Los documentos entregados por el exdirectivo Roberto Roselli recogen instrucciones sobre la contabilidad y el plan de viabilidad de la aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021.
Por la Redacción de El Vértice
Publicado el 9 de octubre de 2026
Los documentos de Plus Ultra vuelven a poner el foco en la SEPI
El caso Plus Ultra suma nuevos elementos documentales en una investigación que examina las circunstancias del rescate público de la aerolínea, aprobado en 2021 por un importe de 53 millones de euros. Los correos aportados por Roberto Roselli, antiguo consejero delegado de la compañía, recogen intercambios con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la preparación de la ayuda.
Según la información publicada por Libertad Digital el 9 de octubre, esos mensajes contienen instrucciones relativas a la denominación del fondo de rescate, la conciliación de determinadas partidas contables y la modificación de las previsiones de recuperación económica de Plus Ultra.
El periódico interpreta que la documentación podría comprometer a responsables del organismo público por su intervención en la preparación del expediente. Sin embargo, para establecer si existió una actuación irregular es necesario examinar los correos completos, su contexto administrativo y las decisiones que finalmente se adoptaron.
La cuestión fundamental es si las instrucciones de la SEPI respondían a controles técnicos legítimos o si pudieron utilizarse para alterar la presentación de información relevante para la concesión de la ayuda. La respuesta depende de las pruebas y de la valoración judicial, no únicamente de las interpretaciones de una de las partes.
La SEPI depende del Ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero. Esta vinculación institucional explica que el caso tenga repercusión política, pero no demuestra por sí misma que la vicepresidenta o la ministra participaran personalmente en las actuaciones examinadas.
Qué dicen los correos electrónicos entregados al juez
Uno de los elementos destacados por Libertad Digital es un correo enviado el 26 de junio de 2021, a las 08:04, por José Ángel Partearroyo Martín, entonces director de Participadas de la SEPI. El mensaje, según la publicación, llevaba como asunto una comunicación sobre la celebración de una reunión del consejo de administración de Plus Ultra prevista para el lunes 28 de junio.
La información identifica varias cuestiones abordadas en el intercambio documental.
1. La denominación del organismo y del fondo de rescate
Según Libertad Digital, los correos recogían instrucciones para sustituir referencias directas a la SEPI por menciones al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El cambio terminológico debe analizarse en su contexto. El FASEE era el instrumento público a través del cual se canalizaron las ayudas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, con la SEPI como organismo gestor.
La sustitución de una denominación por otra no demuestra por sí sola una irregularidad. Para determinar su relevancia sería necesario comprobar en qué documentos se ordenó el cambio, cuál era su finalidad y si modificó la información material que debía constar en el expediente.
2. La conciliación de saldos contables
La publicación cita dos cantidades que habrían sido objeto de ajustes:
- 326 735,86 euros en saldos deudores.
- 1 000 407,66 euros en saldos acreedores.
Según la información de Libertad Digital, la SEPI solicitó que estas partidas se alinearan con las cantidades correspondientes a las administraciones públicas.
La cuestión que debe esclarecerse es si los ajustes respondían a la corrección de discrepancias contables o si alteraron de manera improcedente la representación de la situación financiera de la aerolínea.
Para responder, es necesario comparar los saldos originales con los modificados, identificar su origen y comprobar cómo quedaron reflejados en las cuentas y en el expediente de la ayuda.
3. Las previsiones de recuperación económica
Otro punto destacado afecta al calendario previsto para recuperar la situación económica de Plus Ultra.
Según Libertad Digital, la memoria y el informe de gestión de la compañía incluían inicialmente una previsión de recuperación total durante 2022. La información sostiene que Partearroyo pidió sustituir esa estimación por otra más acorde con el plan de viabilidad, que situaba la recuperación entre finales de 2023 y mediados de 2024.
Este apartado es especialmente relevante para valorar el expediente de rescate. Las previsiones económicas pueden influir en la evaluación de la viabilidad de una empresa y en las condiciones de una ayuda pública.
Sin embargo, modificar una previsión no equivale automáticamente a falsear las cuentas. La cuestión jurídica consiste en determinar si la estimación revisada estaba respaldada por información económica suficiente y si la documentación final reflejaba fielmente la situación de la empresa.
Los correos deberán examinarse junto con el plan de viabilidad, las cuentas de Plus Ultra y los informes técnicos utilizados para evaluar la concesión de los 53 millones de euros.
El rescate de 53 millones de euros aprobado en 2021
Plus Ultra recibió en 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros a través del FASEE, creado para apoyar a empresas consideradas estratégicas que habían sufrido las consecuencias de la pandemia de covid-19.
El programa contemplaba ayudas temporales destinadas a empresas que reunieran los requisitos establecidos, con evaluaciones sobre su situación económica, viabilidad y relevancia estratégica.
La concesión a Plus Ultra generó controversia desde el principio. Diversos partidos y organizaciones cuestionaron si la aerolínea cumplía los criterios necesarios para recibir una ayuda de esa magnitud, mientras que el Gobierno defendió la legalidad de la operación.
El debate se centró, entre otros aspectos, en la dimensión de la compañía, su situación financiera anterior a la pandemia, su importancia para el sector aéreo y la justificación de su consideración como empresa estratégica.
El dinero público comprometido convirtió el expediente en un asunto de especial interés: no solo se discutía la situación de una aerolínea, sino también cómo se evaluaron las condiciones de acceso a un mecanismo extraordinario de apoyo empresarial.
Para valorar el caso deben distinguirse dos cuestiones. La primera es si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir la ayuda. La segunda es si durante la tramitación se produjo alguna actuación irregular. Aunque ambas cuestiones están relacionadas, una controversia sobre la conveniencia económica del rescate no demuestra por sí misma la comisión de un delito.
La SEPI y la acusación de haber facilitado el rescate
La interpretación publicada por Libertad Digital sostiene que la documentación sitúa a la SEPI en una posición comprometida porque sus responsables habrían intervenido de forma activa en la preparación de información financiera y administrativa de Plus Ultra.
El periódico considera que algunas de las instrucciones podrían haber contribuido a presentar el expediente de forma favorable a la concesión de la ayuda.
Pero existe una distinción esencial entre intervenir en la preparación de un expediente y participar en una conducta delictiva. Los organismos públicos que gestionan ayudas deben solicitar aclaraciones, comprobar documentos y exigir que los expedientes se ajusten a las normas aplicables.
La investigación debe determinar si las instrucciones documentadas respondían a esas funciones o si hubo actuaciones que excedieron los límites legales.
No se puede concluir que la SEPI fuera cómplice de un delito únicamente porque sus responsables intercambiaran correos con la empresa beneficiaria o solicitaran cambios en la documentación. Para sostener esa conclusión serían necesarios indicios concretos sobre la finalidad, la legalidad y las consecuencias de las actuaciones.
La relevancia de los correos reside en que permiten reconstruir parte del procedimiento administrativo y contrastar lo que se solicitó a la compañía con la información finalmente incorporada al expediente.
María Jesús Montero y la responsabilidad política del Ministerio de Hacienda
La dimensión política del caso se explica, en parte, por la dependencia institucional de la SEPI respecto del Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero ocupa una posición central en ese ámbito de la Administración del Estado.
No obstante, esa relación orgánica no permite atribuir automáticamente a la ministra el conocimiento o la responsabilidad por cada decisión adoptada por los técnicos o directivos del organismo.
Para establecer una eventual responsabilidad individual sería necesario acreditar qué decisiones tomó, qué información recibió y cuál fue su intervención concreta, si la hubo, en los hechos investigados.
También debe distinguirse la responsabilidad política de la responsabilidad penal. La primera puede plantearse a partir de decisiones de gestión, mecanismos de supervisión o explicaciones institucionales; la segunda requiere que concurran los elementos de un delito y que se acrediten mediante el procedimiento correspondiente.
Por eso, la documentación sobre Plus Ultra puede suscitar preguntas legítimas sobre los controles del rescate y el funcionamiento de la SEPI, pero no permite afirmar sin más que Montero participara en una trama delictiva.
La versión alternativa: los correos pueden reflejar controles administrativos
El análisis del expediente no puede limitarse a una sola interpretación de los documentos.
Una información publicada por elDiario.es el 24 de septiembre de 2026 describió los correos intercambiados entre Plus Ultra y la SEPI como parte de un proceso de revisión en el que el organismo público solicitaba documentación, aclaraciones y precisiones para evaluar si la aerolínea reunía las condiciones de acceso al rescate.
Esta lectura ofrece una explicación alternativa a la planteada por Libertad Digital: las comunicaciones podrían reflejar una labor ordinaria de fiscalización administrativa, en lugar de una actuación dirigida a garantizar irregularmente la concesión de la ayuda.
Ambas interpretaciones deben contrastarse con el expediente completo. El contenido de los mensajes, la documentación que los acompaña y la secuencia de decisiones permitirán determinar qué explicación se ajusta mejor a los hechos.
La existencia de una investigación judicial tampoco significa que todas las actuaciones administrativas examinadas fueran ilícitas. La función de los tribunales es establecer si existen indicios suficientes de delito y, en su caso, determinar las responsabilidades que procedan.
El caso Plus Ultra y la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero
El rescate de la aerolínea también aparece vinculado a la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.
Según las informaciones publicadas en octubre de 2026, los investigadores examinan una posible intermediación del expresidente en la operación y las eventuales contraprestaciones económicas que podrían haberse relacionado con ella.
La investigación contempla presuntas irregularidades que deben diferenciarse de los hechos ya acreditados. La existencia de contactos o gestiones relacionados con un rescate público no constituye por sí sola un delito de tráfico de influencias; es necesario determinar la conducta concreta, su finalidad y los elementos que exige la legislación penal.
Los documentos entregados por Roselli pueden contribuir a reconstruir cómo se desarrollaron las negociaciones entre la aerolínea y la SEPI. Sin embargo, el alcance de su relevancia para la investigación sobre Zapatero dependerá de su contenido y de la valoración que realicen los investigadores y el órgano judicial.
La causa debe analizar por separado las decisiones administrativas relativas al rescate, las posibles gestiones de intermediación y cualquier eventual movimiento de dinero que pudiera guardar relación con ellas.
El contexto financiero de Plus Ultra y sus accionistas venezolanos
La composición accionarial de Plus Ultra y su relación con inversores venezolanos también contribuyeron a la polémica sobre la ayuda pública.
Los críticos del rescate cuestionaron si una aerolínea de dimensiones relativamente reducidas y con dificultades financieras anteriores a la pandemia debía recibir 53 millones de euros del Estado.
El Gobierno defendió la operación dentro del marco de las ayudas extraordinarias aprobadas durante la crisis sanitaria. La valoración de si la compañía reunía los requisitos depende de los criterios aplicables en aquel momento y de la documentación económica que se examinó.
En el marco de las investigaciones posteriores, se han analizado además posibles operaciones financieras y movimientos de fondos relacionados con la aerolínea. Estas pesquisas deben distinguirse de la revisión administrativa de la concesión del rescate, ya que no todos los procedimientos tienen necesariamente el mismo objeto ni las mismas pruebas.
La conexión empresarial o financiera con Venezuela tampoco acredita por sí sola una conducta ilegal. Cualquier posible delito debe establecerse a partir de operaciones concretas y evidencias verificables.
Qué falta por aclarar en la investigación
La documentación difundida abre varias líneas de comprobación que pueden resultar relevantes para esclarecer el expediente de Plus Ultra.
Entre las principales cuestiones pendientes figuran:
- El expediente administrativo completo: qué documentos presentó la aerolínea y cuáles fueron las observaciones formuladas por la SEPI.
- Los cambios contables: si los ajustes solicitados respondían a errores o discrepancias verificables y cómo quedaron reflejados en la documentación definitiva.
- El plan de viabilidad: qué estimaciones se utilizaron, qué datos las respaldaban y cómo influyeron en la evaluación de la ayuda.
- La cadena de decisiones: qué responsables participaron en la revisión, quién aprobó cada modificación y qué informes sustentaron la concesión.
- Las posibles intermediaciones: si existieron gestiones ajenas al procedimiento ordinario y si tuvieron alguna relación demostrable con decisiones administrativas o pagos.
- Las conclusiones judiciales: qué elementos consideran relevantes los investigadores y qué hechos, en su caso, pueden darse por acreditados.
El análisis de estos puntos permitirá distinguir entre una gestión administrativa discutible, una eventual irregularidad contable y una conducta que pudiera tener relevancia penal.
El dinero público exige explicaciones y controles verificables
El rescate de Plus Ultra sigue siendo un asunto de interés público porque implica el uso de recursos estatales y plantea preguntas sobre la evaluación de las ayudas concedidas durante la pandemia.
Los documentos aportados por el antiguo consejero delegado ofrecen una oportunidad para examinar cómo se tramitó el expediente y qué papel desempeñó la SEPI. Su relevancia dependerá de que puedan contrastarse con el resto de la documentación y con las explicaciones de las personas implicadas.
La transparencia exige que las decisiones sobre fondos públicos puedan justificarse mediante criterios objetivos, informes técnicos y procedimientos verificables. También exige evitar que una acusación periodística se presente como una condena antes de que se acrediten los hechos.
El caso Plus Ultra debe esclarecer si los 53 millones de euros se concedieron y supervisaron conforme a la normativa aplicable, y si hubo actuaciones que excedieron los límites legales. La respuesta debe proceder del análisis completo del expediente y de las decisiones judiciales, no de conclusiones anticipadas sobre la culpabilidad de personas o instituciones.