Doce de los 15 concejales populares reclaman la salida del alcalde tras conocerse nuevas denuncias por presuntas agresiones sexuales. La dirección provincial amenaza con expedientar a quienes no respalden la decisión y abre una crisis política en Algeciras.
El PP de Cádiz retira su apoyo a Landaluce y exige su salida
El futuro político de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras desde 2011, afronta una nueva crisis después de que la dirección provincial del Partido Popular haya exigido su dimisión tras conocer nuevos testimonios y denuncias por presuntas agresiones sexuales.
La decisión supone un cambio de estrategia para el PP gaditano, que hasta ahora había mantenido distancias con el regidor después de que abandonara la formación a finales de 2025, pero cuyos concejales continuaban sosteniéndolo en la Alcaldía.
Doce de los 15 concejales del PP en el Ayuntamiento de Algeciras han firmado un escrito en el que reclaman la salida inmediata del alcalde. La iniciativa se produce después de que la dirección provincial, encabezada por Bruno García, les instara a retirar su respaldo político y a abandonar sus responsabilidades en el equipo de Gobierno si Landaluce se niega a dimitir.
La dirección popular también ha advertido de que abrirá expedientes internos a quienes no respalden esta decisión. Los otros tres concejales no figuran entre los firmantes, aunque no se han detallado públicamente los motivos de su ausencia.
El conflicto amenaza con alterar el equilibrio político de una de las principales ciudades de la provincia de Cádiz y deja en el aire la continuidad del proyecto municipal de Landaluce.
Una nueva denuncia precipita la decisión del PP
El cambio de postura de los populares se produce después de que trascendiera una nueva denuncia presentada por una militante de Nuevas Generaciones del PP. Según la información publicada por Europa Sur y recogida por El País, los hechos denunciados habrían ocurrido el 10 de julio en el despacho del alcalde.
La denunciante sostiene que el partido en Algeciras no activó los mecanismos internos contra el acoso y que se habría intentado encubrir lo sucedido. Estas afirmaciones no han sido acreditadas judicialmente y forman parte de las informaciones conocidas sobre el caso.
El PP provincial ha explicado que su decisión responde al conocimiento directo de dos denuncias materiales relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal.
La formación asegura que respeta la presunción de inocencia, pero sostiene que los nuevos testimonios han provocado una pérdida de confianza política en el alcalde, que ya no es militante del partido.
La dirección provincial no ha facilitado detalles sobre la situación procesal de la nueva denuncia ni ha identificado a los tres concejales que no han suscrito el escrito de petición de dimisión.
La denuncia presentada ante el Tribunal Supremo
La crisis también está relacionada con otra denuncia presentada ante el Tribunal Supremo el 2 de septiembre de 2026 por una mujer vinculada al PP, según la información publicada por El País.
El escrito atribuye a Landaluce dos presuntas agresiones sexuales que, de acuerdo con el relato de la denunciante, habrían ocurrido entre 2020 y meses posteriores.
La mujer sitúa uno de los episodios en diciembre de 2020, en un centro médico relacionado con el alcalde, donde afirma que fue acorralada y sufrió tocamientos sin su consentimiento.
El segundo episodio habría ocurrido en dependencias municipales. Según su versión, Landaluce habría llevado por la fuerza sus manos hacia sus genitales.
La denunciante también cuestiona un supuesto ofrecimiento de empleo municipal que asegura no haber solicitado y que afirma haber rechazado.
Se trata de acusaciones pendientes de esclarecimiento judicial. La presentación de una denuncia no demuestra por sí misma la comisión de un delito, y Landaluce ha rechazado los hechos de forma «rotunda y categórica», reclamando respeto a su presunción de inocencia.
Cuando se conoció la denuncia, el Tribunal Supremo había solicitado un informe a la Fiscalía para valorar los indicios y determinar su competencia, después de que Landaluce perdiera su condición de senador y, con ella, el aforamiento asociado al cargo.
La crisis política comenzó antes de las últimas denuncias
El enfrentamiento entre Landaluce y su antigua formación no surgió de manera repentina. La controversia llevaba meses abierta y había generado tensiones entre el alcalde, el PP y la oposición municipal.
Uno de los antecedentes se remonta a 2024, cuando el eurodiputado Alvise Pérez difundió conversaciones de WhatsApp entre tres concejales populares en las que se relataban presuntos tocamientos atribuidos al regidor. Dos de las mujeres relacionadas con aquellas acusaciones negaron los hechos, y Landaluce presentó una denuncia contra Pérez.
La polémica volvió a intensificarse en diciembre de 2025 tras difundirse unos audios relacionados con supuestas presiones a la exconcejala Laura Ruiz para que desmintiera determinadas informaciones.
En ese contexto, el PSOE acudió a la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. También cuestionó determinadas contrataciones municipales relacionadas con Ruiz.
Landaluce abandonó el PP a finales de 2025, pero mantuvo la Alcaldía y su escaño en el Senado.
La Fiscalía archivó aquellas diligencias el 9 de enero de 2026 por falta de indicios suficientes de delito. Ese archivo se refería a esas actuaciones concretas y no debe confundirse con la situación de las nuevas denuncias, cuya evolución procesal es diferente.
Bruno García ordena retirar el apoyo al alcalde
La dirección provincial del PP ha decidido pasar de la distancia política a una exigencia expresa de dimisión.
El presidente provincial, Bruno García, se reunió con concejales populares en un hotel de Los Barrios para trasladarles la instrucción de reclamar la salida de Landaluce y retirar el respaldo que le permite seguir al frente del Ayuntamiento.
El comunicado de la formación contempla dos escenarios:
- Si Landaluce dimite: el PP podrá abordar la reorganización de su representación y la búsqueda de una nueva fórmula de gobierno municipal.
- Si se niega a dimitir: los concejales populares deberán renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de Gobierno y el partido anuncia que promoverá las actuaciones necesarias para recuperar el control político de la ciudad.
La advertencia de posibles expedientes internos eleva la presión sobre los ediles y evidencia que la dirección provincial pretende cerrar la etapa de apoyo al alcalde.
No obstante, la exigencia de dimisión no implica por sí misma que Landaluce pierda automáticamente la Alcaldía. La continuidad del regidor y las posibles alternativas de gobierno dependerán de los pasos políticos y municipales que se adopten.
Landaluce quiere volver a presentarse a las elecciones municipales
La crisis se agrava por el anuncio del alcalde de que pretende concurrir de nuevo a las elecciones municipales de 2027.
La semana anterior, Landaluce manifestó su intención de completar su proyecto para Algeciras, aunque no aclaró bajo qué siglas políticas concurriría.
Su decisión plantea un escenario complejo: un alcalde que continúa defendiendo su gestión, una dirección provincial que le exige abandonar el cargo y un grupo de concejales que debe decidir entre la disciplina de partido y la continuidad del actual Gobierno municipal.
El regidor ha sostenido que cuenta con el respaldo de los vecinos y ha rechazado las acusaciones. Por su parte, el PP no había aclarado durante los meses anteriores si contaría con él para los próximos comicios.
El PSOE ya había ofrecido sus votos para una posible moción de censura en junio, pero aquella iniciativa no prosperó. La nueva ruptura entre Landaluce y el PP podría modificar los cálculos de los grupos municipales, aunque no permite dar por hecha una alternativa de gobierno.
¿Qué puede pasar ahora en el Ayuntamiento de Algeciras?
La principal incógnita es si Landaluce atenderá la petición de dimisión o intentará continuar en el cargo sin el respaldo de los concejales populares que hasta ahora sostenían su Gobierno.
La decisión de los 12 ediles abre una nueva etapa de incertidumbre. Si retiran efectivamente su apoyo, el alcalde podría afrontar dificultades para mantener la estabilidad política del Ayuntamiento.
También será determinante la evolución de los procedimientos relacionados con las denuncias. La investigación judicial deberá establecer si existen indicios suficientes y, en su caso, las responsabilidades que correspondan.
En este escenario conviene distinguir dos planos: la responsabilidad política, que los partidos pueden valorar conforme a sus criterios de confianza y ejemplaridad, y la responsabilidad penal, que solo puede determinarse a través del procedimiento judicial correspondiente.
La presunción de inocencia no impide que una formación retire su confianza política a un cargo público. Del mismo modo, una exigencia de dimisión no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.
Una crisis que pone a prueba al PP gaditano
El caso de Landaluce supone un desafío para el PP de Cádiz por la contradicción que ha marcado los últimos meses: el alcalde dejó de pertenecer al partido, pero continuó gobernando con el apoyo de concejales que sí seguían vinculados a la formación.
La nueva decisión provincial busca poner fin a esa situación y evitar que el partido siga asociado políticamente a un regidor que pretende presentarse de nuevo a las elecciones.
El desenlace dependerá de la respuesta del alcalde, de la posición definitiva de los concejales y de los movimientos que realicen el resto de las fuerzas políticas.
Por ahora, la exigencia de dimisión constituye una ruptura política de primer orden, pero no resuelve automáticamente la gobernabilidad de Algeciras ni anticipa el resultado de las actuaciones judiciales.
La crisis de Landaluce abre así un doble frente para la ciudad: el futuro del Gobierno municipal y el esclarecimiento de unas acusaciones que deberán evaluarse con todas las garantías legales.
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