Seis personas han sido detenidas y ocho más investigadas tras la desarticulación de una organización criminal que, desde Salamanca, usó 394 DNI falsificados para crear más de 500 líneas telefónicas y 438 dispositivos electrónicos tuneados.
La Guardia Civil confirmó el domingo que la trama operaba a través de dos locutorios de Salamanca y un instalador de comunicaciones que firmaba albaranes falsos. Con los datos robados, la banda formalizó 335 líneas de fibra óptica y 165 de telefonía prepago, que luego vendía a clientes del «lado oscuro».
¿Qué implica para los vecinos de Valencia?
Entre las víctimas se encuentran usuarios de la Comunidad Valenciana que recibieron facturas o ofertas de compañías telefónicas sin haber contratado nada. La suplantación de identidad permite que delincuentes utilicen los números para actividades ilícitas, como phishing o la organización de delitos dentro de centros penitenciarios.
Para los residentes, el riesgo se traduce en posibles cargos indebidos, pérdida de datos personales y la necesidad de revisar con detalle cualquier comunicación de su operadora. Se recomienda vigilar el consumo de servicios y denunciar cualquier anomalía a la Guardia Civil.
Detalles de la operativa
Los investigadores señalaron que la banda adquiría tarjetas SIM y equipos sin identificar al comprador, enviándolos por mensajería con datos de envío falsos. Además, un cómplice instalador firmaba albaranes como si las líneas de fibra hubieran sido realmente instaladas en viviendas de Salamanca, donde se almacenaba gran parte del material electrónico.
Los dispositivos tuneados incluyen teléfonos móviles, tabletas, televisores, ordenadores y hasta planchas de pelo, demostrando la amplitud del mercado negro del «Internet de las cosas».
Repercusiones legales y próximas acciones
La investigación sigue abierta; aún no se ha detectado ninguna de las líneas en uso dentro de centros penitenciarios, aunque ese es uno de los destinos habituales. La Guardia Civil ha instado a los operadores a reforzar los controles de identificación y a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad.
El Gobierno ha anunciado que, a partir del 15 de noviembre, los propietarios de locales deberán comunicar con seis meses de antelación la no renovación de alquileres, medida que busca evitar la utilización de espacios para actividades ilícitas.


