El Tribunal Supremo rechaza paralizar de urgencia la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, pese a los recursos de Vox y la Comunidad de Madrid. Más de 549 000 migrantes ya han solicitado acogerse al proceso.
La polémica regularización migratoria seguirá adelante.
El alto tribunal permite que el Ejecutivo mantenga abierto un procedimiento que la derecha denuncia como una medida de enorme impacto político, social y administrativo.
El Supremo rechaza frenar la regularización
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril.
La decisión llega tras los recursos presentados por Vox, la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.
El tribunal ha considerado que no procede paralizar de forma provisional el real decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Vox y Madrid podrán seguir litigando
El Supremo sí ha reconocido legitimación a Vox y a la Comunidad de Madrid para continuar el procedimiento judicial.
Sin embargo, ha inadmitido los recursos de Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, al entender que no tienen legitimación activa suficiente.
Los autos serán notificados en los próximos días.
Más de 549 000 solicitudes registradas
Durante la vista, la Abogacía del Estado informó de que ya se han registrado 549 596 solicitudes desde la apertura del proceso, el pasado 16 de abril.
El plazo continuará abierto hasta el 30 de junio, salvo que el procedimiento judicial derive más adelante en una decisión distinta.
El Gobierno sostiene que frenar ahora la medida dejaría a miles de personas en un limbo jurídico.
El Gobierno defiende el “interés general”
La Abogacía del Estado argumentó que suspender la regularización afectaría a los derechos de los solicitantes y al interés general.
También rechazó que los beneficiarios puedan participar en las próximas elecciones, uno de los temores planteados por los recurrentes.
Vox, por su parte, defendió que una regularización de este volumen puede alterar el equilibrio administrativo, social y político del país.
Una medida con fuerte carga política
La regularización extraordinaria nació tras años de presión de organizaciones sociales y colectivos favorables a ampliar derechos a extranjeros residentes en España.
Pero la oposición denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utiliza la política migratoria como una herramienta ideológica, sin garantías suficientes y con escaso control sobre sus consecuencias reales.
El debate queda abierto: ¿regularización humanitaria o nueva cesión política con efectos imprevisibles para España?
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