La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decidido abrir diligencias de investigación de oficio tras la oleada de falsos avisos de amenazas de bomba en colegios registrada en la comunidad autónoma. Esta decisión judicial busca unificar toda la información disponible para esclarecer la autoría de los hechos, que durante las jornadas del miércoles y el jueves pasado alteraron la actividad lectiva en aproximadamente 80 centros educativos en toda Galicia.
El Ministerio Fiscal toma este camino para coordinar las pesquisas que ya llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado. Los incidentes provocaron la activación inmediata de los protocolos de emergencia, obligando a evacuar a centenares de alumnos, profesores y personal de administración y servicios en numerosas localidades gallegas, además de acordonar los perímetros escolares por precaución.
Rastreo informático de una única cuenta de correo
Las primeras indagaciones policiales, confirmadas por la Delegación del Gobierno en Galicia, apuntan a que los mensajes de alerta proceden de una única cuenta de correo electrónico. Desde este remitente se habrían enviado de forma coordinada las advertencias a diferentes instituciones académicas, lo que facilitaría a los investigadores seguir el rastro digital para dar con el responsable o los responsables de esta alteración del orden público.
La situación afectó de manera desigual a las cuatro provincias, con especial incidencia inicial en A Coruña, aunque el impacto se extendió rápidamente a otras ciudades y municipios:
- Institutos y colegios en Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.
- Afectación en municipios como Culleredo, Monforte de Lemos y Viveiro.
- Casos registrados en Lugo y As Pontes durante la primera jornada.
- Nuevos avisos el jueves en centros de Ponteareas, Cambados y O Barco de Valdeorras.
En todos los escenarios analizados por las autoridades policiales, los protocolos de seguridad funcionaron con rapidez, permitiendo comprobar tras las pertinentes inspecciones que todos los avisos fueron falsos y no se localizó ningún tipo de artefacto explosivo en las instalaciones.
Qué supone esta investigación para las familias y los centros educativos gallegos
Para la comunidad educativa gallega, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía representa un paso firme hacia la restauración de la normalidad y la seguridad jurídica. Las familias y los equipos directivos demandaban una respuesta contundente ante unos actos que superan con creces una simple gamberrada y que generan una gran alarma social.
Por su parte, desde la Consellería de Educación, encabezada por Román Rodríguez, se ha manifestado la absoluta condena a estos actos, señalando que carecen de cualquier tipo de justificación, ya se trate de una broma pesada o de acciones motivadas por intereses ocultos. La Consellería permanece a la espera de los avances definitivos en la identificación de los autores para valorar si es necesario implementar medidas adicionales de protección o reforzar los protocolos internos en los centros escolares de titularidad autonómica.


