Un informe de Hacienda aprecia irregularidades en tres grandes adjudicaciones a Indra y Escribano por 2.348 millones. La Fiscalía examina también los préstamos públicos.
Anticorrupción pone bajo la lupa los contratos millonarios de Defensa
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la adjudicación de grandes contratos del Ministerio de Defensa y en la financiación pública destinada a modernizar las Fuerzas Armadas. El caso afecta a programas vinculados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano, y se desarrolla sobre un volumen de recursos públicos superior a 7.200 millones de euros.
La investigación ha adquirido una nueva dimensión tras conocerse el contenido de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Según la documentación publicada este martes por El Independiente, los interventores aprecian irregularidades en tres expedientes de contratación militar cuyo importe conjunto asciende a 2.348 millones de euros.
Los contratos examinados corresponden al vehículo blindado 8×8, al sistema lanzacohetes SILAM y a los sistemas antidrones. El informe cuestiona, entre otros aspectos, que la Administración hubiera decidido de antemano qué empresas recibirían determinadas adjudicaciones y que los procedimientos de competencia se desarrollaran con garantías suficientes.
La investigación comenzó en enero de 2026, después de una denuncia presentada por un particular en diciembre de 2025. La Fiscalía analiza posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, sin que por el momento exista una resolución judicial que declare acreditada la comisión de esos delitos.
El Ministerio de Defensa sostiene que las operaciones se realizaron conforme a la legalidad. La cuestión que debe esclarecer ahora la investigación es si las excepciones utilizadas para contratar material militar se aplicaron correctamente y si los fondos públicos se concedieron con controles adecuados.
El informe de Hacienda señala tres adjudicaciones por 2.348 millones
La principal novedad conocida este martes es el contenido del análisis realizado por la IGAE a petición de Anticorrupción.
Según la información de El Independiente, los técnicos consideran que en los tres contratos principales la competencia entre empresas pudo quedar reducida a una formalidad, porque la Administración habría tenido decidido previamente quién recibiría los encargos.
El informe examina tres programas:
- Vehículo de combate 8×8: un expediente presupuestado en aproximadamente 1.736 millones de euros, adjudicado a TESS Defence.
- Sistema lanzacohetes SILAM: un contrato de 576 millones de euros para una unión temporal de empresas formada por Escribano y Rheinmetall Expal, posteriormente anulado en septiembre de 2025.
- Sistemas antidrones: un contrato de 36,6 millones de euros para el suministro de 14 sistemas.
El importe conjunto se sitúa en torno a 2.348 millones de euros.
El documento, elaborado en abril y conocido ahora a través de la información publicada por el citado periódico, también examina otros cinco contratos de Defensa, en los que señala reparos de menor alcance, y un expediente del Ministerio del Interior en el que no aprecia irregularidades.
La Fiscalía ha solicitado, además, un segundo informe más exhaustivo para profundizar en los expedientes analizados.
Es importante diferenciar el alcance de este documento: se trata de un informe de fiscalización incorporado a unas diligencias de investigación, no de una sentencia ni de una declaración judicial de culpabilidad. Sus conclusiones pueden tener consecuencias para la investigación, pero deberán ser valoradas junto con el resto de las pruebas y las explicaciones de las administraciones y empresas implicadas.
Indra y Escribano, en el centro de la investigación
Las dos compañías que aparecen de forma recurrente en los expedientes son Indra, una de las principales empresas tecnológicas y de defensa españolas, y Escribano Mechanical & Engineering, especializada en sistemas de defensa, electrónica y armamento.
La denuncia que dio origen a las diligencias sostiene que ambas compañías habrían recibido una proporción muy elevada de los contratos y préstamos públicos vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
Según los datos recogidos por El Independiente, alrededor de 6.077 millones de euros de los programas analizados habrían terminado en Indra, Escribano o en uniones temporales de empresas en las que participan. Esa cifra equivale aproximadamente al 84 % de los 7.200 millones asociados al plan.
La denuncia plantea que no se trataría de una adjudicación aislada, sino de un patrón que habría comenzado en 2020 y que habría beneficiado de forma continuada a ambas compañías.
También pone el foco en la evolución empresarial de EM&E. Según las cifras citadas en el escrito, su facturación pasó de 44,2 millones de euros en 2019 a 355 millones en 2024. Su contratación pública habría pasado de menos de diez millones acumulados en 2018 y 2019 a más de 700 millones entre 2020 y 2025.
Estos datos forman parte de los argumentos del denunciante y no deben interpretarse como prueba de que el crecimiento empresarial se haya producido mediante actuaciones ilegales. La cuestión que debe esclarecerse es si los procedimientos de contratación y financiación respetaron las normas aplicables y garantizaron una competencia efectiva.
El conflicto de interés que rodea a Ángel Escribano
Otro de los elementos que ha situado el caso bajo el foco público es la relación entre la dirección de Indra y la participación accionarial de la familia Escribano.
Los hermanos Ángel y Javier Escribano llegaron a controlar, a través de su compañía, aproximadamente el 14,3 % del capital de Indra, según la información publicada por El Independiente.
En enero de 2025, Ángel Escribano fue nombrado presidente ejecutivo de Indra. La denuncia considera que la coincidencia entre su posición directiva en la compañía y los intereses empresariales de EM&E podía generar un conflicto de interés estructural, especialmente en un contexto en el que ambas empresas concurrían juntas a programas públicos de defensa.
La cuestión no consiste en afirmar que cualquier participación accionarial o relación empresarial sea ilegal. Las alianzas industriales son habituales en los grandes programas militares, que requieren capacidades técnicas, inversión y conocimientos especializados.
El problema aparece cuando no quedan suficientemente delimitadas las responsabilidades, los procedimientos de decisión y los mecanismos para evitar que una persona pueda intervenir en decisiones que afecten a sus propios intereses empresariales.
La transparencia sobre las operaciones vinculadas y la abstención en las decisiones afectadas son elementos esenciales para preservar la confianza de los accionistas y de las instituciones públicas.
Según la información publicada el 17 de noviembre por El Independiente, los hermanos Escribano abandonaron posteriormente el accionariado de Indra y Ángel Escribano dejó la presidencia ejecutiva en medio de las tensiones surgidas por la posible integración de ambas compañías.
Estos antecedentes forman parte del contexto que explica por qué Anticorrupción analiza no solo los contratos concretos, sino también la estructura de las relaciones empresariales que rodearon su adjudicación.
Los sistemas antidrones: una competencia cuestionada
Uno de los expedientes que examina el informe es el suministro de 14 sistemas antidrones, por un importe de 36,6 millones de euros.
Este tipo de tecnología resulta cada vez más importante para las Fuerzas Armadas. Los sistemas antidrones permiten detectar, identificar y neutralizar aeronaves no tripuladas que pueden utilizarse para vigilancia, ataques o reconocimiento.
La necesidad de adquirir estos equipos no está en discusión. La controversia se centra en cómo se organizó el procedimiento para elegir al proveedor.
Según el informe de la IGAE publicado por El Independiente, Defensa invitó a cinco empresas a presentar ofertas el 8 de agosto de 2024. Sin embargo, dos meses antes, Indra, Escribano y TRC ya habían anunciado una alianza para presentar una solución conjunta a las Fuerzas Armadas.
La única empresa ajena a esa alianza que llegó a presentar una oferta, Amper, fue excluida por entregarla un minuto después del plazo establecido.
Finalmente, el contrato se adjudicó a una unión temporal de Indra y Escribano, mientras que TRC entró posteriormente como subcontratista.
El informe también señala que un documento de Presidencia del Gobierno de diciembre de 2023, titulado Drones y Seguridad Nacional, ya identificaba a Indra y al Grupo TRC como empresas seleccionadas para desarrollar esos sistemas.
Los interventores cuestionan asimismo el calendario de pagos. Defensa firmó el contrato el 16 de diciembre de 2024 y abonó 19,3 millones de euros el día 30, más de la mitad del importe total, pese a que para ese año solo estaba prevista la entrega de un sistema y un simulador.
El documento considera que ese pago podría haber funcionado en la práctica como una financiación anticipada de la unión temporal. También cuestiona que posteriormente se concediera un préstamo público de 17 millones de euros a interés cero para el mismo contrato, una posibilidad que, según los interventores, no estaba recogida en el pliego inicial.
El informe pone además en cuestión que el contrato se justificara mediante una excepción por motivos de seguridad nacional y, al mismo tiempo, permitiera al adjudicatario subcontratar sin límite.
Son aspectos que la Fiscalía deberá examinar para determinar si las condiciones de la contratación fueron compatibles con las exigencias legales y con los principios de transparencia y control del gasto.
El contrato SILAM: un plazo de 14 días y una sola candidatura efectiva
El segundo expediente especialmente cuestionado es el sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM, adjudicado en diciembre de 2023 por 576 millones de euros a una unión temporal formada por Escribano y Rheinmetall Expal.
El sistema estaba destinado a proporcionar a las Fuerzas Armadas una nueva capacidad de artillería de cohetes. Su adquisición formaba parte del esfuerzo de modernización militar y de la necesidad de renovar determinados sistemas de armamento.
La IGAE cuestiona las condiciones de la licitación. Según la información publicada por El Independiente, Defensa publicó el pliego el 24 de octubre de 2023 y estableció el 7 de noviembre como fecha límite para presentar ofertas: 14 días de plazo.
Los interventores consideran que ese periodo no respetaba el plazo mínimo legal que, según su análisis, correspondía aplicar al expediente.
El procedimiento también presentaba otra particularidad: aunque se invitó a tres empresas, una de ellas era Sistemas de Misiles de España, participada en un 45 % por Escribano desde 2022. El informe cuestiona que esa sociedad tuviera actividad y capacidad suficientes para ejecutar el contrato.
Las otras dos empresas, Escribano y Rheinmetall Expal, concurrieron conjuntamente. En la práctica, según el análisis de los interventores, solo existía una candidatura efectiva.
El documento señala además discrepancias entre el precio ofertado y el desglose de costes. La mesa de contratación solicitó aclaraciones y terminó aceptando la propuesta, en lugar de excluirla.
La IGAE considera que este tratamiento resulta difícil de conciliar con la exclusión de Amper en el expediente antidrones por presentar su oferta un minuto tarde.
También cuestiona que el contrato estableciera beneficios distintos para los integrantes de la unión temporal: un 6 % para Escribano y un 9,05 % para Rheinmetall Expal.
El contrato fue anulado en septiembre de 2025. La investigación debe aclarar qué consecuencias tuvieron las deficiencias señaladas y qué responsabilidades, si las hubiera, podrían derivarse de la tramitación.
El blindado 8×8: la adjudicación antes de constituirse TESS Defence
El tercer gran expediente afecta al programa de vehículos de combate sobre ruedas 8×8, destinado a renovar los blindados del Ejército de Tierra.
La adjudicación recayó en TESS Defence, una sociedad en la que participan Indra, Escribano, Santa Bárbara Sistemas y SAPA.
Según el informe de la IGAE, el presupuesto del contrato analizado ascendía a aproximadamente 1.736 millones de euros. El documento señala que la decisión de adjudicarlo a TESS Defence ya estaba tomada, al menos, el 28 de abril de 2020.
Sin embargo, la sociedad TESS Defence no se constituyó hasta el 26 de junio de 2020.
Los interventores cuestionan esta secuencia porque, según su análisis, la decisión sobre el adjudicatario se habría adoptado antes de que existiera formalmente la empresa que recibiría el contrato.
El informe también examina el sistema de precios provisionales utilizado en el expediente. En este modelo, el importe definitivo se calcula posteriormente a partir de los costes reales de las compañías y del beneficio acordado.
La IGAE señala que la oferta de TESS no encajaría con el desglose posterior y que faltarían tablas de costes de los socios, pese a que la propuesta indicaba que se adjuntaban.
También recoge diferencias en los márgenes de beneficio pactados para las empresas participantes:
- TESS Defence: beneficio nulo.
- Escribano: 2 %.
- Indra: 6 %.
- SAPA: 10 %.
- Santa Bárbara: una media del 9,15 %.
El documento cuestiona asimismo que se seleccionara la torre de 30 milímetros de Escribano sin que estuviera acreditado que superaría las pruebas exigidas.
El programa 8×8 es especialmente relevante para la industria nacional porque pretende dotar al Ejército de un vehículo moderno y sustituir plataformas más antiguas. Su importancia militar e industrial no elimina la obligación de que los procedimientos de adjudicación estén debidamente justificados.
Los 6.890 millones en préstamos públicos a interés cero
La investigación no se limita a las adjudicaciones. También examina el sistema de financiación pública que permitió a las empresas desarrollar los programas militares.
En octubre de 2025, el Gobierno aprobó préstamos por 6.890 millones de euros para financiar 18 proyectos de modernización militar.
La financiación se articuló mediante reales decretos del Ministerio de Industria y Turismo. El objetivo era adelantar a las empresas los recursos necesarios para desarrollar sistemas militares antes de que Defensa recibiera los equipos y abonara los contratos.
El modelo tiene antecedentes en otros programas especiales de modernización. El propio Gobierno explica en los reales decretos que la prefinanciación industrial se ha utilizado durante años en proyectos como el Eurofighter y los helicópteros Tigre.
La controversia se encuentra en las condiciones de los nuevos préstamos.
El Real Decreto 914/2025 y el Real Decreto 915/2025, publicados en el Boletín Oficial del Estado, establecen que los créditos se conceden con un interés fijo del 0 % y, con carácter general, sin exigir garantías para cada uno de los libramientos.
La normativa sí contempla una garantía del 10 % para determinados anticipos efectuados antes de formalizar el negocio jurídico correspondiente. También establece condiciones para devolver los importes si el contrato no llega a formalizarse antes de la fecha prevista.
El calendario de amortización está vinculado a los pagos que Defensa realiza a las empresas por la ejecución de los programas.
Este sistema permite financiar proyectos industriales estratégicos sin que las compañías tengan que recurrir íntegramente a la financiación bancaria convencional. El Gobierno lo justifica por la naturaleza militar de los programas y por la necesidad de reforzar la capacidad industrial española.
Sin embargo, la concesión de créditos públicos a interés cero exige controles rigurosos. El coste de oportunidad para el Estado, la selección de beneficiarios, la necesidad de las garantías y el seguimiento de los fondos son cuestiones que deben quedar documentadas.
La Fiscalía investiga precisamente si el diseño y la aplicación de estos mecanismos se ajustaron a la legalidad y si los fondos se distribuyeron con criterios objetivos.
¿Es legal adjudicar contratos militares sin concurso público?
La normativa española y europea contempla excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación cuando están en juego intereses esenciales de seguridad nacional.
La Ley 24/2011, de 1 de agosto, regula los contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Su artículo 24 permite utilizar procedimientos negociados sin publicidad en los supuestos expresamente previstos por la ley.
La excepción también está relacionada con el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados adoptar determinadas medidas para proteger intereses esenciales de su seguridad vinculados a la producción o comercio de armas, municiones y material de guerra.
Pero esa posibilidad no supone una autorización general para adjudicar cualquier contrato sin competencia.
La justificación debe estar vinculada a las características concretas del programa y a los intereses de seguridad que se pretenden proteger. La excepción debe aplicarse de forma proporcionada y justificarse caso por caso.
Por tanto, el hecho de que un contrato militar se adjudique mediante un procedimiento negociado sin publicidad no demuestra por sí solo que exista una irregularidad.
La cuestión es si concurrían realmente las circunstancias que permitían utilizar ese procedimiento, si se justificaron adecuadamente y si se respetaron las condiciones establecidas en los pliegos.
Ese es uno de los puntos centrales de la investigación de Anticorrupción.
La defensa del Gobierno y las garantías de las empresas
El Ministerio de Defensa asegura que las operaciones se han desarrollado conforme a la legalidad. La justificación general de este tipo de programas se apoya en la necesidad de proteger intereses esenciales de seguridad, desarrollar capacidades militares y fortalecer la industria española.
Las compañías implicadas, por su parte, deben poder conocer las objeciones concretas y defender sus actuaciones dentro de los procedimientos correspondientes.
También hay que tener en cuenta que los programas militares suelen implicar consorcios empresariales, subcontratistas, tecnología extranjera y cadenas de suministro complejas. La colaboración entre compañías no constituye por sí misma una práctica irregular.
La investigación deberá determinar si las relaciones empresariales influyeron indebidamente en las adjudicaciones, si los criterios de selección estaban justificados y si las condiciones económicas se ajustaron a las normas.
El informe de la IGAE no sustituye la investigación de la Fiscalía ni permite anticipar el resultado de un eventual procedimiento judicial.
Un asunto estratégico para la industria de defensa española
El caso llega en un momento en el que España está aumentando sus inversiones en defensa y busca reforzar su capacidad industrial ante un escenario internacional marcado por la guerra de Ucrania, la competencia tecnológica y las nuevas amenazas.
La modernización militar exige inversiones de largo plazo en blindados, artillería, sistemas antidrones, comunicaciones, ciberseguridad y otras capacidades.
La industria española necesita contratos estables para desarrollar tecnología, mantener empleo cualificado y reducir dependencias externas. Pero ese objetivo debe convivir con la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La investigación también genera incertidumbre entre las empresas del sector. El Independiente ha recogido reacciones de sorpresa y preocupación en la industria, debido a que los expedientes cuestionados afectan a programas relevantes para los planes de modernización.
Además, algunas adjudicaciones han sido objeto de impugnaciones empresariales. Santa Bárbara Sistemas recurrió ante el Tribunal Supremo decisiones relacionadas con programas de artillería autopropulsada adjudicados a una unión temporal de Indra y Escribano.
La existencia de recursos y de una investigación fiscal no significa que todos los contratos estén paralizados ni que las capacidades militares previstas vayan a quedar necesariamente anuladas. Pero sí obliga a examinar si los procedimientos utilizados ofrecen garantías suficientes para las instituciones, los competidores y los contribuyentes.
Qué puede ocurrir ahora con la investigación
Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias y ha solicitado nuevos análisis a la Intervención General de la Administración del Estado.
A partir de la documentación disponible, la Fiscalía deberá determinar si existen indicios suficientes para continuar las actuaciones, solicitar nuevas pruebas o adoptar otras decisiones procesales.
Entre las cuestiones pendientes destacan:
- La justificación de las adjudicaciones: si los procedimientos sin publicidad estaban suficientemente fundamentados.
- La competencia efectiva: si las empresas tuvieron oportunidades reales de presentar ofertas y competir.
- Los conflictos de interés: si las relaciones accionariales y directivas afectaron a las decisiones administrativas.
- La financiación pública: si los préstamos se concedieron y ejecutaron conforme a las condiciones legales.
- El destino de los fondos: si los pagos y anticipos respondieron a necesidades justificadas de los programas.
La investigación deberá establecer también si las deficiencias detectadas son administrativas, contractuales o si existen elementos que puedan tener relevancia penal.
La modernización de las Fuerzas Armadas es una necesidad estratégica, pero la urgencia de adquirir armamento no elimina la obligación de justificar cada euro de dinero público.
La seguridad nacional y la transparencia no son objetivos incompatibles. Precisamente porque se trata de contratos estratégicos, los controles deben ser sólidos y las excepciones deben estar justificadas.
El desenlace de esta investigación permitirá conocer si los expedientes cumplieron las garantías legales o si hubo decisiones que deben corregirse y depurarse. En un sector financiado con miles de millones públicos, la rendición de cuentas no es un trámite secundario: forma parte de la propia seguridad del Estado.


