La magistrada que investigó a David Sánchez relata presuntos seguimientos, preguntas sobre sus hijas y maniobras para desacreditarla en el marco del caso Leire Díez.
Por la Redacción de El Vértice
Publicado el 9 de octubre de 2026 · Actualizado el 9 de octubre de 2026
Beatriz Biedma detalla ante el juez Pedraz los episodios que denuncia
La jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, compareció el jueves 8 de octubre ante la Audiencia Nacional para declarar como perjudicada en la investigación sobre las presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Ejecutivo.
Su declaración, que se prolongó durante más de una hora, ha adquirido relevancia por los episodios que describió ante el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Según la información publicada por Libertad Digital, las fuentes jurídicas presentes en la sala destacaron el nivel de detalle de sus respuestas y la firmeza con la que expuso los hechos.
«Es una mujer muy recia, ha estado magnífica», afirmó una de las fuentes consultadas por el periódico. La valoración corresponde a una persona presente en la declaración y no constituye una conclusión judicial sobre la veracidad de todos los hechos denunciados.
El testimonio de Biedma se incorpora a una investigación que examina posibles actuaciones para desacreditar, presionar o interferir en la labor de personas relacionadas con causas judiciales sensibles. La cuestión central es determinar quién participó en esas actuaciones, qué alcance tuvieron y si pueden atribuirse responsabilidades penales a los investigados.
Una persona se habría hecho pasar por su hermano para preguntar por sus hijas
Uno de los episodios más delicados relatados por Biedma afecta a su entorno familiar. Según la información difundida por Libertad Digital y la agencia EFE, la magistrada explicó que recibió noticias de que personas desconocidas preguntaban por ella y de que alguien se había presentado en el colegio de sus hijas haciéndose pasar por su hermano o por alguien de su entorno profesional.
La jueza habría aclarado que no tiene ningún hermano varón, circunstancia que hizo especialmente llamativo el episodio que relató ante el tribunal.
La información de EFE añade que Biedma describió la angustia que sintió al percibir que tanto ella como sus hijas podían estar siendo vigiladas. No obstante, también señaló que desconoce si Leire Díez estaba directamente detrás de los seguimientos que denunció.
Esta precisión resulta esencial para entender el alcance de su testimonio. La magistrada ha descrito hechos que considera preocupantes, pero la atribución de esos episodios a personas concretas requiere pruebas y una valoración judicial.
El uso de identidades falsas para obtener información sobre la familia de una jueza, si se acredita, plantearía un problema grave de seguridad personal y de respeto a la independencia judicial. Por ahora, corresponde a la investigación determinar las circunstancias de esos episodios y sus posibles responsables.
El caso David Sánchez y el origen de la controversia
La relevancia de la declaración de Biedma está relacionada con su intervención anterior en el procedimiento que afectó a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
La magistrada instruyó esa causa en Badajoz, un procedimiento que tuvo una importante repercusión política y mediática por la relación familiar del investigado con el presidente del Gobierno.
Según la información publicada por RTVE y otros medios, la investigación sobre las presuntas maniobras contra Biedma examina si determinadas personas intentaron obstaculizar procedimientos judiciales que podían afectar al PSOE o al entorno del Ejecutivo.
El caso plantea una distinción fundamental: investigar posibles irregularidades en una causa judicial es una función legítima de los órganos competentes; tratar de intimidar a una magistrada o desacreditarla mediante acusaciones falsas, si se demuestra, sería una cuestión de naturaleza completamente distinta.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá determinar si existió una estrategia coordinada, qué personas intervinieron y qué relación tuvieron los hechos con el procedimiento sobre David Sánchez.
La relevancia política de esa causa no permite dar por probada ninguna hipótesis sobre las motivaciones de los investigados. Las conclusiones deben basarse en documentos, testimonios y resoluciones judiciales.
La UCO recoge contactos con personas del entorno de un clan de Badajoz
Otro de los elementos relevantes del procedimiento procede de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según la información publicada por Libertad Digital, los investigadores recogieron contactos del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada con personas del entorno de un clan de la droga de Badajoz en relación con actuaciones dirigidas contra Biedma.
La información reproduce expresiones atribuidas al exmagistrado en las que se refería de forma despectiva a la jueza y utilizaba la frase «hay que eliminarla». El significado concreto de esas palabras, su contexto y la intención con la que se pronunciaron son cuestiones que deben analizarse en el marco de la investigación.
La existencia de esos contactos y el contenido atribuido a las conversaciones han elevado la preocupación sobre las posibles actuaciones contra la magistrada. Sin embargo, es necesario distinguir entre los elementos recogidos en un informe policial, las hipótesis de los investigadores y los hechos que finalmente puedan considerarse acreditados judicialmente.
La UCO también habría encontrado anotaciones manuscritas en la agenda de Leire Díez que, según los investigadores, podrían indicar que conocía algunas de esas actuaciones.
Este elemento es relevante para esclarecer el posible grado de conocimiento de las personas investigadas, pero no equivale por sí mismo a una resolución judicial que declare acreditada su participación en todos los hechos denunciados.
La investigación deberá establecer qué información conocía cada persona, cuándo la conoció y si existen pruebas suficientes para atribuirle una conducta delictiva.
Leire Díez y la presunta trama para obstaculizar investigaciones
La declaración de Biedma se enmarca en la causa conocida como caso Leire Díez, que investiga presuntas maniobras para interferir en procedimientos judiciales que podían afectar al PSOE o al Gobierno.
La exmilitante socialista Leire Díez es una de las figuras centrales de esta investigación. Entre las personas cuya actuación se examina figuran también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y otros investigados, según la información publicada por RTVE y EFE.
La hipótesis investigada apunta a una posible estrategia para obtener información, desacreditar a determinadas personas y dificultar procedimientos judiciales sensibles. La participación concreta de cada investigado debe establecerse individualmente.
El magistrado Santiago Pedraz admitió a Biedma como perjudicada, al menos en relación con las presuntas calumnias que se le habrían dirigido en redes sociales. Esa decisión procesal reconoce su posible condición de afectada en determinados hechos, pero no supone una declaración definitiva de culpabilidad contra quienes están siendo investigados.
La diferencia es importante: una persona puede incorporarse a un procedimiento como perjudicada para defender sus derechos y solicitar que se investiguen hechos que considera lesivos, sin que ello implique que todas las responsabilidades denunciadas estén ya acreditadas.
Las presiones que habría sufrido la Guardia Civil durante la investigación
La información publicada por Libertad Digital el 8 de octubre también recogió otro episodio expuesto por Biedma ante Pedraz: las presuntas presiones que habrían sufrido los agentes de la UCO durante la investigación sobre David Sánchez.
Según esa información, la magistrada explicó que pidió a los investigadores que no informaran a sus superiores de determinadas cuestiones relacionadas con el procedimiento, después de que los agentes le trasladaran que estaban recibiendo presiones y que se les solicitaban informes antes incluso de que estuvieran terminados.
El relato plantea preguntas sobre las garantías que deben proteger una investigación judicial y el trabajo de los agentes que elaboran informes para un juzgado.
Sin embargo, para valorar jurídicamente estos hechos es necesario conocer el contexto de las comunicaciones, quién habría realizado las solicitudes, con qué finalidad y si existieron instrucciones contrarias a las obligaciones legales de los investigadores.
La existencia de presiones no debe darse por demostrada en todos sus extremos únicamente a partir de un testimonio periodístico. Su alcance y sus posibles consecuencias dependerán de las pruebas incorporadas al procedimiento y de la valoración de las autoridades judiciales.
Más de 90 vídeos remitidos a la Audiencia Nacional
La investigación también ha incluido actuaciones documentales relacionadas con los ataques públicos contra Biedma.
Europa Press informó el 30 de septiembre de que la magistrada había remitido a Pedraz más de 90 vídeos de un canal de YouTube en el que, según su denuncia, se habían difundido ataques contra ella.
La remisión de ese material permite que los investigadores examinen las publicaciones, su contenido, las personas que pudieron intervenir y su posible relación con otros hechos investigados.
Para determinar si esos vídeos tienen relevancia penal, no basta con comprobar que contienen críticas a una jueza. Es necesario examinar su contenido concreto, el contexto en que se publicaron, la posible existencia de amenazas o calumnias y los demás requisitos que establezca la legislación aplicable.
La crítica a las resoluciones judiciales forma parte de la libertad de expresión. Las amenazas, el hostigamiento o las imputaciones falsas que puedan constituir delito, si se acreditan, son cuestiones diferentes.
Qué significa que Biedma declare como perjudicada
La condición procesal de perjudicada permite a una persona que considera que determinados hechos delictivos le han afectado intervenir en el procedimiento en los términos previstos por la ley.
En el caso de Biedma, su incorporación a la causa está relacionada con los indicios apreciados por Pedraz sobre posibles actuaciones dirigidas contra ella, especialmente en lo relativo a las presuntas calumnias.
Esta condición no significa que el juez haya declarado probada toda la trama denunciada. Tampoco equivale a una condena contra Leire Díez, Santos Cerdán u otras personas investigadas.
La investigación debe determinar si existieron delitos, quién pudo cometerlos y si las actuaciones guardan relación entre sí. A partir de ahí, el procedimiento podrá avanzar hacia las decisiones procesales que correspondan.
El respeto a estas garantías es indispensable tanto para proteger a una magistrada que denuncia posibles ataques como para preservar los derechos de las personas investigadas.
Independencia judicial: una cuestión que trasciende a los partidos
El caso Biedma vuelve a situar en el centro del debate la protección de la independencia judicial y la seguridad de quienes investigan procedimientos de especial sensibilidad política.
Si se acreditara que alguien trató de intimidar a una jueza, vigilar a sus familiares o desacreditarla mediante acusaciones falsas para influir en una investigación, la gravedad de esos hechos exigiría una respuesta conforme a la ley.
Pero la misma exigencia de rigor obliga a evitar conclusiones anticipadas sobre la responsabilidad de personas concretas. La presunción de inocencia no impide investigar hechos graves; exige que las responsabilidades se establezcan mediante pruebas y procedimientos con garantías.
La declaración de Biedma aporta información relevante sobre los episodios que afirma haber sufrido y sobre el contexto en el que se produjeron. Los informes policiales y la documentación incorporada a la causa ofrecen otras líneas de investigación que deberán ser examinadas por el juez.
El resultado dependerá de lo que pueda acreditarse y de las decisiones judiciales que se adopten.
La independencia judicial exige que ningún magistrado sea intimidado por investigar una causa, con independencia de las consecuencias políticas que pueda tener. El caso Biedma deberá esclarecerse con la misma exigencia de rigor que corresponde a cualquier procedimiento penal.
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