El secretario general de la patronal azulejera Ascer, Alberto Echavarría, ha advertido que el sector cerámico está plenamente comprometido con los objetivos medioambientales, pero exige que la transición energética sea viable y no suponga el cese de la actividad industrial en la provincia.
La industria cerámica de la provincia ha conseguido un hito importante después de que la Unión Europea haya rectificado su plan inicial sobre los derechos gratuitos de CO2. Tras un año de negociaciones discretas, la presión institucional impulsada por las asociaciones española e italiana ha logrado que las autoridades comunitarias aprueben la ampliación de las asignaciones y un parámetro específico para el sector.
¿Cómo se logró convencer a la Unión Europea de flexibilizar los derechos de CO2?
El cambio de postura en Bruselas se ha cimentado sobre una estrategia muy trabajada que combinó la divulgación técnica y la unidad institucional. Según detalla Ascer, el proceso exigió tocar numerosas puertas y coordinar mensajes sólidos desde el ámbito autonómico con la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, hasta el plano nacional en el Congreso y el Senado.
En el plano europeo, el entendimiento con los eurodiputados resultó decisivo para desplazar propuestas iniciales mucho más restrictivas que pedían la supresión de los derechos. A pesar de este éxito normativo, desde la patronal recuerdan que los valores específicos para la cerámica no se aplicarán previsiblemente hasta 2028, aunque los criterios generales de los denominados Fallback Benchmark entrarán en vigor el próximo año.
¿Qué impacto real está teniendo la crisis del gas en las cuentas de las empresas?
El principal motivo de preocupación actual para los fabricantes azulejeros reside en el desorbitado precio de la energía. Tras la inestabilidad generada por el conflicto en Oriente Medio, el precio del gas se ha estabilizado en una horquilla de entre 80 euros y 90 euros por megavatio hora, unos valores muy alejados de los 30 euros registrados tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Esta situación estrangula la competitividad de las fábricas locales, cuyas estructuras de costes fueron diseñadas para un gas hasta cuatro veces más barato. Como consecuencia directa de este encarecimiento y de la atonía en mercados internacionales clave como Europa y Estados Unidos, el sector prevé cerrar el ejercicio con una producción plana o ligeramente inferior a la del año anterior.
¿Qué medidas reclama el sector azulejero al Gobierno central?
Ante este escenario de presión sobre los costes de producción, la patronal insiste en la necesidad urgente de aplicar medidas de acompañamiento institucional que amortigüen el golpe sobre la rentabilidad de las empresas.
- Bonificación de los peajes del gas de forma total o parcial, replicando el modelo aplicado previamente en el sector eléctrico.
- Implementación de medidas fiscales de apoyo que no dependan del marco temporal de ayudas de Estado.
- Mejora de la liquidez empresarial para mitigar momentos puntuales de tensión financiera.
- Apoyo decidido al desarrollo y despliegue comercial de tecnologías energéticas alternativas viables.
¿Qué supone todo esto para el futuro económico de la provincia?
Para los vecinos y el tejido socioeconómico de Castellón y su entorno comarcal, la supervivencia de la industria cerámica resulta vital por su efecto tractor sobre el empleo directo e indirecto. El secretario general de Ascer ha querido recordar que exigir una transición ecológica sin garantizar un suministro eléctrico y energético abundante y competitivo aboca a las fábricas a una situación límite.
Si la industria debe abandonar una energía fósil cara para adoptar alternativas limpias que dupliquen el coste de producción, la consecuencia inevitable será la paralización de la actividad. El sector insiste en que la senda hacia la sostenibilidad debe caminar de la mano de la rentabilidad empresarial para evitar una desindustrialización irreparable en el tejido productivo castellonense.


