El Ayuntamiento de Barcelona prevé gastar unos 200.000 euros al año en detectar fake news Barcelona sobre la ciudad y el propio consistorio. El gobierno de Jaume Collboni ha sacado a licitación un contrato para localizar “narrativas de desinformación” en redes sociales y medios digitales, con un coste que puede llegar a 402.284,24 euros con IVA para 2027 y 2028, y que podría rozar los 800.000 euros si se activa la prórroga de dos años prevista en los pliegos.
La medida llega en plena polémica política en el Ayuntamiento y con un debate abierto sobre hasta dónde puede llegar una administración local cuando intenta combatir rumores, contenidos manipulados o mensajes engañosos. Según la documentación del contrato, el objetivo es actuar sobre una desinformación que, a juicio del consistorio, puede afectar a la convivencia, a la confianza en lo público y a la reputación de Barcelona.
¿Qué quiere hacer exactamente el Ayuntamiento con este contrato?
La licitación plantea un servicio de detección, clasificación, verificación y asesoramiento sobre contenidos digitales vinculados a la ciudad. El seguimiento se hará en Instagram, Facebook, TikTok, X, Bluesky y Threads, además de medios de comunicación digitales, según el pliego técnico.
El consistorio sostiene que la desinformación no se limita a contenidos abiertamente falsos. También incluye rumores, teorías conspirativas, piezas descontextualizadas, manipulaciones audiovisuales y mensajes que aparentan ser fiables. Por eso quiere apoyarse en herramientas tecnológicas, monitorización permanente y personal especializado para analizar ese flujo de menciones.
Fuentes del servicio de prensa municipal explican que la intención es crear un observatorio contra la desinformación, pensado para verificar contenidos falsos o engañosos relacionados con la ciudad y la institución. El Ayuntamiento lo presenta como una herramienta de monitorización, análisis y verificación, con la idea de responder con rigor y proporcionalidad cuando aparezcan campañas que afecten al interés público.
¿Cuánto cuesta y hasta dónde puede subir el gasto?
El presupuesto base de la licitación es de 402.284,24 euros con IVA para dos años. El contrato está pensado para 2027 y 2028, pero los pliegos contemplan una posible prórroga de otros dos años, lo que elevaría el gasto total hasta cerca de 800.000 euros.
En la práctica, el Ayuntamiento calcula un coste de unos 200.000 euros por ejercicio. Además del trabajo de seguimiento, el pliego incluye licencias de software, infraestructura tecnológica, mantenimiento, asesoramiento estratégico y todas las garantías de seguridad que exige una administración pública.
El propio consistorio justifica el contrato como una respuesta a un problema que considera también económico, social y democrático. En su argumentación, la desinformación puede tener “efectos directos” sobre la convivencia y sobre la confianza en la res pública, dos elementos especialmente sensibles en una ciudad grande y muy expuesta al debate digital como Barcelona.
¿Qué sabe ya el Ayuntamiento sobre la desinformación en Barcelona?
El gobierno municipal dice que durante el primer semestre de 2025 hizo un estudio inicial para medir el fenómeno. En esos seis meses localizó 44.000 menciones en redes sociales y medios digitales. De ellas, el 20%, es decir, 8.800, tenían un sentimiento negativo.
También identificó 111 narrativas, de las que 31 fueron consideradas susceptibles de activar un plan de acción. Según el pliego, cuando el contrato esté en vigor se podría superar la barrera de las 100.000 menciones anuales.
Ese volumen ayuda a entender por qué el Ayuntamiento quiere sistematizar el rastreo. Para los vecinos de Barcelona, el impacto puede notarse en la rapidez con la que el consistorio detecta bulos sobre obras, servicios, seguridad, movilidad o decisiones políticas. También en la forma en que responde cuando una información falsa se extiende con rapidez por redes o canales de mensajería digital.
¿Por qué el contrato ha encendido la batalla política?
La licitación ha provocado un choque inmediato entre el gobierno de Collboni y la oposición. El PP la considera “un atentado contra la libertad de expresión” y acusa al ejecutivo municipal de querer fiscalizar opiniones. Su presidente en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha anunciado que pedirá el expediente completo y llevará el caso a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y, si procede, a los órganos de contratación pública.
ERC también ve problemas en el diseño del contrato. Los republicanos no discuten la necesidad de combatir la desinformación, pero creen que el pliego deja demasiados interrogantes. En especial, cuestionan que el 60% de la puntuación dependa de criterios sujetos a juicio de valor y reclaman saber quién formará el comité de expertos independientes que debe valorar las ofertas, qué perfil tendrá y cómo se garantizará su independencia.
Junts eleva aún más el tono y habla de “mecanismo de censura”. Para su grupo, un ayuntamiento no debe convertirse en una especie de policía de la verdad digital, porque puede acabar confundiendo crítica política con desinformación. Barcelona en Comú, por su parte, pide coherencia al alcalde y le reprocha que quiera combatir las fake news mientras, según su criterio, el consistorio subvenciona medios que difunden informaciones falsas.
¿Qué supone para los barceloneses esta estrategia contra las fake news?
Para el vecino de Barcelona, el debate no es solo técnico ni de partido. Si el contrato sale adelante, el Ayuntamiento tendrá más capacidad para vigilar qué se dice sobre la ciudad y cómo se amplifican los mensajes en redes. Eso puede servir para reaccionar antes ante contenidos engañosos sobre servicios públicos, seguridad o gestión municipal.
Pero también abre preguntas sobre los límites. La documentación habla de identificar autores, analizar el sentimiento de las publicaciones e incluso plantear la retirada de contenidos. Ahí está el punto más delicado para una parte de la oposición, que teme que la herramienta termine utilizándose para vigilar la crítica política y no solo para combatir falsedades comprobables.
El gobierno de Collboni insiste en que la información pública, veraz y honesta debe protegerse. Mientras tanto, la licitación sigue su curso y el Ayuntamiento se prepara para presentar próximamente ese observatorio contra la desinformación, en un momento en que Barcelona quiere blindar su reputación digital sin abrir otro frente sobre libertad de expresión.


