El PSOE altera el censo con la Ley de Nietos y la regularización masiva, una combinación de medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que, según estimaciones oficiales y de distintos organismos de análisis, podría traducirse en la incorporación de hasta tres millones de nuevos votantes al censo electoral español en los próximos años. La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por real decreto y la concesión acelerada de la nacionalidad a descendientes de emigrantes y exiliados están en el centro de una creciente polémica política.
La regularización masiva de inmigrantes, aprobada por el Ejecutivo sin pasar por el control previo del Congreso de los Diputados, permitirá que más de medio millón de personas extranjeras en situación irregular obtengan permisos de residencia. A partir de ese momento, muchas de ellas podrán iniciar el proceso para acceder a la nacionalidad española, lo que les habilitaría para votar en elecciones generales, autonómicas y municipales.
Las condiciones fijadas por el Gobierno para acogerse a este proceso han sido calificadas de mínimas por la oposición. Basta con acreditar una permanencia en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además, el decreto contempla la reagrupación familiar, lo que incrementará de forma indirecta el número total de beneficiarios.
Una vez regularizados, estos inmigrantes podrán solicitar la nacionalidad española siguiendo los plazos previstos en la legislación vigente. Aunque el periodo general es de diez años de residencia legal, existen importantes excepciones: solo dos años para ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y un año para quienes hayan nacido en territorio español. Precisamente estos colectivos concentran una gran parte de la inmigración irregular actual.
Según datos de Funcas, el número de inmigrantes en situación irregular en España podría alcanzar los 840.000, una cifra superior a las previsiones manejadas inicialmente por el Ejecutivo. Por origen, destacan las nacionalidades americanas, que representan el 91% del total, con especial peso de ciudadanos colombianos, peruanos y hondureños, todos ellos con acceso preferente a la nacionalidad en plazos reducidos.
A esta regularización se suma el impacto de la conocida como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática y aprobada con el apoyo de Bildu. Esta norma permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como a descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.
Más de un millón de personas han tramitado ya su solicitud de nacionalidad por esta vía, y alrededor de 1,3 millones adicionales han pedido cita para iniciar el procedimiento, aunque muchos expedientes permanecen bloqueados por la saturación administrativa. A cierre de diciembre, el número de nacionalizados superaba los 490.000, pero las previsiones apuntan a que la cifra final será muy superior.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que estas medidas suponen una ampliación del censo electoral “por la puerta de atrás” y ha acusado al Gobierno de utilizar la política migratoria con fines electorales. Feijóo sostiene que el Ejecutivo está alterando el equilibrio democrático sin debate parlamentario ni consenso institucional.
Además, existen otros colectivos extranjeros con derecho a voto en elecciones municipales, como ciudadanos de la Unión Europea y nacionales de países con acuerdos de reciprocidad, entre ellos Colombia, Perú, Chile o Ecuador, lo que amplía aún más el impacto electoral de la política migratoria actual.
Desde el PP también se alerta de que la regularización masiva contradice la política migratoria pactada a nivel europeo. Según Feijóo, desde la llegada de Sánchez al poder, la inmigración irregular ha aumentado un 685%, y facilitar el acceso a la nacionalidad en este contexto supone, a su juicio, una grave irresponsabilidad política.
Mientras tanto, el Gobierno defiende estas medidas como una respuesta humanitaria y económica, orientada a integrar a miles de personas ya presentes en España y a corregir situaciones heredadas del pasado. Sin embargo, el debate sobre si el PSOE altera el censo con la Ley de Nietos y la regularización masiva promete seguir marcando la agenda política en los próximos meses, especialmente a medida que se acerquen futuras citas electorales.
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