La estrategia de defensa del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo pasa por presentarse como víctima de una investigación “prospectiva”, desacreditar la actuación del Alto Tribunal y cuestionar duramente el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), a la que acusa de construir un relato acusatorio con “ansias literarias”.
Así se desprende del escrito de defensa al que ha tenido acceso este diario, presentado en el marco del juicio por la pieza principal de la trama Koldo. En el documento, el equipo jurídico de Ábalos niega de forma tajante que el exministro recibiera mordidas, influyera en otros ministerios o interviniera en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
Ataque al juez instructor y a la investigación
La defensa arremete directamente contra el magistrado Leopoldo Puente, al que acusa de haber asumido la tesis de la acusación y de haber perdido la imparcialidad necesaria para instruir la causa. Según el escrito, se habría vulnerado el derecho a un juicio justo al cerrarse la instrucción sin permitir a la defensa acceder al material incautado ni proponer diligencias que contrarrestaran la versión de la Guardia Civil.
“El procedimiento se ha cerrado sin permitirnos analizar las evidencias que sustentan las hipótesis acusatorias”, sostiene la defensa, que considera que esta situación ha generado una clara indefensión. En ese contexto, acusa a la UCO de elaborar un relato basado más en interpretaciones que en pruebas concluyentes.
Cuestionamiento del testimonio de Aldama
Otro de los ejes del escrito es el descrédito del empresario Víctor de Aldama, a quien se señala por realizar declaraciones “exageradas” y carentes de respaldo documental. La defensa reprocha al juez haber otorgado plena credibilidad a su testimonio sin más pruebas que “tres hojas de fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado”.
Ábalos también rechaza haber formado parte de una organización criminal junto a Koldo García y niega cualquier plan para facilitar contratos públicos a cambio de comisiones. Recuerda, además, que durante la pandemia otros ministerios y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE también contrataron con empresas vinculadas a Aldama.
Señalamientos a otros responsables públicos
En su escrito, el exministro menciona expresamente al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, así como a las comunidades entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, como ejemplos de administraciones que también realizaron compras a la empresa investigada.
Por último, Ábalos niega haber disfrutado de inmuebles o ventajas personales a cambio de supuestas gestiones irregulares y se desvincula del pago de un piso a Jéssica Rodríguez, asegurando que, de haberse producido, sería por motivos ajenos a él.
La defensa concluye que el proceso no responde a un “juicio normal”, sino a una causa dirigida a perjudicar a quienes no aceptaron pactar con la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas de hasta 24 años de prisión para el exministro.
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