La empresa asegura que sus correos han sufrido accesos no autorizados, sus teléfonos han quedado inutilizados y sus oficinas están bajo vigilancia policial tras una oleada de hostigamiento.
Por la Redacción de El Vértice
Publicado el 9 de octubre de 2026
La muerte de Maricarmen desencadena una nueva oleada de ataques contra Urbagestión
La muerte de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha intensificado la polémica por el desahucio que sufrió en Madrid y ha abierto un nuevo frente de tensión alrededor de Urbagestión, la empresa vinculada a la propiedad de la vivienda en la que residió durante aproximadamente 70 años.
Según la información publicada por Libertad Digital, uno de los administradores de la compañía, Ricardo Alonso, denuncia que la empresa y sus trabajadores están sufriendo nuevas amenazas, ataques informáticos y actos de hostigamiento desde que se conoció el fallecimiento de la mujer, el miércoles 7 de octubre.
La compañía sostiene que los incidentes comenzaron a intensificarse a partir de las 20:30 horas del miércoles. Entre los hechos denunciados figuran accesos no autorizados a cuentas corporativas, intentos de suplantación de responsables de la empresa, saturación de las líneas telefónicas y llamamientos en redes sociales para acudir a sus oficinas.
La Policía habría intervenido para vigilar los accesos a las instalaciones después de que la empresa alertara de posibles concentraciones destinadas a hostigar a sus trabajadores.
El episodio plantea una cuestión que trasciende el conflicto inmobiliario: la indignación social por un desahucio no puede convertirse en una justificación para amenazar a personas o atacar los sistemas informáticos de una empresa. Las denuncias deberán investigarse y los hechos tendrán que acreditarse por los cauces correspondientes.
Correos intervenidos, teléfonos bloqueados y suplantaciones de identidad
El relato de Urbagestión describe una situación que, de confirmarse en los términos denunciados, podría afectar de forma directa a su actividad empresarial.
Ricardo Alonso explicó a Libertad Digital que se habrían producido accesos no autorizados a cuentas de correo desde las que se suplantaría a responsables de la compañía para solicitar información financiera. También denunció altas masivas no solicitadas de las direcciones corporativas en servicios de suscripción.
La empresa asegura que tuvo que suspender temporalmente su página web corporativa como medida de protección y que la saturación de las líneas telefónicas llegó a impedir el funcionamiento habitual de las comunicaciones.
Según Alonso, durante la jornada del fallecimiento de Maricarmen llegaron a recibir entre 30 y 40 mensajes por minuto. Al día siguiente, el volumen seguía siendo elevado, con alrededor de cinco mensajes por minuto, según las cifras facilitadas por el administrador.
Estos datos proceden de las declaraciones de la empresa y no de una auditoría técnica independiente publicada. Para determinar la naturaleza y el alcance de los incidentes informáticos sería necesario conocer los registros de acceso, los informes técnicos y las posibles diligencias policiales.
Si se acreditaran accesos ilícitos, suplantaciones o ataques destinados a inutilizar las comunicaciones, las autoridades tendrían que determinar qué conductas se produjeron, quiénes fueron sus responsables y qué consecuencias legales podrían derivarse.
La denuncia de Urbagestión ilustra, en cualquier caso, cómo una controversia social puede trasladarse desde las redes hasta los sistemas de comunicación y las instalaciones físicas de una compañía.
Llamamientos para acudir a las oficinas y vigilancia policial
La empresa también asegura haber detectado publicaciones en redes sociales que convocaban a acudir a sus oficinas con intención de hostigar o amenazar a sus responsables.
Ante esa situación, Urbagestión comunicó los hechos a la Policía. Según el administrador citado por Libertad Digital, los agentes comenzaron a vigilar los accesos a las instalaciones.
La compañía dispone de oficinas en Madrid y Valladolid. Precisamente en la sede vallisoletana se habría producido otro episodio que sus responsables interpretaron como un acto de señalamiento público.
Según la información publicada, varias personas dejaron en la entrada un pequeño altar con fotografías, velas y mensajes de condolencia por la muerte de Maricarmen. La Policía retiró posteriormente esos elementos.
La colocación de velas y mensajes de recuerdo no constituye por sí misma una amenaza. Su significado depende del contexto, de las circunstancias y de la existencia de otros comportamientos intimidatorios. La empresa sostiene que el episodio formaba parte de una campaña de hostigamiento, una interpretación que debe distinguirse de los hechos que puedan acreditarse.
El dato más relevante para la seguridad de los trabajadores es la denuncia de posibles amenazas y convocatorias dirigidas contra las instalaciones. Cualquier eventual delito deberá ser investigado sin confundir las expresiones legítimas de protesta con las conductas que puedan vulnerar la ley.
Anuncios falsos sobre el piso de Maricarmen
La polémica tampoco se ha limitado a las comunicaciones de la empresa. Urbagestión ha denunciado la aparición de anuncios falsos que simulaban ofrecer en alquiler o venta la vivienda en la que había residido Maricarmen, situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid.
La difusión de anuncios engañosos puede alimentar la confusión sobre la situación del inmueble y contribuir a dirigir nuevas críticas contra sus propietarios o gestores.
La compañía aseguró que estaba revisando si se habían difundido otras publicaciones falsas. No obstante, la información disponible no permite atribuir la autoría de esos anuncios a personas concretas ni establecer que todos los episodios denunciados formen parte de una única operación coordinada.
La verificación de las publicaciones, sus fechas, las cuentas desde las que se difundieron y los posibles datos utilizados para crearlas sería necesaria para esclarecer su origen.
En un entorno de fuerte polarización, la propagación de información falsa puede multiplicar las consecuencias de un conflicto y dificultar la distinción entre una denuncia legítima, una crítica pública y una campaña de intimidación.
El acuerdo para que Maricarmen regresara a su vivienda llegó demasiado tarde
El trasfondo de esta controversia es el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en el mismo piso de Madrid.
La mujer fue desalojada el 23 de septiembre de 2026, en una actuación que provocó una fuerte reacción social. Las imágenes del operativo, en el que tuvo que abandonar la vivienda en camilla, impulsaron las protestas y convirtieron su situación en uno de los casos más debatidos de la crisis de vivienda en España.
Maricarmen llevaba alrededor de siete décadas en el inmueble y se encontraba vinculada a un contrato de alquiler antiguo. La controversia surgió en torno a la finalización de ese contrato, la situación de la inquilina y las condiciones en las que se produjo el desalojo.
Según la versión de Urbagestión recogida por Libertad Digital, la empresa había trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para facilitar su regreso al piso después del desahucio.
El administrador sostuvo que ambas partes habían aceptado una solución que debía formalizarse mediante un contrato. La documentación estaba preparada y la firma estaba prevista para el jueves 8 de octubre, pero Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón el día anterior, antes de que pudiera completarse ese trámite.
La muerte de la mujer impidió que se materializara el regreso a la vivienda que se había planteado.
Este desenlace explica parte de la intensidad de la reacción pública, aunque no permite establecer por sí solo una relación causal entre el desahucio y el fallecimiento. Para determinar las circunstancias médicas de su muerte serían necesarias las conclusiones clínicas pertinentes.
Un conflicto inmobiliario convertido en símbolo político
El caso ha trascendido el ámbito de una disputa entre una inquilina y la empresa vinculada a la propiedad del inmueble. La situación de Maricarmen ha reavivado el debate sobre los contratos de renta antigua, la seguridad residencial de las personas mayores y los límites entre los derechos de los propietarios y la protección de los inquilinos vulnerables.
Por un lado, los defensores de una mayor protección frente a los desahucios sostienen que situaciones como esta evidencian la necesidad de reforzar las garantías para las personas que pueden quedarse sin hogar. Por otro, quienes reclaman seguridad jurídica para los propietarios advierten de que las obligaciones contractuales y las resoluciones judiciales también deben respetarse.
Ambas cuestiones requieren un examen que vaya más allá de las consignas políticas. El derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad están reconocidos en la Constitución española, aunque su alcance y su protección jurídica no son idénticos.
El artículo 47 de la Constitución establece el principio rector del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, cuya función social delimita su contenido conforme a las leyes.
La aplicación de estos principios a un caso concreto depende de la normativa vigente, del contrato, de las circunstancias de las partes y de las decisiones judiciales que correspondan.
La muerte de Maricarmen ha puesto de relieve la dimensión humana de estos conflictos. Pero también demuestra el riesgo de convertir una situación compleja en una confrontación en la que las personas afectadas, los trabajadores y las empresas pasan a ser objetivos de ataques personales.
¿Quién responde por las amenazas y los ataques informáticos?
La investigación de los incidentes denunciados por Urbagestión tendrá que separar las distintas conductas y comprobar si guardan relación entre sí.
Entre los aspectos que podrían resultar relevantes figuran:
- Los accesos a las cuentas corporativas: comprobar si fueron autorizados, desde dónde se produjeron y qué información se obtuvo.
- Las presuntas suplantaciones: determinar si alguien utilizó identidades o cuentas ajenas para solicitar información financiera.
- La saturación de las comunicaciones: establecer si existió una acción deliberada destinada a impedir el funcionamiento normal de los teléfonos.
- Las amenazas personales: verificar el contenido de los mensajes, sus destinatarios y la posible existencia de delitos.
- Las convocatorias ante las oficinas: examinar su contenido y contexto para distinguir la protesta legítima de una posible conducta intimidatoria.
- Los anuncios falsos: identificar a sus autores y comprobar si se utilizaron para engañar, hostigar o perjudicar a la empresa.
La existencia de una denuncia no demuestra automáticamente la comisión de todos los delitos que puedan alegarse. Será necesario comprobar cada episodio y determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades.
La protección de los trabajadores y la investigación de las amenazas son compatibles con el derecho de los ciudadanos a criticar a una empresa, expresar su indignación y reclamar cambios legales.
Las redes sociales y el riesgo de que la indignación derive en acoso
La rapidez con la que se han difundido las imágenes y las informaciones sobre Maricarmen ha convertido el caso en un ejemplo de la capacidad de las redes sociales para amplificar una controversia.
Las plataformas permiten organizar protestas, denunciar situaciones que se consideran injustas y exigir explicaciones a instituciones y empresas. También pueden facilitar la difusión de datos falsos, los ataques coordinados y la exposición de personas que terminan recibiendo amenazas por su relación con un conflicto.
La diferencia entre una campaña de protesta y una actuación ilícita no depende exclusivamente del número de participantes ni de la dureza de las críticas. Depende de las conductas concretas y de su adecuación a la legislación aplicable.
En este caso, la información publicada por Libertad Digital recoge denuncias de Urbagestión sobre ataques informáticos, comunicaciones masivas y amenazas. Su alcance definitivo deberá establecerse mediante la investigación correspondiente.
La respuesta no debería consistir en limitar de forma indiscriminada las críticas, sino en identificar las conductas que puedan ser ilegales y proteger a quienes resulten afectados.
Un debate que exige responsabilidades y garantías
El caso Maricarmen ha generado una reacción social comprensible ante la imagen de una mujer de edad avanzada que tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante décadas y que murió antes de formalizarse su posible regreso.
La respuesta pública también debe tener en cuenta las denuncias de Urbagestión sobre amenazas y ataques contra la empresa y sus trabajadores. La indignación por una situación social no exime del respeto a los derechos de terceros.
Al mismo tiempo, esclarecer los incidentes no resuelve por sí solo las preguntas sobre el desahucio, las alternativas que se estudiaron o la protección disponible para una persona mayor en circunstancias de vulnerabilidad.
Son dos planos distintos que requieren respuestas propias: la investigación de las amenazas y los ciberataques, por un lado, y el examen de las garantías residenciales y del procedimiento de desahucio, por otro.
La muerte de Maricarmen no debería convertirse en una excusa para intimidar a nadie ni en un motivo para cerrar el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda. La exigencia de responsabilidades debe apoyarse en hechos comprobables, procedimientos legales y respeto a los derechos de todas las personas implicadas.
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