La joven, de 18 años, acudió varias veces a Urgencias de Málaga con dolor costal y dificultad respiratoria. Los médicos atribuyeron los síntomas a problemas musculares y falleció días después por una embolia pulmonar.
La muerte de una joven de 18 años en Málaga, después de acudir en repetidas ocasiones a los servicios sanitarios sin que se detectara la enfermedad que padecía, ha terminado con una condena judicial al Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que existió un grave error de diagnóstico y ha ratificado la indemnización de 156.183,99 euros para los padres y el hermano de la fallecida, además de los intereses legales correspondientes.
La paciente acudió a Urgencias con dificultad para respirar y dolores en el costado. En las distintas asistencias, los síntomas se relacionaron con molestias musculares, dolor costal mecánico y una contractura. Sin embargo, la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un tromboembolismo pulmonar, una patología potencialmente mortal que no fue identificada antes del fatal desenlace.
El caso plantea una cuestión especialmente delicada para la sanidad pública: cómo pudo pasar inadvertida una enfermedad grave después de varias consultas médicas en apenas una semana. La Justicia ha considerado acreditada la relación entre los errores de diagnóstico y el fallecimiento.
Tres visitas a Urgencias sin detectar el tromboembolismo pulmonar
Los hechos se remontan al 26 de enero de 2020. Aquella tarde, la joven acudió acompañada de su madre al servicio de Urgencias de Atención Primaria del centro de salud de Cruz de Humilladero, en Málaga. Presentaba sensación de falta de aire y molestias que aumentaban al inspirar.
Según la información publicada sobre el procedimiento, la paciente tenía una frecuencia cardíaca de 118 pulsaciones por minuto y una saturación de oxígeno del 98 %. Recibió tratamiento con un aerosol e ibuprofeno, pero la evolución clínica no fue satisfactoria. Por ese motivo, fue derivada al Hospital Virgen de la Victoria.
La joven llegó a las Urgencias hospitalarias a las 19:49 horas. El motivo de consulta incluía dolor costal y dificultad respiratoria. Tras la exploración, recibió el alta con un diagnóstico de dolor costal de tipo mecánico.
El tratamiento prescrito incluía un relajante muscular y medicación antiinflamatoria, que debía alternarse con un analgésico. Sin embargo, las molestias no desaparecieron.
La segunda asistencia hospitalaria —tercera si se cuenta la primera consulta en Atención Primaria— llegó el 2 de febrero de 2020. La joven acudió al Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama, con dolor en la zona costal y dorsal derecha.
En esta ocasión, los profesionales atribuyeron el cuadro a una contractura muscular. La pauta indicada incluía diclofenaco, metamizol y diazepam, además de calor local y recomendaciones para recuperar progresivamente la actividad.
Cuatro días después, el 6 de febrero, la joven sufrió una parada cardiorrespiratoria en su domicilio.
La autopsia identificó la causa real de la muerte
Los equipos sanitarios del 061 acudieron al domicilio e iniciaron maniobras avanzadas de reanimación. La sospecha de un tromboembolismo pulmonar apareció durante la intervención de emergencia.
Los intentos por recuperar a la joven se prolongaron durante aproximadamente dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.
La autopsia posterior determinó que la causa fundamental del fallecimiento había sido un tromboembolismo pulmonar, con procesos tromboembólicos en ambos hilios pulmonares. La parada cardiorrespiratoria fue la consecuencia inmediata de esa complicación.
El tromboembolismo pulmonar se produce cuando un coágulo sanguíneo obstruye una arteria de los pulmones. En muchos casos, el coágulo procede de una trombosis venosa, habitualmente localizada en las piernas, y llega hasta la circulación pulmonar.
La obstrucción puede dificultar gravemente el intercambio de oxígeno y sobrecargar el corazón. Cuando el bloqueo es importante, puede provocar una situación de extrema gravedad e incluso la muerte.
Entre sus posibles manifestaciones figuran la dificultad respiratoria, el dolor torácico que empeora al respirar, la aceleración del pulso y, en determinados casos, el desmayo. No todos los pacientes presentan los mismos síntomas y el diagnóstico requiere una valoración clínica y pruebas complementarias.
En el caso de Málaga, la cuestión que ha llegado a los tribunales no es únicamente que la enfermedad no se detectara, sino que la paciente acudió varias veces a los servicios sanitarios con síntomas que terminaron atribuyéndose a causas musculares.
El TSJA confirma la responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud
Después de la muerte, la familia inició una reclamación por responsabilidad patrimonial sanitaria. El procedimiento llegó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, que en septiembre de 2024 estimó parcialmente la reclamación y reconoció el derecho de los familiares a recibir una indemnización de 156.183,99 euros.
El SAS recurrió aquella resolución. La Administración cuestionó que existiera una relación causal suficientemente acreditada entre la atención médica prestada y el fallecimiento.
Entre sus argumentos figuraba la dificultad para determinar en qué momento se había desarrollado el tromboembolismo. También defendió que los profesionales habían realizado las valoraciones clínicas correspondientes y que los diagnósticos se ajustaban a los síntomas que presentaba la paciente durante las consultas.
El asunto llegó a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que dictó la resolución el 8 de julio de 2026, según la información publicada sobre la sentencia.
Los magistrados rechazaron el recurso del Servicio Andaluz de Salud y mantuvieron la responsabilidad reconocida en primera instancia. La resolución considera acreditada la conexión entre el error diagnóstico y el resultado mortal, a partir de la documentación médica y de las pruebas testificales y periciales incorporadas al procedimiento.
El fallo califica lo ocurrido como un «flagrante error de diagnóstico» al confundir un tromboembolismo pulmonar con un dolor muscular. También recoge que la paciente no tenía el deber jurídico de soportar el daño derivado de esa actuación.
La Sala considera que existe una relación de causalidad entre el error diagnóstico y el fallecimiento. No se trata, por tanto, de una condena basada exclusivamente en que el resultado médico fuera desfavorable, sino en la valoración judicial de la asistencia prestada, las pruebas del procedimiento y la actuación que cabía exigir conforme a los conocimientos médicos disponibles.
La indemnización supera los 156.000 euros
La cantidad que deberá abonar el SAS asciende a 156.183,99 euros, que corresponden a los padres y al hermano de la joven.
A esa suma deben añadirse los intereses legales. La información publicada sobre el procedimiento señala que el cálculo de esos intereses se vincula al 4 de febrero de 2021, fecha de presentación de la reclamación administrativa.
La indemnización no puede reparar la pérdida de una hija y una hermana, pero reconoce económicamente la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños que la Justicia considera acreditados.
La resolución del TSJA confirma así el criterio del juzgado malagueño y rechaza los argumentos con los que el servicio sanitario público andaluz pretendía revocar la condena.
Según la información de Sur in English, la resolución todavía puede ser objeto de un recurso de casación.
Un caso que vuelve a poner el foco en la atención de Urgencias
La muerte de esta joven vuelve a situar en el centro del debate la importancia de la valoración clínica cuando un paciente presenta síntomas persistentes y vuelve a solicitar asistencia médica.
Las urgencias hospitalarias trabajan bajo una presión asistencial considerable y los síntomas de distintas enfermedades pueden coincidir. Sin embargo, la reiteración de consultas por un mismo cuadro obliga a prestar atención a la evolución del paciente y a reconsiderar el diagnóstico cuando las molestias no mejoran.
En este caso, la joven acudió a distintos dispositivos sanitarios entre el 26 de enero y el 2 de febrero. La dificultad respiratoria y el dolor torácico aparecieron en las consultas previas al fallecimiento, pero los diagnósticos comunicados fueron de origen muscular.
La sentencia no permite concluir que todos los errores médicos tengan las mismas características ni que cualquier dolor costal deba interpretarse como una embolia pulmonar. Lo que establece es que, a partir de las pruebas examinadas en este procedimiento concreto, existió una actuación diagnóstica cuya relación con la muerte quedó acreditada judicialmente.
También deja una cuestión de fondo para la gestión sanitaria: la calidad asistencial no puede medirse únicamente por el número de pacientes atendidos o por la rapidez de las altas, sino también por la capacidad de detectar situaciones graves y revisar las primeras hipótesis cuando el cuadro clínico persiste.
La responsabilidad patrimonial de la Administración está precisamente concebida para reconocer los daños que los ciudadanos no tienen obligación jurídica de soportar cuando concurren los requisitos legales. La condena al SAS es una aplicación de ese principio al ámbito sanitario.
La familia obtiene el respaldo judicial seis años después
Desde el fallecimiento, ocurrido en febrero de 2020, hasta la confirmación de la condena por el TSJA han transcurrido más de seis años. Durante ese tiempo, la familia ha tenido que sostener una reclamación administrativa y judicial para que se reconociera la responsabilidad del servicio público de salud.
La resolución confirma que la paciente sufrió un tromboembolismo pulmonar que no fue diagnosticado en las asistencias previas y que la actuación sanitaria fue determinante en el desenlace, según el criterio de los magistrados.
El caso deja una conclusión difícil de ignorar: una joven de 18 años pidió ayuda médica en varias ocasiones por síntomas respiratorios y dolor torácico, pero la enfermedad que padecía no fue identificada a tiempo.
La condena al Servicio Andaluz de Salud no devuelve la vida a la joven, pero establece una responsabilidad judicial y vuelve a abrir el debate sobre los protocolos de diagnóstico, la continuidad asistencial y la atención que reciben los pacientes cuando regresan a Urgencias sin haber mejorado.


