Isabel Díaz Ayuso ha admitido por primera vez que la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí se gestionó mal en términos de comunicación, aunque mantiene que la decisión de adquirirlo con dinero público fue correcta.
Ayuso separa la compra del ático de su explicación pública
La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció en una entrevista recogida por Bloomberg que el problema no estuvo en la operación en sí, sino en la forma en la que el Gobierno regional la explicó después. «El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos», defendió. Es la primera vez que admite expresamente un fallo ligado a esta operación, que desde que se conoció ha estado rodeada de dudas y cambios de versión.
El inmueble fue adquirido por Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Comunidad, y su compra se mantuvo en secreto durante más de tres meses. Al principio, el Ejecutivo aseguró que el ático se había comprado para usarlo como despacho temporal de la presidenta mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Más tarde, esa justificación fue cambiando.
La vivienda tiene uso residencial, no de oficina, y ese detalle alimentó las dudas sobre el fin real de la compra. Primero se habló de un espacio de trabajo; después, de un inmueble institucional con zona de descanso y alojamiento ocasional para autoridades o visitantes oficiales. La propia memoria justificativa también apuntó a un uso de apoyo en situaciones de crisis.
Qué significa el caso del ático para el lector de la Comunidad Valenciana
El caso interesa a los vecinos de la Comunidad Valenciana por una razón clara: muestra cómo una compra pública puede acabar convertida en un problema político, jurídico y reputacional si no se explica con precisión desde el primer momento. Para cualquier administración, también las autonómicas y locales, la transparencia en la gestión patrimonial evita dudas sobre el destino del dinero público.
En un contexto de tensión presupuestaria y vigilancia sobre el gasto, este episodio refuerza una idea básica para el ciudadano: cuando una institución compra un inmueble con fondos públicos, debe acreditar con claridad para qué lo necesita, por qué ese precio es razonable y cómo se va a usar. Si no, el debate deja de ser patrimonial y pasa a ser de confianza institucional.
La secuencia de cambios que ha alimentado la polémica
La controversia arrancó a finales de julio, cuando salió a la luz la operación. Poco después, la Comunidad anunció que pondría el inmueble a la venta y que el dinero se destinaría a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Distintos sectores interpretaron ese movimiento como un gesto más político que administrativo.
En septiembre, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que la idea era disponer de un inmueble institucional con espacio de trabajo, descanso y alojamiento ocasional. Esa explicación se sumó a la revisión del relato inicial y consolidó la sensación de que la versión oficial había ido cambiando con el paso de las semanas.
Ayuso también ha ido modificando su discurso. Primero se desvinculó del detalle de la compra y dijo que no conocía los pormenores. Después reconoció que había visitado el inmueble tras formalizarse la adquisición y acabó admitiendo que la idea había partido de su equipo y que a ella le pareció bien. Hasta ahora, sin embargo, no había aceptado ningún error.
El caso ya está en los tribunales y ante el Tribunal de Cuentas
La operación ha terminado en los tribunales y también ante el Tribunal de Cuentas. Un juzgado de Madrid recibió varias denuncias por la compra y la titular del Juzgado de Instrucción número 8 llegó a preguntar a la Fiscalía si era competente para investigarla.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas rechazó este mes la petición de archivo de la Comunidad y de Planifica Madrid y decidió impulsar una investigación. El órgano fiscalizador apreció indicios de que los 6,3 millones desembolsados podrían haber supuesto una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal».
Entre los puntos que señaló están que la memoria justificativa se elaboró en julio, casi tres meses después de la compraventa, y que inicialmente no constaba un encargo formal de la Comunidad. También expresó dudas sobre la vinculación del ático con los fines de Planifica Madrid y sobre un posible sobreprecio.
La Comunidad, por su parte, sostiene que el precio se ajustó al valor de mercado y que el inmueble es un activo patrimonial destinado a cubrir necesidades institucionales. El debate seguirá ahora en sede judicial y fiscalizadora, mientras la presidenta madrileña intenta cerrar una polémica que ya ha pasado del terreno político al contable.


