El Gobierno y Canarias quieren desplegar buques y aviones europeos frente a Senegal y Gambia para contener la ruta atlántica. La falta de un acuerdo con los países africanos y las exigencias legales de Frontex complican la operación.
España busca reactivar la operación Hera para frenar la ruta canaria
España quiere recuperar la cooperación marítima europea frente a las costas de África para contener la llegada de cayucos a Canarias. El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico coinciden en reclamar el despliegue de buques, aeronaves y efectivos de Frontex en las zonas de salida de Senegal y Gambia, con el objetivo de detectar embarcaciones antes de que emprendan la peligrosa travesía hacia el archipiélago.
La iniciativa pretende recuperar el modelo de las operaciones Hera I y Hera II, desarrolladas durante la crisis migratoria de 2006. Sin embargo, veinte años después existe un obstáculo jurídico y diplomático que complica su puesta en marcha: el actual reglamento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas establece requisitos específicos para desplegar equipos con competencias ejecutivas en territorio de terceros países.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado celeridad a las instituciones comunitarias para revisar ese marco normativo. El Gobierno de España, por su parte, considera que antes de organizar una operación de estas características es necesario resolver las dificultades legales y conseguir la colaboración de los países africanos implicados.
La discusión no es menor. La ruta atlántica continúa sometiendo a presión a los servicios de emergencia, los recursos de acogida y las administraciones canarias. Y el debate vuelve a situar en primer plano una cuestión que España lleva años planteando: la protección de la frontera exterior europea no puede limitarse a actuar cuando las embarcaciones ya están llegando a las islas.
Canarias registra un repunte del 65,9 % en las llegadas irregulares
Los datos oficiales del Ministerio del Interior confirman el fuerte incremento de las llegadas a Canarias durante 2026.
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre habían alcanzado el archipiélago por vía marítima 24 364 personas, frente a las 14 690 registradas durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 65,9 %, según el balance quincenal del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La situación se agravó especialmente durante la primera mitad de noviembre. En esos quince días llegaron a las islas 11 037 personas a bordo de 106 embarcaciones, según el balance publicado por Interior. El repunte tuvo especial incidencia en El Hierro, donde los dispositivos de emergencia tuvieron que atender numerosas llegadas en un periodo muy reducido.
El incremento no afecta únicamente a Canarias. En el conjunto de España, Interior contabilizaba 44 238 llegadas irregulares hasta el 15 de noviembre, un 39,4 % más que durante el mismo periodo del año anterior.
Estas cifras explican la presión política para reforzar la cooperación europea en el Atlántico. Las autoridades canarias llevan tiempo reclamando más medios y una mayor implicación de las instituciones comunitarias ante una ruta que exige operaciones de vigilancia, rescate, identificación y atención humanitaria.
Conviene precisar que las estadísticas oficiales citadas tienen como fecha de cierre el 15 de noviembre. Por tanto, no deben confundirse con las cifras provisionales posteriores que puedan haberse registrado durante el resto del mes.
Qué pretende España con el despliegue de Frontex en África
La propuesta consiste en organizar una operación conjunta con medios marítimos y aéreos europeos cerca de los principales puntos de salida de las embarcaciones que se dirigen hacia Canarias.
El objetivo sería reforzar la vigilancia de las aguas próximas a Senegal y Gambia, mejorar el intercambio de información con las autoridades locales y detectar las embarcaciones antes de que se adentren en el Atlántico.
La operación podría incluir:
- Buques de vigilancia: patrullas marítimas para detectar embarcaciones sospechosas y coordinar actuaciones con las autoridades africanas.
- Aeronaves de reconocimiento: vigilancia aérea para localizar cayucos y seguir sus movimientos.
- Intercambio de información: cooperación entre Frontex, las fuerzas de seguridad españolas y los organismos competentes de los países de origen y tránsito.
- Coordinación de rescates: identificación de situaciones de peligro y activación de los dispositivos correspondientes.
- Apoyo operativo: asistencia técnica y formación para mejorar las capacidades de vigilancia y control de las autoridades locales.
La finalidad preventiva es uno de los principales argumentos de quienes defienden recuperar un modelo de cooperación similar al de 2006. Detectar una embarcación antes de que se aleje de la costa puede facilitar una intervención temprana y reducir el riesgo de que sus ocupantes afronten una travesía de varios días en condiciones precarias.
No obstante, cualquier actuación tendría que realizarse dentro del marco jurídico aplicable y con la autorización de las autoridades del país correspondiente.
El reglamento europeo de 2019 complica el despliegue
El principal obstáculo jurídico se encuentra en el Reglamento (UE) 2019/1896, que regula el funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y las competencias de Frontex.
La norma contempla la cooperación con terceros países, pero establece condiciones específicas cuando se pretende desplegar equipos de la agencia que puedan ejercer competencias ejecutivas fuera de la Unión Europea.
En concreto, el artículo 73.3 establece que, cuando sea necesario desplegar equipos del cuerpo permanente de Frontex en un tercer país para ejercer poderes ejecutivos, la Unión debe concluir un acuerdo de estatuto con ese Estado. El documento debe regular cuestiones como las competencias de los agentes, sus responsabilidades civiles y penales, el alcance de la operación y las garantías de los derechos fundamentales.
El reglamento también contempla otras formas de cooperación. El artículo 74 permite a Frontex desarrollar actuaciones de asistencia técnica y operativa en territorio de terceros países, siempre que exista autorización del Estado correspondiente y se establezca un plan operativo acordado.
Esta distinción es importante: no toda colaboración de Frontex exige exactamente el mismo instrumento jurídico. El requisito de un acuerdo de estatuto resulta especialmente relevante cuando los agentes desplegados van a ejercer competencias ejecutivas.
Por eso, la discusión entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario no se limita a decidir si la agencia puede colaborar con Senegal o Gambia. La cuestión es qué tipo de operación se quiere desarrollar, qué atribuciones tendrían los efectivos europeos y qué acuerdos serían necesarios para hacerla viable.
España considera que el marco actual dificulta la puesta en marcha de una operación de vigilancia exterior con capacidad suficiente para actuar sobre el terreno. De ahí que el Ministerio del Interior reclame revisar la normativa europea.
Senegal y Gambia tienen la última palabra sobre las operaciones en sus aguas
La dimensión diplomática es tan importante como la jurídica. Frontex no puede desplegar unilateralmente sus equipos en territorio o aguas bajo jurisdicción de un país africano.
La cooperación requiere el consentimiento de las autoridades correspondientes y debe ajustarse a los acuerdos y procedimientos previstos en la normativa europea.
En el caso de Senegal, Fernando Clavijo aseguró que se había producido un encuentro entre el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y el ministro senegalés del Interior para abordar esta cuestión.
Según las declaraciones del presidente canario recogidas en la información original, la reunión no figuraba en las agendas oficiales difundidas. Su objetivo habría sido avanzar en las condiciones necesarias para una posible cooperación.
El consentimiento de Senegal será determinante si la operación pretende actuar en sus aguas territoriales. Lo mismo sucede con Gambia respecto a las actuaciones que pudieran desarrollarse bajo su jurisdicción.
Los países africanos tienen sus propios intereses de seguridad, soberanía y política migratoria. Por tanto, la propuesta europea necesita una negociación que establezca con claridad las competencias, los medios desplegados y las responsabilidades de cada parte.
Además, cualquier acuerdo debe respetar el derecho internacional y el principio de no devolución (non-refoulement), que impide devolver a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución o determinados daños graves.
El Gobierno y Canarias discrepan sobre la vía para activar la operación
Aunque el Ejecutivo central y el autonómico coinciden en la necesidad de reforzar la vigilancia de la ruta atlántica, mantienen diferencias sobre cómo debe articularse la iniciativa.
Fernando Clavijo ha defendido que el reglamento europeo ofrece posibilidades para desplegar misiones de cooperación y ha pedido acelerar las gestiones ante Bruselas.
El presidente canario también ha afirmado que el comisario Magnus Brunner le trasladó que España no había presentado formalmente una solicitud de despliegue de Frontex en el exterior.
Desde el Ministerio del Interior, según las fuentes citadas en la información original, se insiste en que primero deben resolverse las dificultades del marco regulatorio. La posición ministerial pasa por conseguir unas condiciones jurídicas que permitan ejecutar la operación sin obstáculos posteriores.
La diferencia afecta al orden de los pasos: Canarias quiere avanzar en la activación de la misión, mientras que Interior considera prioritario modificar o aclarar las reglas que condicionan su despliegue.
En cualquier caso, existe un requisito que ninguna de las dos administraciones puede obviar: la colaboración de los países africanos en los que se pretende operar.
Hera I y Hera II: qué ocurrió durante la crisis de los cayucos de 2006
La propuesta española recupera un precedente que marcó la cooperación europea en materia migratoria.
En 2006, durante una de las mayores crisis de llegadas irregulares a Canarias, Frontex coordinó las operaciones Hera I y Hera II, con la participación de siete países del espacio Schengen y un presupuesto total de 3,5 millones de euros. De esa cantidad, 2,8 millones fueron cofinanciados por la agencia europea.
Las dos operaciones tenían objetivos diferentes.
Hera I: identificación y apoyo a los retornos
La primera fase comenzó en julio de 2006 y desplegó grupos de expertos de distintos países europeos en Canarias.
Su cometido era colaborar con las autoridades españolas en la identificación de las personas que llegaban a las islas y determinar sus países de origen.
Según el balance publicado por Frontex, durante el desarrollo de la operación llegaron al archipiélago 18 987 inmigrantes irregulares. La agencia indicó que se logró establecer el país de origen de todos los identificados.
La información obtenida contribuyó a los procedimientos de retorno realizados por las autoridades españolas. Entre junio y octubre de aquel año fueron repatriadas 6 076 personas, según los datos oficiales de Frontex.
Hera II: vigilancia marítima frente a las costas africanas
La segunda fase comenzó el 11 de agosto de 2006 y se centró en la vigilancia de las rutas marítimas.
Italia aportó un buque y una aeronave; Portugal, un buque; y Finlandia, una aeronave. Estos medios trabajaron junto a los recursos españoles y a la colaboración de las autoridades de Senegal y Mauritania.
Las patrullas actuaron en zonas costeras de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Canarias. El objetivo era detectar las embarcaciones que se dirigían al archipiélago y coordinar actuaciones para impedir que sus ocupantes emprendieran una travesía peligrosa.
Frontex aseguró que durante Hera II se consiguió evitar que más de 3 500 personas iniciaran ese recorrido desde las costas africanas. La operación terminó el 15 de diciembre de 2006.
El precedente demuestra que la cooperación internacional puede tener un papel importante en la vigilancia de la ruta atlántica. Sin embargo, no garantiza que una operación similar produzca hoy los mismos resultados: han cambiado las condiciones migratorias, las rutas, los marcos legales y las relaciones diplomáticas.
Las devoluciones siguen siendo uno de los grandes problemas
Uno de los aspectos que diferencia la situación actual de la crisis de 2006 es la dificultad para ejecutar retornos cuando no existe colaboración suficiente de los países de origen.
En aquel momento, la identificación de las personas llegadas a Canarias facilitó los procedimientos de repatriación. La cooperación con los gobiernos africanos resultó esencial para llevarlos a cabo.
En la actualidad, la falta de acuerdos operativos eficaces y las dificultades para obtener documentación y autorizaciones de los países de origen complican los procedimientos de retorno.
La vigilancia marítima puede contribuir a detectar salidas y prevenir situaciones de peligro, pero no resuelve por sí sola los problemas relacionados con la identificación, la protección internacional o la devolución de personas que no tienen derecho a permanecer en España.
Por eso, una eventual operación de Frontex tendría que integrarse en una política más amplia que incluya cooperación diplomática, gestión de fronteras, procedimientos de asilo y mecanismos de retorno ajustados a la legislación.
El Gobierno anuncia 20,1 millones de euros para responder a la emergencia
Mientras se negocia una posible operación europea, el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias intentan reforzar la respuesta inmediata en las islas.
La información publicada el 18 de noviembre recoge el anuncio de cinco millones de euros adicionales mediante un real decreto ley urgente para reforzar la atención sanitaria y afrontar el impacto socioeconómico de la crisis.
Esta cantidad se suma a los 15,1 millones de euros vinculados a la declaración de emergencia migratoria, destinados a recursos de acogida, atención en costa y derivaciones.
En total, las partidas mencionadas ascienden a 20,1 millones de euros.
También se incorporó a los dispositivos canarios la guardamar Calíope. Según la información original, con su llegada había tres embarcaciones de este tipo de Salvamento Marítimo operando en el archipiélago.
La presión sobre los servicios de emergencia se había concentrado especialmente en El Hierro. En la jornada descrita por la información original quedaban alrededor de 500 personas en la isla, después de los traslados realizados hacia otros puntos de Canarias y la Península.
El refuerzo de los medios de rescate y acogida resulta necesario para atender las llegadas, pero no sustituye a las medidas de prevención y cooperación exterior que reclama el Ejecutivo autonómico.
Qué falta para que Frontex pueda desplegarse en Senegal y Gambia
La recuperación de una operación similar a Hera depende de varios pasos que todavía deben resolverse.
- Definir el alcance de la misión: determinar si será una operación de vigilancia, asistencia técnica o despliegue de equipos con competencias ejecutivas.
- Resolver el marco jurídico: establecer si es necesario un acuerdo de estatuto y qué modificaciones normativas reclama España.
- Conseguir el consentimiento de los países africanos: negociar con Senegal y Gambia las condiciones de actuación en sus territorios y aguas.
- Acordar un plan operativo: concretar los medios, las zonas de vigilancia, las competencias y las responsabilidades.
- Garantizar las salvaguardias legales: asegurar el respeto a los derechos fundamentales, la protección de datos y el principio de no devolución.
Hasta que esos requisitos estén resueltos, el despliegue de buques y aviones europeos no puede considerarse una operación confirmada ni existe un calendario definitivo.
La ruta canaria vuelve a situar la frontera exterior europea en el centro del debate
El repunte de las llegadas a Canarias ha reabierto el debate sobre la capacidad de España y de la Unión Europea para gestionar la ruta atlántica.
El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico coinciden en que reforzar la cooperación con los países africanos puede ayudar a detectar embarcaciones antes de que emprendan una travesía de alto riesgo. La experiencia de 2006 ofrece un precedente, aunque las condiciones actuales exigen acuerdos y garantías diferentes.
La discusión sobre Frontex revela, además, una cuestión institucional: la Unión Europea dispone de una agencia especializada en la vigilancia de fronteras, pero sus operaciones fuera del territorio comunitario dependen de reglas jurídicas, acuerdos diplomáticos y autorizaciones de los países implicados.
España quiere que la respuesta europea empiece antes de que los cayucos alcancen Canarias. El desafío inmediato consiste en convertir esa reclamación política en acuerdos concretos con Bruselas, Senegal y Gambia, sin dejar de garantizar la protección de las personas y el cumplimiento del derecho internacional.


