Solo tres de cada 100 resoluciones judiciales dictadas en Galicia entre 1990 y 2025 están en galego. Es la principal conclusión del informe presentado este viernes por el Consello da Cultura Galega, que analiza más de medio millón de documentos emitidos por tribunales superiores, audiencias provinciales y algunos juzgados de instancia.
La fotografía es aún más llamativa si se mira el dato más reciente: en 2025 se firmó el máximo histórico con 24 309 resoluciones en gallego, pero aun así la lengua no superó en ningún ejercicio el 5 % del total. En todo el periodo estudiado, la cifra acumulada asciende a 18 842 resoluciones redactadas en galego sobre 553 759 analizadas.
Una normalización que sigue lejos en los tribunales
El estudio confirma que el uso del gallego en la justicia sigue dependiendo en gran medida de la iniciativa personal de jueces y magistrados. Según explicó la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, el idioma tiene una presencia muy baja en un país en el que el 46 % de la población habla mayoritariamente gallego.
Vilavedra recordó incluso una experiencia personal para ilustrar esa distancia entre la lengua social y la lengua judicial: hace tres décadas no pudo casarse en gallego, y la carpeta del expediente figuraba “en gallego”, no en la lengua que ella había elegido. El caso, más allá de la anécdota, refleja una realidad que el informe describe como residual.
El documento también advierte de que el dato es parcial, porque no incluye la actividad de los órganos unipersonales ni el uso oral del gallego durante los procedimientos. Aun así, el volumen analizado permite medir una tendencia clara: la presencia de la lengua avanza, pero muy despacio.
Qué cambia para los vecinos de Galicia
Para la ciudadanía, el dato tiene una lectura práctica. Quien litiga, presenta escritos o recibe notificaciones judiciales en Galicia sigue encontrando un sistema donde el castellano es la norma y el gallego, la excepción. Eso afecta tanto a la accesibilidad lingüística como a la sensación de normalidad institucional en una comunidad donde el idioma forma parte de la vida cotidiana.
El propio informe apunta a desigualdades internas. De toda la documentación en gallego localizada por el estudio, el 62 % procede de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Además, en 2025 la mayor presencia del idioma se dio en la jurisdicción contencioso-administrativa, con alrededor del 15 % de las resoluciones en galego, mientras que en la civil cayó hasta el 0,2 %.
Ese desequilibrio demuestra que la extensión del gallego no depende solo de la voluntad de las partes, sino también del órgano, del tipo de asunto y del perfil de los profesionales que intervienen. En la práctica, el uso de la lengua sigue siendo muy irregular entre juzgados y partidos judiciales.
Los factores que explican el repunte, aunque insuficiente
Desde la Irmandade Xurídica Galega, su presidente, Xoaquín Monteagudo, apuntó que las generaciones más jóvenes usan más el gallego y que ese cambio ya se nota en algunos órganos unipersonales, donde acceden profesionales de menor edad. Según defendió, el núcleo de la galeguización está ahora en la abogacía, un sector en el que la lengua gana presencia de forma visible.
Monteagudo sostuvo que hace cuarenta años eran muy pocos los profesionales que se expresaban en gallego y que hoy el idioma es bastante habitual entre abogados y otros operadores jurídicos. Esa evolución, sin embargo, aún no se traslada con suficiente fuerza a las resoluciones judiciales.
También el abogado Xesús Palmou, miembro de honor de la Academia Galega da Xurisprudencia, puso el foco en el nuevo programa informático Atenea. La aplicación, que se extenderá a todos los órganos judiciales a comienzos de 2027, permitirá la traducción al gallego de más de medio millón de documentos. Palmou cree que puede abrir una etapa distinta, aunque advirtió de que el despliegue debe cumplirse.
Las propuestas para impulsar el galego judicial
El Consello da Cultura Galega plantea varias medidas para que la lengua gane presencia real en los tribunales. Entre ellas figuran:
- aplicaciones plenamente operativas en gallego;
- modelos documentales actualizados;
- un servicio estable de normalización en el TSXG;
- traducción, revisión y asesoramiento lingüístico;
- preguntar al ciudadano por su lengua preferente al iniciar el procedimiento.
El objetivo, según Vilavedra, es que el idioma elegido se mantenga también en comunicaciones y notificaciones. Para los vecinos de Galicia, eso supondría un cambio concreto: poder relacionarse con la justicia en la lengua que usan a diario sin depender de la voluntad de cada despacho o de cada juzgado.
De momento, el informe deja una conclusión nítida: el galego en la Xustiza avanza, pero sigue muy lejos de estar normalizado. Y la futura implantación de Atenea, prevista para 2027, será una de las pruebas clave para comprobar si ese salto se queda en promesa o llega a la práctica diaria de los tribunales gallegos.


