Una sentencia confirma que una emergencia extrema con una mascota puede justificar una ausencia laboral. No reconoce, sin embargo, un permiso retribuido general para acudir al veterinario o cuidar de un animal enfermo.
La Justicia reconoce que una urgencia veterinaria puede justificar faltar al trabajo
¿Puede una empresa despedir a un trabajador por ausentarse para evitar que su mascota agonice? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de ofrecer una respuesta relevante: una emergencia veterinaria grave, imprevisible y sobrevenida puede justificar una ausencia laboral, incluso cuando el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo no contemplan un permiso específico para atender animales de compañía.
La resolución confirma la improcedencia del despido de una trabajadora de una empresa del sector del contact center que acudió de urgencia al veterinario para que practicaran la eutanasia a su perra, cuyo estado de salud había empeorado de forma crítica.
La compañía había contabilizado cuatro supuestas ausencias injustificadas en aproximadamente un mes y utilizó ese argumento para extinguir su contrato. Sin embargo, los tribunales concluyeron que una de las ausencias estaba justificada por la emergencia veterinaria y que otra correspondía realmente a un retraso, no a una jornada completa de inasistencia.
El pronunciamiento introduce un criterio importante para las relaciones laborales: las obligaciones legales de protección y cuidado de los animales también deben tenerse en cuenta al valorar determinadas ausencias de los trabajadores.
Pero hay una diferencia fundamental que conviene no perder de vista: la sentencia no crea un permiso retribuido para llevar al perro al veterinario, atender a un gato enfermo o acompañar a una mascota durante una operación. Se refiere a una situación excepcional, acreditada y de extrema urgencia.
El TSJC confirma la sentencia y rechaza el recurso de la empresa
La novedad judicial se conoció el 16 de noviembre de 2026, después de que el TSJC desestimara el recurso de suplicación presentado por la empresa Majorel SP Solutions, S.A.U.
La Sala confirmó íntegramente el pronunciamiento que había dictado el Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona el 28 de enero de 2026, mediante la sentencia 17/2026.
La resolución de primera instancia ya había declarado improcedente el despido. Ahora, el tribunal superior respalda el criterio sobre la urgencia veterinaria y profundiza en la necesidad de interpretar las normas laborales teniendo en cuenta la evolución jurídica y social de la relación entre las personas y los animales de compañía.
El TSJC considera que la ausencia de la trabajadora el día en que tuvo que someter a su perra a una eutanasia urgente respondía a una causa de cumplimiento obligado, de carácter urgente y sobrevenido.
En consecuencia, la empresa no podía computar aquella jornada como una falta injustificada a efectos disciplinarios.
La decisión no significa que cualquier trabajador pueda ausentarse unilateralmente cuando lo considere necesario. Lo que establece es que la existencia de una obligación laboral no puede valorarse ignorando una emergencia real que también implica responsabilidades legales para el trabajador.
La trabajadora fue despedida por cuatro ausencias en un mes
El conflicto comenzó cuando la empresa comunicó a la empleada su despido disciplinario el 7 de enero de 2025.
La compañía le atribuía cuatro ausencias injustificadas en un periodo aproximado de un mes: los días 29 de noviembre y 3, 9 y 25 de diciembre de 2024.
La trabajadora, que prestaba servicios como teleoperadora especialista, impugnó la decisión empresarial ante los tribunales.
El convenio colectivo estatal del sector del contact center contemplaba como falta muy grave la acumulación de tres o más ausencias injustificadas en un mes. Por tanto, la empresa necesitaba acreditar ese número de incumplimientos para respaldar la sanción aplicada.
El juzgado examinó individualmente las cuatro situaciones y no aceptó que todas pudieran considerarse ausencias injustificadas.
La diferencia resultó decisiva: una vez descartadas dos de las imputaciones, la compañía no alcanzaba el umbral previsto en el convenio colectivo.
La perra estaba agonizando y la eutanasia no podía esperar
El episodio determinante ocurrió el 29 de noviembre de 2024.
La trabajadora convivía con una perra de avanzada edad que presentaba graves problemas de salud. El día anterior había acudido a una clínica veterinaria porque el animal tenía un estado general muy deteriorado, estaba apático y presentaba un sangrado en la boca provocado por un nódulo.
La veterinaria había advertido de la gravedad del pronóstico y de la posibilidad de que fuera necesario practicarle la eutanasia. Inicialmente, se había programado una nueva cita para el día 30 de noviembre.
Sin embargo, la situación empeoró de forma repentina. El día 29, la trabajadora comunicó a la clínica que la perra estaba muy intranquila, no bebía, no comía y que el nódulo había aumentado de tamaño.
Ante ese deterioro, la veterinaria adelantó la cita para practicar la eutanasia por razones humanitarias.
La intervención terminó a las 15:55 horas, cuando la jornada laboral de la empleada finalizaba a las 16:00.
El juzgado consideró que exigirle esperar hasta el final de su horario habría prolongado innecesariamente el sufrimiento del animal. No se trataba de una consulta rutinaria que pudiera aplazarse, sino de una situación crítica que requería una actuación inmediata.
El TSJC ha respaldado ese razonamiento y ha rechazado que la trabajadora tuviera que posponer necesariamente la atención veterinaria.
Solo dos de las cuatro ausencias se consideraron injustificadas
El análisis de los cuatro días imputados por la empresa fue determinante para declarar improcedente el despido.
Los tribunales diferenciaron las circunstancias de cada jornada:
- 29 de noviembre: la ausencia quedó justificada por la emergencia veterinaria y la necesidad de practicar la eutanasia sin demoras.
- 3 de diciembre: el juzgado consideró que la trabajadora había llegado tarde, pero no que hubiera faltado toda la jornada. La distinción era relevante porque un retraso no equivale automáticamente a una ausencia completa.
- 9 de diciembre: la trabajadora no aportó documentación suficiente para justificar la falta.
- 25 de diciembre: tampoco acreditó suficientemente el motivo de la ausencia.
Por tanto, únicamente dos de las cuatro ausencias pudieron considerarse injustificadas.
La diferencia tuvo consecuencias directas sobre la aplicación del convenio colectivo. Si la empresa necesitaba tres ausencias injustificadas para justificar la falta muy grave, no podía alcanzar ese umbral contabilizando una emergencia veterinaria justificada y un retraso como si fueran jornadas completas de inasistencia.
El despido fue declarado improcedente y el juzgado condenó a la empresa a optar entre readmitir a la trabajadora o indemnizarla con 4 116,42 euros, en los términos establecidos en la sentencia.
La confirmación del TSJC respalda la improcedencia de la extinción contractual.
La Ley de Bienestar Animal entra en el debate laboral
Uno de los elementos más relevantes de la resolución es la utilización de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Esta norma reforzó las obligaciones de las personas responsables de animales de compañía. Entre ellas figuran proporcionarles condiciones de vida dignas, garantizar su bienestar y prestarles los cuidados sanitarios necesarios para proteger su salud.
El TSJC tiene en cuenta estas obligaciones al valorar el comportamiento de la trabajadora.
La Sala recuerda que la legislación no puede interpretarse al margen de la realidad social del momento. Para ello recurre también al artículo 3.1 del Código Civil, que establece que las normas deben interpretarse atendiendo, entre otros criterios, a la realidad social del tiempo en que se aplican.
La reforma del Código Civil introducida por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, ya había supuesto un cambio importante al abandonar la consideración de los animales como simples bienes materiales y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad.
Posteriormente, la Ley 7/2023 desarrolló un marco de protección más amplio.
El tribunal entiende que este contexto jurídico debe tenerse en cuenta cuando una persona se enfrenta a una emergencia que afecta gravemente a un animal bajo su responsabilidad.
La conclusión no es que los animales tengan los mismos derechos laborales que los familiares de una persona. Tampoco que la Ley de Bienestar Animal haya modificado automáticamente el catálogo de permisos del Estatuto de los Trabajadores.
La cuestión es más concreta: las obligaciones legales de cuidado pueden justificar una ausencia excepcional cuando existe una emergencia veterinaria grave y debidamente acreditada.
¿Existe ya un permiso retribuido para cuidar de una mascota?
No. Esta es la principal aclaración que deben tener en cuenta los trabajadores.
El Estatuto de los Trabajadores no contempla un permiso retribuido específico para llevar a una mascota al veterinario, atender una enfermedad, acompañarla durante una operación o afrontar su fallecimiento.
La Ley 7/2023 tampoco introdujo una modificación del régimen de permisos laborales para incorporar estas situaciones.
Por tanto, la sentencia del TSJC no concede automáticamente días libres ni establece que las empresas deban pagar las horas que un empleado dedique a atender a su animal de compañía.
Es necesario diferenciar tres situaciones:
- Permiso retribuido: supone un derecho reconocido legalmente o por convenio colectivo a ausentarse durante un periodo determinado sin perder el salario. No existe un permiso general de este tipo para cuidar mascotas.
- Ausencia justificada: significa que, atendiendo a las circunstancias concretas, la falta de asistencia no debe considerarse un incumplimiento disciplinario. Es el supuesto analizado por el TSJC.
- Ausencia autorizada o recuperable: puede acordarse con la empresa mediante flexibilidad horaria, recuperación de horas, días de asuntos propios u otras fórmulas previstas en la organización del trabajo.
La sentencia no establece una duración mínima o máxima de ausencia ni determina que todas las consultas veterinarias deban considerarse justificadas.
Tampoco permite que un trabajador se conceda unilateralmente un permiso que no existe en la normativa. La urgencia, la documentación y las circunstancias concretas siguen siendo fundamentales.
Qué deben hacer los trabajadores ante una emergencia veterinaria
El pronunciamiento ofrece una referencia importante para quienes se encuentren ante una situación similar, pero no elimina la necesidad de actuar con prudencia.
Si una mascota sufre un empeoramiento grave que requiere atención inmediata, conviene:
- Comunicar la situación a la empresa tan pronto como sea posible, explicando que se trata de una emergencia sobrevenida.
- Solicitar documentación veterinaria que acredite la gravedad del estado del animal y la necesidad de una intervención urgente.
- Conservar justificantes y facturas que permitan demostrar la asistencia y las actuaciones realizadas.
- Explicar por qué no era posible aplazar la atención hasta finalizar la jornada laboral.
- Consultar el convenio colectivo y las normas internas, por si existe alguna fórmula de permiso, flexibilidad o recuperación del tiempo.
La prueba es especialmente importante si la empresa cuestiona posteriormente la ausencia.
No basta con afirmar que la mascota necesitaba atención. El caso que ha llegado al TSJC estaba respaldado por circunstancias médicas concretas, un deterioro repentino y la necesidad de evitar que el animal continuara sufriendo.
Qué cambia para las empresas y los departamentos de recursos humanos
La sentencia también envía un mensaje a las compañías: el poder disciplinario debe ejercerse valorando las circunstancias de cada ausencia.
Las empresas mantienen la obligación de organizar el trabajo y pueden exigir el cumplimiento de los horarios. También pueden sancionar las faltas injustificadas cuando concurran los requisitos legales y convencionales.
Sin embargo, el caso demuestra que no siempre es suficiente contabilizar días de ausencia sin examinar su causa.
Los departamentos de recursos humanos tendrán que prestar atención a situaciones excepcionales relacionadas con el bienestar animal, especialmente cuando exista documentación que acredite una emergencia veterinaria.
Esto no obliga a aceptar cualquier justificación ni impide comprobar los hechos. La empresa puede analizar si existía una urgencia real, si la atención podía aplazarse y si el trabajador actuó de buena fe.
El problema es que, mientras no exista una regulación específica, la frontera entre una ausencia justificada y un incumplimiento laboral seguirá dependiendo en buena medida de las circunstancias de cada caso.
El debate pendiente: ¿debe España crear permisos laborales para las mascotas?
La resolución vuelve a abrir una discusión que lleva tiempo presente en el ámbito laboral: si las obligaciones de cuidado de los animales de compañía deben tener un reflejo específico en los permisos de trabajo.
El reconocimiento legal de los animales como seres sintientes y el aumento de las responsabilidades de sus propietarios han modificado la relación entre las personas y sus mascotas.
Sin embargo, el sistema de permisos laborales no ha incorporado todavía una licencia específica para estas circunstancias.
El abogado Albert Vallribera, del despacho Col·lectiu Ronda, que representó a la trabajadora, ha defendido que el reconocimiento jurídico de los animales debe tener consecuencias también en la interpretación del derecho laboral.
El letrado considera que la necesidad de evitar el sufrimiento de un animal puede tener una dimensión afectiva, pero también jurídica, cuando existe una obligación legal de cuidado.
Al mismo tiempo, reclama una regulación específica que aporte seguridad a trabajadores y empresas. Su argumento es que no debería ser necesario llegar a un despido y a un procedimiento judicial para resolver una emergencia veterinaria extrema.
La propuesta plantea interrogantes que una eventual reforma tendría que resolver: qué animales quedarían incluidos, qué situaciones darían derecho a ausentarse, cuántas horas o días se reconocerían, si serían retribuidos y qué documentación debería aportarse.
También habría que evitar que una regulación demasiado abierta generase conflictos sobre la utilización de los permisos o trasladase costes difíciles de prever a las empresas.
El equilibrio entre protección animal, conciliación y organización del trabajo será uno de los aspectos centrales de cualquier futura reforma.
Una sentencia importante, pero no un cheque en blanco para faltar al trabajo
La decisión del TSJC marca un precedente relevante porque confirma que una emergencia veterinaria extrema puede justificar una ausencia laboral aunque no exista un permiso específico en el Estatuto de los Trabajadores.
Pero su alcance debe explicarse con precisión.
No reconoce días libres por tener una mascota, no convierte las visitas al veterinario en permisos retribuidos y tampoco permite que cualquier trabajador abandone su puesto sin comunicarlo ni acreditar la necesidad.
Lo que hace es impedir que una ausencia excepcional, urgente y sobrevenida se utilice como falta injustificada cuando las circunstancias acreditadas demuestran que el trabajador debía atender una obligación legal de cuidado.
El caso también evidencia un vacío normativo: la legislación española exige proteger a los animales de compañía, pero todavía no establece una fórmula laboral específica para responder a las emergencias que pueden afectarles.
La Justicia catalana ha aclarado que una urgencia veterinaria extrema puede estar por encima de una obligación de asistencia cuando las circunstancias lo justifican. Ahora corresponde al legislador decidir si esa protección debe convertirse en un permiso laboral regulado y con garantías para ambas partes.


