La Comisión Europea denuncia que el Código Penal no recoge correctamente la malversación de dinero comunitario y fija dos meses para corregir la legislación. El aviso coincide con las investigaciones sobre los fondos destinados al AVE Madrid-Sevilla.
España vuelve a estar bajo la lupa de Bruselas por el incumplimiento de sus obligaciones legislativas. La Comisión Europea ha enviado al Gobierno una nueva carta de emplazamiento porque considera que nuestro país no ha adaptado correctamente su legislación penal a la normativa comunitaria contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión.
El requerimiento, comunicado el 19 de noviembre de 2026, señala dos deficiencias principales: la regulación española no contempla adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y establece penas máximas de prisión inferiores a las exigidas por la normativa europea en determinados supuestos.
El asunto adquiere especial relevancia por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea sobre el destino de fondos comunitarios empleados en la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sin embargo, ambas cuestiones deben diferenciarse: el procedimiento de infracción contra España no demuestra que se haya cometido fraude en las obras ferroviarias ni implica que existan responsables penales identificados.
Bruselas vuelve a requerir a España por una directiva de 2017
La norma que ha provocado el conflicto es la Directiva (UE) 2017/1371, conocida como Directiva PIF, aprobada el 5 de julio de 2017 para combatir mediante el Derecho penal el fraude que perjudica a los intereses financieros de la Unión Europea.
Su finalidad es establecer criterios comunes entre los Estados miembros para perseguir delitos que afectan al dinero comunitario. Entre otras cuestiones, armoniza las definiciones de determinadas infracciones, las sanciones y las reglas de competencia judicial.
El plazo para incorporar la directiva a las legislaciones nacionales terminó el 6 de julio de 2019. Sin embargo, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento contra España en diciembre de 2021, cuando remitió una primera carta de emplazamiento por deficiencias en su transposición, entre ellas las relacionadas con la definición de corrupción.
Casi cinco años después de aquel primer requerimiento, Bruselas considera que los problemas no están resueltos. Además, ha identificado nuevas deficiencias relacionadas con la malversación de fondos europeos y el nivel de las penas máximas previstas en la legislación española.
La decisión de noviembre supone el envío de una carta de emplazamiento adicional dentro del expediente de infracción INFR(2021)2235. No es todavía una condena contra España ni una resolución judicial sobre ningún caso concreto.
La directiva europea exige al menos cuatro años de prisión en determinados delitos
Uno de los puntos centrales del conflicto está en el artículo 7 de la Directiva PIF.
Este precepto obliga a los Estados miembros a garantizar que determinados delitos que afectan a los intereses financieros de la UE puedan castigarse con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión cuando produzcan daños o ventajas considerables.
La propia directiva establece que esos perjuicios o beneficios se consideran considerables cuando superan los 100 000 euros en los supuestos contemplados por la norma.
La exigencia no significa que toda persona que malverse más de 100 000 euros deba recibir automáticamente cuatro años de cárcel. Lo que establece es que la legislación nacional debe contemplar una pena máxima de, como mínimo, cuatro años para los delitos incluidos en ese supuesto.
La Comisión considera que el marco penal español no alcanza adecuadamente ese nivel en determinados casos de apropiación o utilización indebida de fondos de la Unión.
La diferencia tiene consecuencias importantes. Si una legislación nacional establece un marco de penas inferior al mínimo exigido por la directiva, puede dificultar que se cumpla el objetivo europeo de disponer de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
El problema de la malversación de fondos europeos
La segunda cuestión señalada por Bruselas afecta a la forma en que España regula la malversación de dinero comunitario.
La Directiva PIF incluye entre las infracciones que deben perseguirse la malversación cometida por funcionarios públicos, cuando se produce una apropiación o utilización indebida de fondos o activos que perjudica los intereses financieros de la Unión.
La Comisión sostiene que España no ha incorporado adecuadamente este delito a su legislación nacional. Por eso, el problema no se limita a la duración de las penas: también afecta a la definición y cobertura penal de las conductas que pueden perjudicar el presupuesto comunitario.
El objetivo de la norma europea es evitar que existan diferencias legislativas que permitan que un mismo comportamiento contra los fondos de la UE tenga consecuencias penales muy distintas dependiendo del país en el que se produzca.
La armonización resulta especialmente importante porque los fondos europeos se gestionan y ejecutan a través de administraciones nacionales, organismos públicos y entidades que reciben financiación comunitaria.
En el caso español, la Comisión considera que las reformas realizadas hasta ahora no han corregido todas las deficiencias identificadas.
Dos meses para responder antes de que avance el procedimiento
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión Europea y abordar los incumplimientos señalados.
La carta de emplazamiento es el primer paso formal de un procedimiento de infracción. Permite al Estado afectado presentar explicaciones y comunicar las medidas que pretende adoptar para corregir la situación.
Si Bruselas considera que la respuesta no resulta satisfactoria, puede emitir un dictamen motivado, en el que expone formalmente las razones por las que considera que el país incumple el Derecho de la Unión y le exige que se ajuste a sus obligaciones.
Si el problema persiste, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ese escenario, España podría acabar enfrentándose a una sentencia que declare el incumplimiento de sus obligaciones comunitarias.
Por tanto, no existe todavía una demanda judicial contra España por esta cuestión. El Gobierno tiene un plazo para responder y la evolución del expediente dependerá de las explicaciones y reformas que presente.
La Fiscalía Europea investiga el uso de fondos en el AVE Madrid-Sevilla
El requerimiento de Bruselas coincide con un asunto que ha situado la gestión de los fondos ferroviarios bajo atención judicial: las investigaciones de la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades en el uso del dinero comunitario destinado a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea confirmó que había iniciado una segunda investigación sobre posibles fraudes relacionados con los fondos destinados a renovar y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de esta infraestructura.
Los investigadores realizaron actuaciones en las sedes de tres organismos públicos:
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
- Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
- Tribunal de Cuentas.
La operación contó con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y fue iniciada por iniciativa propia de la Fiscalía Europea.
El organismo comunitario explicó que no facilitaría más detalles en ese momento debido al estado de las pesquisas. Tampoco identificó a personas concretas como sospechosas ni comunicó conclusiones sobre el posible destino irregular de los fondos.
Dos investigaciones sobre la misma línea ferroviaria
La segunda investigación no es la única abierta por la Fiscalía Europea sobre el corredor Madrid-Sevilla.
El 20 de marzo de 2026, el organismo anunció otra investigación por posible fraude relacionado con fondos europeos destinados al mantenimiento de un tramo próximo al punto kilométrico 318,7 y a la localidad cordobesa de Adamuz.
La investigación anunciada en noviembre se centra en fondos destinados a la renovación y modernización de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la línea. La Fiscalía Europea no ha confirmado que ambos procedimientos estén conectados ni ha publicado conclusiones que permitan establecer responsabilidades.
La proximidad temporal de estas investigaciones a los accidentes ferroviarios de 2026 ha incrementado el interés público sobre el estado de las infraestructuras y el destino de las inversiones. No obstante, investigar un posible fraude en la financiación de una línea ferroviaria no equivale a demostrar que ese fraude haya provocado un accidente.
Las pesquisas sobre el uso de fondos comunitarios y las investigaciones técnicas y judiciales sobre los siniestros tienen objetos distintos, aunque puedan compartir documentación o elementos de contexto.
Qué puede cambiar si España modifica el Código Penal
La adaptación de la legislación española a la Directiva PIF obligaría a revisar los aspectos que Bruselas considera insuficientes, especialmente la tipificación de la malversación de fondos comunitarios y las penas máximas aplicables a los supuestos de especial gravedad.
La modificación tendría que respetar los principios del Derecho penal español y concretar cómo se incorporan las exigencias europeas al Código Penal.
También sería necesario tener en cuenta las reglas sobre prescripción. La directiva establece que los Estados miembros deben garantizar plazos suficientes para investigar, juzgar y ejecutar las condenas por delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
En particular, para las infracciones castigadas con una pena máxima de al menos cuatro años, el artículo 12 establece un periodo mínimo de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento, con determinadas posibilidades de establecer un plazo inferior si se garantiza su interrupción o suspensión.
La reforma, en cualquier caso, no supondría que las nuevas penas pudieran aplicarse automáticamente a cualquier conducta investigada con anterioridad. La aplicación de la ley penal debe respetar los principios de legalidad y no retroactividad de las disposiciones penales desfavorables.
El dinero europeo y la responsabilidad de las administraciones
El procedimiento abierto por Bruselas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: el control del dinero que España recibe de la Unión Europea y la responsabilidad de las administraciones encargadas de gestionarlo.
Los fondos comunitarios financian infraestructuras, modernización tecnológica, proyectos de transporte y actuaciones públicas de gran dimensión. Su utilización exige controles que permitan comprobar que el dinero se destina a los objetivos aprobados y que las posibles irregularidades reciben una respuesta adecuada.
En el caso del AVE Madrid-Sevilla, la Fiscalía Europea tendrá que determinar si existió fraude en los fondos investigados y, en su caso, quién pudo intervenir. Por ahora, no hay una conclusión pública que permita atribuir responsabilidades.
Mientras tanto, el Gobierno tiene dos meses para contestar a Bruselas sobre una deficiencia legislativa que la Comisión lleva años reclamando corregir.
La cuestión ya no es únicamente si España ha adaptado correctamente una directiva europea, sino si dispone de un marco penal capaz de proteger eficazmente el dinero comunitario. La respuesta del Ejecutivo determinará si el expediente se cierra mediante una reforma o avanza hacia una nueva fase del procedimiento de infracción.


