Un informe del CENIF calcula que miles de migrantes utilizaron salvavidas del mismo modelo durante la entrada masiva de julio. Los investigadores descartan que semejante volumen responda a compras casuales y apuntan a una posible distribución organizada.
La entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026 pudo contar con una preparación logística previa de grandes dimensiones. Esa es la conclusión a la que apunta un nuevo informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que calcula que durante el episodio se utilizaron probablemente entre 8 000 y 10 000 flotadores de un mismo modelo.
Los investigadores consideran que la disponibilidad de tantos salvavidas iguales, concentrados en un espacio geográfico y un momento determinados, difícilmente puede explicarse mediante compras individuales y espontáneas. El documento, remitido a la Audiencia Nacional, plantea que pudo existir una partida adquirida con anterioridad y distribuida de forma localizada para facilitar los cruces por mar.
La hipótesis añade un elemento material a una investigación que ya examina la organización de la convocatoria a través de redes sociales y las posibles conexiones de sus promotores con integrantes de estructuras de seguridad marroquíes. Sin embargo, la existencia de indicios de planificación no permite atribuir automáticamente la operación a un organismo o autoridad concreta.
Entre 8 000 y 10 000 flotadores de un mismo modelo
El dato más llamativo del informe es la estimación del número de flotadores utilizados durante la entrada masiva. La Policía contempla una horquilla amplia, de entre 4 000 y 30 000 unidades, aunque considera que el escenario intermedio más probable se sitúa entre 8 000 y 10 000.
No se trata de una cifra exacta obtenida mediante un recuento individual de todos los salvavidas. Es una estimación policial elaborada a partir del análisis de imágenes aéreas, fotografías de detalle y material difundido por redes sociales y medios de comunicación.
Según la información publicada por la Agencia EFE, los flotadores presentaban características comunes: eran de plástico, de color negro y con un dibujo estampado. La uniformidad del producto constituye uno de los elementos que llevan a los investigadores a plantear la posible existencia de una partida de grandes dimensiones.
El CENIF considera que no resulta verosímil que miles de personas adquiriesen por separado semejante cantidad de unidades en establecimientos comerciales o a través de internet, sin que existiera una disponibilidad previa de mercancía y una planificación de los pedidos.
La hipótesis policial apunta a tres elementos relacionados:
- Adquisición previa: una partida de flotadores de grandes dimensiones habría sido comprada antes de la entrada masiva.
- Distribución localizada: las unidades habrían llegado a puntos concretos próximos a la zona fronteriza.
- Utilización generalizada: los flotadores habrían sido empleados por un número elevado de personas durante los cruces.
Los investigadores describen este posible mecanismo como un componente logístico con disponibilidad, distribución y uso preordenados.
Castillejos y las playas próximas a El Tarajal, bajo el análisis policial
La investigación también trata de determinar dónde se consiguieron los flotadores y cómo llegaron hasta las personas que participaron en los cruces.
Las imágenes examinadas por la Policía no muestran, según el análisis recogido por EFE, puntos de venta claramente identificables que permitan explicar por sí solos el suministro de miles de unidades.
Sin embargo, los testimonios recabados durante la investigación ofrecen distintas versiones. Algunas personas que entraron en Ceuta aseguraron haber comprado los flotadores en Castillejos, localidad marroquí próxima a la frontera española. Otras afirmaron que los adquirieron directamente en la playa, antes de dirigirse al espigón.
Uno de los testimonios llamó especialmente la atención de los investigadores. Una mujer declaró que un militar situado cerca de la orilla les vendió a ella y a sus amigas los flotadores que utilizaron para cruzar. Según esa declaración, pagaron 270 dírhams marroquíes, aproximadamente 27 euros.
Este relato constituye una línea de interés para la investigación, pero debe tratarse como lo que es: un testimonio pendiente de contraste, no una prueba concluyente de que miembros de las Fuerzas Armadas marroquíes organizaran o financiaran el suministro.
La Policía intenta reconstruir la cadena de adquisición y distribución para averiguar si existieron intermediarios, puntos de almacenamiento o mecanismos de reparto coordinados.
La investigación también analiza 97 conexiones con posibles agentes marroquíes
El nuevo informe sobre los flotadores llega después de que trascendiera otro documento del CENIF que identificaba 97 conexiones telefónicas entre administradores y dinamizadores de grupos de WhatsApp relacionados con la convocatoria y números que podrían pertenecer a integrantes de los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia de Marruecos.
La Policía había analizado 19 grupos de WhatsApp, en los que aparecían 1 141 usuarios. Dentro de ese conjunto, los investigadores identificaron 19 administradores y 32 dinamizadores, cuyos contactos fueron examinados para reconstruir las relaciones entre los participantes.
Según el informe policial, las 97 conexiones detectadas podrían estar relacionadas con diferentes estructuras marroquíes, entre ellas:
- La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).
- Los servicios de inteligencia.
- Unidades de la Gendarmería Real.
- Personal destinado a la seguridad de los palacios reales.
- Unidades y estructuras relacionadas con el tráfico.
La Policía ha solicitado nuevas diligencias para que Google y Meta ayuden a identificar y contrastar las relaciones de esos perfiles con otros grupos y usuarios sospechosos.
El informe señala que los contactos aparecen vinculados a agendas de terceros bajo denominaciones que apuntarían a cargos de seguridad. También se habrían contrastado datos con información de fuentes abiertas y con identidades recogidas en filtraciones atribuidas al grupo hacktivista Jabaroot.
Los investigadores advierten, no obstante, de que el sistema de intermediarios y la compartimentación de las actividades dificultan establecer una relación causal directa entre todos los participantes y los responsables últimos de la entrada masiva. Una conexión telefónica constituye un indicio que debe verificarse, no una prueba automática de participación delictiva.
La posición del CENIF y las reservas del CNI
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que los informes de los organismos de seguridad no han llegado a las mismas conclusiones sobre una eventual implicación de las autoridades marroquíes.
El CENIF ha aportado a la investigación judicial distintos elementos que, a su juicio, apuntan a una actuación organizada. Entre ellos figuran el análisis de las comunicaciones, las conexiones telefónicas, los comportamientos observados en la frontera y ahora la posible preparación logística del suministro de flotadores.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por su parte, ha mantenido una conclusión más cautelosa. Según la información publicada sobre su aportación a la causa, el servicio de inteligencia sostiene que, hasta la fecha, no ha obtenido evidencias que permitan afirmar que la entrada masiva fuera resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes.
Esta diferencia es fundamental. Los indicios sobre una posible organización de los cruces no equivalen a demostrar que existiera una orden institucional del Estado vecino.
La investigación deberá determinar si los elementos materiales, las comunicaciones y los testimonios pueden conectarse entre sí y permitir identificar a los responsables.
El Gobierno publicó 40 documentos sobre la crisis de Ceuta
La dimensión del episodio también puede examinarse a través de la documentación oficial que el Gobierno hizo pública en septiembre de 2026.
La página de La Moncloa reúne 40 documentos y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio por distintos organismos del Estado. El repositorio incluye informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
La documentación permite reconstruir qué información manejaban las instituciones antes y durante la entrada masiva, cuándo se transmitieron las alertas y qué organismos recibieron cada comunicación.
Entre los documentos publicados figuran notas del CENIF anteriores al 30 de julio. Una de ellas, fechada el 30 de julio, advertía de un riesgo extremo de colapso por las entradas irregulares en Ceuta y Melilla y recogía información sobre llamamientos masivos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
También aparecen comunicaciones de la Guardia Civil que describían el aumento de la presión migratoria y los movimientos de grupos de personas hacia la frontera.
La publicación de estos documentos permite examinar la secuencia de alertas y las respuestas institucionales. También abre una cuestión relevante para la investigación: qué información recibió cada organismo y qué decisiones se adoptaron antes de que la situación alcanzara su máxima intensidad.
La jueza solicita información sobre los rescates en el mar
La investigación judicial continúa incorporando diligencias para reconstruir lo ocurrido durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa información detallada sobre las personas rescatadas en el mar durante esos dos días.
La petición incluye el número de rescates, los tramos horarios, los lugares en los que fueron localizadas las personas, sus datos identificativos y las unidades de salvamento que intervinieron.
La información puede ayudar a establecer la dimensión real de los cruces por mar y a reconstruir los movimientos de las personas que intentaron alcanzar territorio español.
La jueza también ha solicitado material audiovisual relacionado con un vehículo Ford Focus de matrícula española que, según una querella presentada por una acusación popular, habría permanecido estacionado durante la madrugada del 30 de julio en el espigón del Tarajal. La denuncia sostiene que desde ese vehículo se habría facilitado ropa seca a algunas personas que entraban en Ceuta. Se trata de un extremo que deberá ser comprobado judicialmente.
Una investigación que debe aclarar quién organizó el suministro
El informe sobre los flotadores introduce una cuestión que va más allá del número de personas que participaron en la entrada masiva: cómo fue posible que miles de ellas dispusieran de salvavidas aparentemente iguales en un área fronteriza y en un intervalo de tiempo tan reducido.
La hipótesis del CENIF es que pudo existir una compra previa, seguida de una distribución localizada y de un uso generalizado durante los cruces. Los testimonios sobre adquisiciones en Castillejos y en las playas, incluido el relato de una supuesta venta por parte de un militar, ofrecen pistas que los investigadores tendrán que contrastar.
A ello se suman las conexiones telefónicas detectadas entre los dinamizadores de la convocatoria y números atribuidos indiciariamente a integrantes de estructuras de seguridad marroquíes. Son líneas de investigación que pueden ayudar a reconstruir la organización del episodio, pero todavía requieren comprobaciones adicionales.
La cuestión central sigue abierta: ¿quién consiguió los flotadores, quién los distribuyó y qué relación tuvo ese suministro con la convocatoria masiva? La respuesta será determinante para esclarecer si existió una estructura organizada detrás de la entrada en Ceuta y hasta dónde alcanzaban sus responsabilidades.


