y Lluís Puig, ambos vinculados al procés y residentes fuera de España.
En el caso de Comín existe además una consecuencia política concreta: el aval de la amnistía abre la posibilidad de que pueda regresar a España para completar los trámites necesarios para asumir el escaño que obtuvo en las elecciones europeas de 2024.
Comín fue elegido eurodiputado, pero no llegó a tomar posesión formal del acta al no acudir a la Junta Electoral Central para cumplir los trámites exigidos.
La desaparición de la orden de detención cambia ahora ese escenario.
¿Cuándo regresará Puigdemont?
Es la gran incógnita después de la decisión del Constitucional.
Puigdemont no ha fijado una fecha de regreso.
Su abogado, Gonzalo Boye, había señalado que el expresidente catalán no volvería hasta que el Tribunal Supremo aplicara efectivamente la amnistía a su situación.
El levantamiento de la orden nacional de detención elimina ahora uno de los principales obstáculos.
Sin embargo, el procedimiento judicial todavía tiene que materializar los efectos de la sentencia del Constitucional en los distintos casos afectados.
Por eso, aunque políticamente la vuelta parece ahora mucho más cercana, no puede confundirse la posibilidad legal de regresar con un anuncio efectivo de regreso.
La amnistía entra en su fase decisiva
La resolución del Constitucional marca un nuevo capítulo en la aplicación de la Ley de Amnistía.
La norma entró en vigor el 11 de junio de 2024 y estableció un marco para extinguir determinadas responsabilidades penales, administrativas y contables relacionadas con el proceso independentista catalán. El propio Constitucional recuerda que se trata de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
La discusión sobre su constitucionalidad ya había sido una de las grandes batallas jurídicas de la legislatura.
Ahora el debate se desplaza hacia otro terreno: cómo deben aplicar los tribunales sus efectos concretos.
La sentencia sobre Bassa proporciona una referencia especialmente relevante para los casos de malversación.
Una decisión con consecuencias políticas y jurídicas
El caso Puigdemont vuelve a demostrar hasta qué punto el procés continúa teniendo consecuencias sobre la política española casi una década después de los acontecimientos de 2017.
La decisión del Constitucional no supone por sí misma una resolución política del conflicto territorial.
De hecho, el propio Puigdemont ha insistido en que la amnistía no resuelve el conflicto político entre Cataluña y España.
Tampoco supone que todas las posiciones políticas sobre la independencia hayan desaparecido.
Lo que cambia de manera inmediata es el escenario judicial de los principales dirigentes independentistas que permanecían fuera de España por las órdenes vinculadas a la malversación.
Carles Puigdemont ya no tiene la orden nacional de detención que durante años condicionó su eventual regreso.
Ahora comienza otra etapa: la de determinar cómo se ejecutan las consecuencias de la sentencia y qué impacto tendrá el regreso del expresidente catalán en una España que se dirige a las urnas el 29 de noviembre.
El desenlace judicial puede haber llegado, pero el debate político sobre la amnistía, el procés y el encaje territorial de Cataluña está lejos de haber terminado.
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