La Agencia Española de Protección de Datos considera que la entidad no podía clasificar automáticamente los pagos de sus clientes sin ofrecerles la posibilidad de rechazarlo. El banco abonó 1,2 millones, pero no reconoció su responsabilidad.
Una compra en una farmacia, un pago en una clínica o una aportación a una organización pueden revelar mucho más que el importe de una operación bancaria. También pueden ofrecer pistas sobre los hábitos, las circunstancias personales y las preferencias de quien realiza el pago.
Ese es el problema que ha llevado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a imponer una sanción de 1,5 millones de euros a Openbank, la entidad de banca digital del Grupo Santander. El organismo considera que el banco utilizó una herramienta de categorización automática de gastos sin disponer de una base jurídica válida para hacerlo de manera obligatoria.
La entidad se acogió a la reducción del 20 % por pronto pago y desembolsó 1,2 millones de euros, aunque dejó constancia expresa de que no aceptaba la responsabilidad que le atribuía la Agencia. Además, la resolución obliga a Openbank a ofrecer a sus clientes la posibilidad de aceptar o rechazar esa función, o acreditar que dispone de otra base legal adecuada.
Una reclamación de un cliente de Países Bajos desencadenó el expediente
El origen del procedimiento se encuentra en la reclamación de un cliente neerlandés que tenía una cuenta bancaria y una tarjeta de débito de Openbank.
El usuario comprobó que los movimientos de su cuenta aparecían clasificados automáticamente en distintas categorías de gasto. En abril de 2023 pidió a la entidad que dejara de realizar esa clasificación.
Su preocupación no era únicamente estética o funcional. Consideraba que la categorización podía revelar información personal a partir de sus compras, incluidos posibles gastos relacionados con la salud o indicios de pertenencia a movimientos políticos y religiosos.
El 23 de mayo de 2023, Openbank le comunicó que no era posible desactivar aquella función en ese momento. El banco explicó que estudiaría la petición para futuras mejoras de sus productos y servicios, pero no ofreció una alternativa inmediata.
El cliente acudió entonces a la autoridad neerlandesa de protección de datos. Al tratarse de una entidad cuya sede principal está en España y de un tratamiento que afectaba a usuarios de varios países, la reclamación fue trasladada a la Agencia Española de Protección de Datos mediante el sistema europeo de cooperación administrativa.
La AEPD asumió la investigación como autoridad de control principal. También participaron en el procedimiento las autoridades de Países Bajos, Luxemburgo y varias regiones alemanas.
Qué hacía Openbank con los movimientos bancarios
La herramienta cuestionada clasificaba automáticamente las operaciones de las cuentas y tarjetas en categorías que permitían al usuario consultar cómo distribuía su dinero.
Entre los grupos identificados por la Agencia figuraban:
- Restaurantes.
- Transporte y automoción.
- Educación, salud y belleza.
- Seguros, organismos y ONG.
- Casa y hogar.
- Comercio y tiendas.
- Ocio y viajes.
- Inversiones y ahorro.
En principio, esta función puede resultar útil para quienes desean controlar sus finanzas personales. Permite conocer cuánto dinero destinan a alimentación, ocio, transporte o determinados servicios sin tener que revisar manualmente cada movimiento.
El problema jurídico no era la existencia de una herramienta de gestión financiera, sino que Openbank la aplicaba sin permitir que el cliente rechazase el tratamiento de sus datos.
La clasificación de los pagos puede proporcionar información sobre los hábitos de consumo y las circunstancias económicas de una persona. Incluso cuando las categorías son genéricas, el análisis acumulado de los movimientos permite elaborar una imagen bastante detallada de su comportamiento financiero.
La AEPD consideró que ese tratamiento debía contar con una justificación jurídica propia y no podía imponerse como una condición inseparable de la contratación de una cuenta corriente.
La defensa del banco: la categorización formaba parte del contrato
Durante la investigación, Openbank defendió que la clasificación de gastos estaba integrada en las funcionalidades de su servicio de banca digital.
Su argumento principal era que el cliente había aceptado las condiciones contractuales y la política de privacidad de la entidad. Por tanto, el banco consideraba que el tratamiento estaba amparado por el artículo 6.1.b del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que permite tratar información personal cuando resulta necesario para ejecutar un contrato.
La entidad sostenía que la categorización ayudaba a los usuarios a gestionar sus finanzas y que los datos se mostraban dentro del entorno privado de cada cliente. También defendió que las categorías eran genéricas y personalizables y que no utilizaba esa información para fines comerciales propios.
Sin embargo, la Agencia rechazó que la función pudiera considerarse imprescindible para prestar el servicio bancario contratado.
La resolución recuerda que una cuenta corriente puede funcionar perfectamente sin clasificar los pagos. El cliente necesita poder consultar su saldo, recibir ingresos y realizar transferencias y operaciones de cobro y pago. La categorización automática constituye una prestación adicional, no una condición indispensable para mantener la cuenta.
La AEPD también se apoyó en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que un tratamiento de datos solo puede justificarse por la ejecución de un contrato cuando sea objetivamente indispensable para cumplir su finalidad principal.
Que una función aparezca en las condiciones contractuales o resulte útil para el usuario no significa automáticamente que sea necesaria desde el punto de vista jurídico.
El interés legítimo tampoco justificaba el tratamiento
Openbank planteó también que la categorización podía justificarse por su interés legítimo en ofrecer un servicio más completo y facilitar la gestión económica de los clientes.
La Agencia examinó esa posibilidad y concluyó que tampoco quedaba acreditada.
El RGPD permite tratar datos personales por interés legítimo cuando concurren determinadas condiciones: debe existir un interés real, el tratamiento ha de ser necesario para alcanzarlo y los derechos y libertades de los afectados no pueden prevalecer sobre ese interés.
En este caso, la AEPD consideró que Openbank no había demostrado que necesitara clasificar automáticamente los gastos para mejorar sus servicios. La entidad podía ofrecer herramientas de gestión financiera menos intrusivas o permitir que los clientes decidieran si querían utilizarlas.
El organismo también señaló que los usuarios pueden no esperar razonablemente que el banco analice sus hábitos de gasto más allá de lo imprescindible para ejecutar las operaciones de una cuenta corriente.
Por tanto, ni la ejecución del contrato ni el interés legítimo sirvieron para justificar la categorización obligatoria en las condiciones examinadas.
Por qué la categorización de gastos afecta a la privacidad
El debate va más allá de una cuestión técnica sobre cómo aparecen los movimientos en una aplicación bancaria.
Los datos financieros pueden revelar aspectos relevantes de la vida de una persona. La frecuencia de determinados pagos, los establecimientos en los que compra o los servicios que contrata permiten construir patrones de comportamiento.
Por ejemplo:
- Los pagos en centros médicos o farmacias pueden ofrecer indicios sobre cuestiones relacionadas con la salud.
- Las aportaciones periódicas a determinadas organizaciones pueden revelar preferencias o vínculos personales.
- Los gastos en viajes y desplazamientos permiten reconstruir hábitos y movimientos.
- La distribución del gasto puede mostrar circunstancias económicas y cambios en la situación personal.
Conviene hacer una precisión jurídica: los datos financieros no se convierten automáticamente en categorías especiales de datos personales según el artículo 9 del RGPD. Sin embargo, la información derivada de las transacciones puede tener implicaciones sensibles y merece una protección adecuada.
La propia AEPD destacó que los movimientos financieros permiten conocer hábitos y circunstancias económicas, por lo que su tratamiento requiere especial diligencia.
La resolución no declara que Openbank hubiera utilizado la categorización para elaborar perfiles políticos o religiosos de sus clientes ni que hubiera vendido esa información a terceros. El motivo de la sanción fue la falta de una base jurídica adecuada para imponer el tratamiento sin una opción real de rechazo.
La sanción: 1,5 millones de euros, reducidos a 1,2 millones
La AEPD fijó una multa de 1 500 000 euros por vulnerar el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, relativo a la licitud del tratamiento de información personal.
Para determinar la cuantía, el organismo tuvo en cuenta diferentes circunstancias.
Una de las más relevantes fue el alcance de la práctica. Aunque la investigación comenzó por la reclamación de un solo usuario, la categorización se aplicaba de manera general a los clientes de banca digital afectados por esa operativa.
La Agencia consideró que no se trataba de un incidente aislado, sino de una práctica de alcance sistémico. En su resolución recordó que Openbank contaba con aproximadamente 2,5 millones de clientes al cierre de 2023.
También valoró la naturaleza de los datos tratados, el carácter de la conducta y la relación directa de la actividad bancaria con el tratamiento continuado de información personal.
La AEPD tuvo en cuenta, además, el volumen de negocio del Grupo Santander, que ascendió a 61 876 millones de euros en 2024, como uno de los elementos utilizados para graduar la sanción.
La multa quedó fijada en 1,5 millones de euros. Sin embargo, Openbank decidió acogerse al mecanismo de reducción por pronto pago previsto en la legislación administrativa española.
El 6 de octubre de 2025 abonó 1,2 millones de euros, lo que supuso una rebaja del 20 %. Ese pago permitió dar por terminado el procedimiento sancionador en los términos previstos por la ley.
Openbank pagó, pero no reconoció su responsabilidad
El abono de la sanción no significa que Openbank aceptara las conclusiones de la Agencia.
La documentación oficial recoge expresamente que la entidad realizó el pago voluntario sin reconocer su responsabilidad. El banco manifestó su desacuerdo con la interpretación jurídica de la AEPD y dejó constancia de su intención de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si la resolución final mantenía la sanción.
Hay una diferencia importante entre pagar para beneficiarse de una reducción y admitir que se ha cometido una infracción. La normativa permite el pago voluntario con descuento, pero condiciona esa ventaja a la renuncia a los recursos administrativos contra la sanción.
En consecuencia, Openbank renunció a recurrir en vía administrativa, aunque conservó la posibilidad de acudir a los tribunales.
Por tanto, no debe interpretarse el pago de los 1,2 millones como una confesión de responsabilidad ni como una aceptación voluntaria de los argumentos de la Agencia.
La AEPD obliga a ofrecer una elección real a los clientes en toda Europa
La sanción económica no es la única consecuencia de la resolución.
La Agencia ha ordenado a Openbank que, en un plazo máximo de seis meses desde la ejecutividad de la resolución, adopte medidas para demostrar que sus clientes pueden decidir libremente si aceptan o rechazan la categorización de sus gastos, o que dispone de otra base jurídica válida para realizar ese tratamiento.
La orden tiene un alcance que supera el caso del cliente neerlandés que inició la reclamación.
La medida debe aplicarse en todos los países de la Unión Europea en los que opera Openbank. De esta manera, la entidad tendrá que adaptar su funcionamiento para que la categorización no se imponga sin una justificación legal suficiente.
El pago de la multa tampoco elimina esta obligación. La Agencia advierte de que no cumplir las medidas correctivas podría dar lugar a nuevas actuaciones sancionadoras.
El expediente demuestra así que una reclamación individual puede acabar provocando cambios en una práctica que afecta a un conjunto mucho más amplio de usuarios.
Qué deben saber los clientes de Openbank
La resolución no significa que los bancos tengan prohibido ofrecer herramientas para organizar los gastos. Tampoco impide que una entidad clasifique movimientos cuando dispone de una base jurídica válida y cumple las obligaciones de información y protección de datos.
Lo que establece la AEPD es que la categorización automática no puede imponerse como una función obligatoria de la cuenta corriente sin una justificación legal suficiente.
Para los clientes, la cuestión fundamental es que puedan decidir si quieren utilizar esa herramienta sin que su negativa implique necesariamente renunciar a los servicios bancarios básicos.
El caso también recuerda que aceptar las condiciones generales de una cuenta no autoriza automáticamente cualquier tratamiento adicional de datos personales. Cada operación debe tener una finalidad legítima y una base jurídica que cumpla los requisitos del RGPD.
La banca digital ofrece cada vez más servicios de análisis financiero, presupuestos automáticos y clasificación de compras. Son herramientas que pueden resultar prácticas, pero su comodidad no elimina la obligación de respetar la privacidad.
La resolución contra Openbank deja una cuestión clara para todo el sector financiero: los datos de los movimientos bancarios no pueden utilizarse para ofrecer servicios adicionales de forma obligatoria si el tratamiento no resulta imprescindible para prestar el servicio contratado y no existe otra base legal válida.


