Washington ordena retirar los productos de la inteligencia artificial china de los sistemas informáticos de las agencias civiles y bloquea nuevas compras. La decisión eleva la tensión tecnológica entre Estados Unidos y Pekín y refuerza el control sobre la cadena de suministro digital.
Estados Unidos prohíbe DeepSeek en la Administración federal civil
Estados Unidos ha ordenado la retirada de los productos de DeepSeek de los sistemas informáticos de las agencias civiles federales y ha prohibido que estos organismos adquieran nuevos productos y servicios de la compañía china. La medida también alcanza a determinadas soluciones de terceros desarrolladas utilizando implementaciones de DeepSeek.
La orden fue firmada el 24 de julio de 2026 por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y se hizo pública en el Federal Register el 20 de octubre, según el aviso oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La decisión se apoya en la Federal Acquisition Supply Chain Security Act de 2018, una ley estadounidense que permite excluir productos y servicios considerados un riesgo para la seguridad de la cadena de suministro federal.
El alcance de la medida es importante, pero conviene precisar sus límites: no supone una prohibición general de DeepSeek para todos los ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Se dirige a las compras de las agencias civiles federales y a los productos que estas utilizan en sus sistemas informáticos. La orden también establece obligaciones relevantes para los contratistas que trabajan con la Administración.
El aviso oficial puede consultarse en el Registro Federal de Estados Unidos.
Qué productos de DeepSeek quedan afectados
La orden identifica a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., desarrolladora de los modelos de inteligencia artificial R1 y V3, e incluye a sus entidades afiliadas según las definiciones de la normativa federal.
La retirada no se limita a las aplicaciones que llevan directamente la marca de la empresa. El texto también contempla productos y servicios de terceros desarrollados mediante implementaciones de DeepSeek.
Esta extensión puede obligar a las agencias y a sus proveedores a revisar no solo las aplicaciones que utilizan, sino también determinados componentes integrados en herramientas informáticas de otros fabricantes.
Las principales obligaciones son:
- Retirar los productos de DeepSeek y los de sus entidades afiliadas de los sistemas informáticos de las agencias civiles federales.
- Excluir sus productos y servicios de nuevas adquisiciones de estos organismos.
- Identificar las soluciones de terceros afectadas por el uso de implementaciones de DeepSeek.
- Revisar los contratos públicos y las cadenas de suministro para determinar si existen productos cubiertos por la orden.
El aviso no convierte automáticamente en ilegal cualquier uso de DeepSeek fuera del ámbito federal. Tampoco establece, por sí solo, una prohibición general para todas las compañías privadas estadounidenses.
Seguridad nacional y datos alojados en China
La seguridad de los datos constituye uno de los puntos centrales del debate sobre DeepSeek en Estados Unidos.
La información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional y recogida por Associated Press señala que los modelos presentan múltiples posibles vías de riesgo. Entre las preocupaciones mencionadas figuran la ubicación de los servidores en China y la posibilidad de que las autoridades chinas accedan a infraestructuras privadas de la empresa o a información sensible estadounidense.
Estas preocupaciones deben distinguirse de una demostración pública de que se haya producido un acceso concreto a datos federales. La existencia de un riesgo potencial para la cadena de suministro no equivale, por sí sola, a probar que se haya materializado una filtración.
La política de privacidad de DeepSeek indica que la empresa recopila, procesa y almacena datos personales en la República Popular China. Esa circunstancia forma parte del contexto en el que las autoridades estadounidenses evalúan el uso de tecnologías procedentes de proveedores extranjeros.
Para las administraciones públicas, la cuestión no se limita a la calidad de las respuestas de un modelo de IA. También comprende dónde se procesan los datos, qué información puede conservar el proveedor, qué accesos existen y qué garantías jurídicas y técnicas pueden exigirse.
La publicación del aviso oficial no ofrece, por sí sola, todos los detalles probatorios que permitirían evaluar de manera independiente cada riesgo señalado. Por eso, es importante separar las razones de seguridad invocadas por las autoridades de cualquier afirmación no demostrada sobre un supuesto espionaje efectivo.
La ley de 2018 permite excluir proveedores de las compras federales
La base jurídica de la decisión es la Federal Acquisition Supply Chain Security Act de 2018, conocida por sus siglas FASCSA.
Esta legislación establece un mecanismo para excluir determinados productos y servicios de las adquisiciones federales y ordenar su retirada de sistemas gubernamentales cuando se consideran un riesgo para la seguridad de la cadena de suministro.
El sistema distribuye las competencias entre distintas autoridades en función del ámbito afectado:
- El secretario de Seguridad Nacional puede emitir órdenes aplicables a las agencias civiles federales.
- El secretario de Defensa dispone de competencias relacionadas con el Departamento de Defensa y determinados sistemas de seguridad nacional.
- El director de Inteligencia Nacional puede actuar sobre adquisiciones de la comunidad de inteligencia dentro de su ámbito legal.
La orden contra DeepSeek se refiere a las agencias civiles federales. No debe confundirse con una prohibición universal aplicable a todas las instituciones, empresas y ciudadanos estadounidenses.
La normativa también contempla la posibilidad de solicitar excepciones. Para ello, el organismo correspondiente debe presentar una petición escrita y justificar la necesidad de utilizar el producto afectado ante la autoridad competente.
Los contratistas federales también tendrán que revisar sus sistemas
Las consecuencias de la orden no se limitan a los equipos informáticos que pertenecen directamente a la Administración. También pueden afectar a las empresas privadas que prestan servicios al Gobierno federal.
Los contratos que incorporan la cláusula FAR 52.204-30 incluyen obligaciones relacionadas con las órdenes de exclusión y retirada de productos de la cadena de suministro federal.
Entre ellas figuran la revisión periódica de las órdenes publicadas en SAM.gov, la investigación razonable de posibles riesgos en la cadena de suministro y la notificación de determinados productos o servicios afectados.
Cuando un contratista identifica un producto cubierto por una orden aplicable, la cláusula contempla plazos específicos para comunicar la incidencia al responsable del contrato y aportar información adicional sobre las medidas de mitigación. También establece obligaciones de traslado de estas condiciones a los subcontratistas cuando corresponda.
La aplicación a contratos ya existentes depende de las condiciones legales y contractuales aplicables. En particular, una orden posterior a la solicitud de propuestas puede requerir una modificación contractual para resultar aplicable a un contrato vigente.
Para los proveedores tecnológicos, esto significa que el cumplimiento no puede limitarse a revisar la marca del software adquirido. También deben conocer los componentes utilizados, el origen de determinadas tecnologías y las restricciones que afectan a los servicios incorporados a sus productos.
DeepSeek se suma a una lista de restricciones tecnológicas
La decisión se enmarca en una serie de medidas estadounidenses dirigidas a limitar determinados riesgos tecnológicos asociados a China.
Durante 2025, distintas instituciones y administraciones estadounidenses adoptaron restricciones al uso de DeepSeek en dispositivos gubernamentales. Entre ellas figuraron organismos federales y autoridades estatales. Además, se presentaron iniciativas legislativas en el Congreso para ampliar las limitaciones, aunque los proyectos citados en la información original no habían superado la fase de comité a fecha de octubre de 2026.
La nueva orden tiene un alcance distinto de las prohibiciones limitadas a determinados dispositivos: establece un mecanismo de exclusión de productos y servicios de las compras de las agencias civiles y exige retirar los elementos cubiertos de sus sistemas informáticos.
La diferencia es relevante porque afecta a la contratación pública y a la gestión de proveedores, no únicamente a la instalación de una aplicación en un teléfono oficial.
En un entorno donde los modelos de inteligencia artificial pueden integrarse en servicios de análisis, programación, atención al usuario y gestión documental, la procedencia de las herramientas y sus condiciones de funcionamiento se han convertido en cuestiones de seguridad para los organismos públicos.
China rechaza lo que considera una ampliación del concepto de seguridad nacional
Pekín ha criticado la decisión estadounidense. El 20 de octubre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que China se opone a lo que considera una utilización excesiva del concepto de seguridad nacional y a la politización de los asuntos científicos, tecnológicos, económicos y comerciales.
La portavoz también señaló que el Gobierno chino defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas.
DeepSeek no había respondido de inmediato a una solicitud de comentarios recogida por Associated Press, según la información publicada por Fortune.
La respuesta de China refleja el desacuerdo entre las dos potencias sobre cómo deben aplicarse las restricciones tecnológicas. Washington sitúa estas medidas en el marco de la seguridad de la cadena de suministro; Pekín cuestiona que los argumentos de seguridad nacional se utilicen para limitar a empresas chinas.
La disputa se desarrolla en paralelo a otras restricciones estadounidenses sobre el acceso chino a determinados semiconductores avanzados y a los equipos necesarios para fabricarlos. También existen acusaciones estadounidenses sobre el uso de técnicas de destilación para extraer capacidades de modelos de inteligencia artificial desarrollados por empresas estadounidenses, afirmaciones que Pekín ha rechazado.
Qué supone la decisión para el futuro de la inteligencia artificial
El caso DeepSeek demuestra que la expansión de la inteligencia artificial está vinculada a cuestiones que van más allá de la competencia entre modelos. Para las administraciones públicas, la elección de un proveedor puede implicar decisiones sobre privacidad, acceso a datos, dependencia tecnológica y continuidad de los servicios.
La retirada de un producto de los sistemas federales puede exigir auditorías, sustituciones técnicas, revisión de contratos y comprobaciones de cumplimiento. En el caso de los contratistas, también puede obligar a examinar componentes de terceros que incorporen tecnologías cubiertas por una orden.
Sin embargo, la medida no demuestra por sí misma que todos los modelos desarrollados en China sean inseguros ni que se haya producido una vulneración concreta de datos por parte de DeepSeek. Esas conclusiones requerirían pruebas específicas.
Lo que sí establece la decisión es que el Gobierno estadounidense considera necesario excluir los productos afectados de un ámbito especialmente sensible: sus propias adquisiciones y sistemas informáticos civiles.
Una decisión con consecuencias para la contratación pública
La orden contra DeepSeek introduce nuevas obligaciones para las agencias civiles federales y para los proveedores que trabajan con ellas. Su aplicación dependerá de identificar los productos cubiertos, revisar las cadenas de suministro y cumplir las condiciones establecidas en la normativa.
La medida también evidencia el creciente peso de la seguridad tecnológica en la contratación pública. Los organismos no solo deben valorar el precio y las prestaciones de una herramienta de inteligencia artificial, sino también su procedencia, sus condiciones de tratamiento de datos y los riesgos que las autoridades identifiquen.
La cuestión de fondo será cómo se aplican estas restricciones y qué garantías acompañan a las decisiones de exclusión. La seguridad de los sistemas públicos es una obligación esencial, pero la evaluación de los riesgos debe apoyarse en criterios claros, pruebas suficientes y procedimientos verificables.
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