CGPJ y Fiscalía se han convertido en dos de los asuntos centrales de la campaña electoral del 29 de noviembre, con propuestas muy distintas sobre nombramientos, independencia, medios y organización de la justicia.
La campaña de las elecciones generales del 29N arrancó oficialmente el viernes 13 de noviembre y lo hizo con la justicia en el primer plano del debate. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio han puesto sobre la mesa reformas que afectan al Consejo General del Poder Judicial, al ministerio fiscal, a la planta judicial, a la justicia gratuita y a la digitalización de los tribunales.
El contexto no es nuevo. La legislatura ha estado marcada por cambios como la implantación de los tribunales de instancia, la introducción de los medios adecuados de solución de controversias, conocidos como MASC, y el impulso de la administración electrónica. A ello se suma una demanda repetida por jueces, fiscales, abogados y procuradores: más medios, menos retrasos y reglas más claras.
Qué dejó la legislatura y por qué ahora vuelve la justicia
El Gobierno ha aprobado medidas que siguen pendientes de desarrollo o de aterrizaje práctico. Una de las más citadas es la pasarela al RETA para mutualistas alternativos, una reivindicación histórica de abogados, procuradores y otros profesionales colegiados. Pedro Sánchez afirmó este fin de semana que es una cuestión que su Ejecutivo tiene “pendiente para la próxima legislatura”.
También han quedado abiertas dudas sobre la dotación de personal, la implantación tecnológica de los nuevos modelos organizativos, el funcionamiento de los MASC y la puesta en marcha de estructuras especializadas para la protección de la infancia. Todo ello explica que la justicia haya pasado a ser un terreno de choque electoral y no solo un asunto técnico.
CGPJ y Fiscalía, el choque más visible entre partidos
La mayor distancia entre programas aparece en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. PP y Vox quieren que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, sin intervención de los partidos en esa designación. Los populares añaden incompatibilidades para quienes hayan tenido cargos políticos y cambios en el sistema de renovación.
Frente Amplio mantiene la elección parlamentaria actual, pero introduce una vía para evitar bloqueos: si en dos meses no hay acuerdo por mayoría de tres quintos, las cámaras podrían votar de nuevo por mayoría absoluta y el órgano podría constituirse aunque no estén designados todos sus miembros. El PSOE no incorpora medidas específicas sobre este punto.
En la Fiscalía, PP y PSOE coinciden en un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, desligado de la duración de la legislatura. Los socialistas, además, quieren una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la investigación de los delitos a la Fiscalía bajo supervisión judicial y prohíba instrucciones del Gobierno sobre casos concretos.
El PP, por su parte, plantea ampliar las competencias del Consejo Fiscal, fijar criterios objetivos para nombramientos y ascensos, reforzar la autonomía presupuestaria y organizativa del ministerio fiscal y publicar sus comunicaciones con el Gobierno, salvo las excepciones legales. Vox exige requisitos de idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia para el nombramiento del fiscal general.
Qué cambia para el ciudadano en los tribunales
Más allá del debate institucional, los programas también hablan del día a día de quien pisa un juzgado. El PSOE apuesta por ampliar plantillas judiciales y fiscales, regularizar jueces y fiscales sustitutos, mantener el modelo de tribunales de instancia y reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal con pruebas anonimizadas y casos prácticos. También quiere sumar herramientas digitales e inteligencia artificial para agilizar trámites y reclamaciones habituales.
Frente Amplio propone alcanzar la media europea de jueces y fiscales por habitante mediante un plan plurianual de plazas, reforzar los equipos técnicos, estabilizar al personal interino y sustituir el modelo memorístico de oposiciones por un sistema de acceso becado a través de la Escuela Judicial. Además, plantea una incompatibilidad total con actividades remuneradas ajenas a la carrera judicial y la posibilidad de reclamar a jueces y magistrados por daños causados por dolo o culpa grave en los supuestos previstos por la ley.
El PP centra su agenda en los nombramientos judiciales, con concursos públicos de méritos para las plazas del Tribunal Supremo y nuevas medidas de protección frente a presiones, amenazas o intimidaciones contra jueces y tribunales. Vox quiere aumentar la inversión en juzgados, tribunales, sedes judiciales y profesionales de la justicia, además de reforzar los medios dedicados a investigar delitos de corrupción.
Justicia gratuita y digitalización: la parte más práctica
La justicia gratuita y el turno de oficio también entran en la pugna. El PSOE propone una nueva ley para ampliar la cobertura a nuevos colectivos, mejorar las condiciones del turno de oficio y reforzar las oficinas de atención a las víctimas. Frente Amplio quiere elevar los umbrales de renta, agilizar el reconocimiento del derecho, extender la asistencia a personas amenazadas de desahucio, víctimas de violencia sexual y vicaria y migrantes en procedimientos sobre sus derechos fundamentales.
Ese mismo bloque defiende aumentar la financiación del turno de oficio, actualizar baremos y fijar plazos máximos de pago. En digitalización, plantea una ley estatal de justicia digital con estándares comunes de interoperabilidad entre administraciones, expediente judicial electrónico generalizado, intercambio de información entre órganos judiciales y mejoras en sedes, videoconferencias, salas Gesell y ciberseguridad.
El PSOE también quiere extender el uso de lenguaje claro en las resoluciones judiciales. Frente Amplio añade una agenda específica para infancia y violencia sexual infantil: más juzgados especializados, refuerzo de la Fiscalía de Infancia, secciones de infancia y adolescencia, extensión de la prueba preconstituida hasta los 18 años y despliegue del modelo Barnahus en todo el territorio.
PP y Vox no incluyen propuestas específicas sobre la protección procesal de menores en sus programas, aunque Vox sí plantea reducir la edad de responsabilidad penal y revisar la inimputabilidad en determinados delitos violentos dentro del ámbito penal.
Lo que el lector debe mirar de aquí al 29N
La campaña deja una pregunta sencilla para el votante: qué modelo de justicia quiere el próximo Gobierno y con qué medios piensa sostenerlo. Si el debate se traduce en cambios normativos, afectará a los tiempos de los procedimientos, al acceso a la justicia gratuita, a la organización de los juzgados y a la forma en que se eligen y controlan los principales órganos judiciales.
En términos prácticos, los asuntos más sensibles para el ciudadano son tres: el funcionamiento del CGPJ y la Fiscalía, la rapidez de los tribunales y el coste real de litigar o defenderse con asistencia jurídica gratuita. La negociación política y la correlación de fuerzas tras el 29N marcarán si estas propuestas quedan en programa o pasan a convertirse en reformas concretas.


