El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo después de que la Mesa del Congreso aprobara una nueva ampliación del plazo de enmiendas, retrasando otra vez la tramitación parlamentaria de una norma reclamada históricamente por los cuerpos de seguridad. La decisión, respaldada también por Sumar, supone la 71ª prórroga desde que la iniciativa llegó a la Cámara Baja y ha provocado una fuerte polémica política en plena conmoción por la muerte de dos agentes en acto de servicio en Huelva.
La proposición de ley, impulsada por el Partido Popular y aprobada previamente en el Senado con amplio respaldo, permanece prácticamente congelada desde septiembre de 2024. Desde entonces, las sucesivas ampliaciones técnicas de los plazos han impedido que la norma avance hacia comisión o llegue al Pleno del Congreso para su votación definitiva.
El nuevo bloqueo ha intensificado las críticas de asociaciones de guardias civiles, sindicatos policiales y partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno está evitando deliberadamente el debate parlamentario sobre el reconocimiento de la peligrosidad real del trabajo de los agentes.
El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo tras 71 prórrogas
La decisión adoptada en la Mesa del Congreso llega en un momento especialmente sensible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Apenas unos días antes del nuevo aplazamiento fallecieron el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González durante una persecución a una narcolancha en las costas de Huelva.
El operativo, desarrollado en horario nocturno, terminó también con otros dos agentes heridos y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en las actuaciones contra el narcotráfico.
En este contexto, El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo, una medida que permitiría reconocer oficialmente las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que afrontan los agentes durante su trabajo diario.
Las asociaciones profesionales llevan años reclamando este reconocimiento, argumentando que permitiría mejorar las condiciones laborales, reforzar la protección social y facilitar determinadas compensaciones económicas y jubilaciones anticipadas.
Una norma paralizada desde hace casi dos años
La proposición de ley fue aprobada en el Senado en junio de 2024 y remitida posteriormente al Congreso para continuar su tramitación parlamentaria. Sin embargo, desde septiembre de ese mismo año la iniciativa permanece estancada debido a las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Fuentes parlamentarias sostienen que la estrategia del PSOE y Sumar busca evitar una votación en una Cámara donde el Gobierno no tendría garantizados los apoyos suficientes para frenar la aprobación de la norma.
Cada ampliación añade 15 días adicionales de retraso, una práctica parlamentaria legal pero que, repetida durante meses, termina funcionando como un mecanismo de bloqueo político.
Por ello, la oposición denuncia que El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo utilizando procedimientos administrativos para impedir el debate político abierto sobre una reivindicación ampliamente respaldada socialmente.
La tragedia de Huelva dispara la tensión política
La muerte de los dos agentes en Huelva ha aumentado la presión sobre el Ejecutivo y ha provocado un fuerte malestar dentro de la Guardia Civil. Las asociaciones profesionales consideran que la tragedia evidencia la necesidad urgente de reforzar los medios de seguridad y reconocer legalmente el riesgo inherente al trabajo policial.
La polémica se agravó todavía más por la ausencia de representantes del Gobierno en el funeral de los agentes fallecidos, una circunstancia que generó críticas tanto dentro del cuerpo como desde distintos partidos políticos.
Además, las declaraciones de María Jesús Montero durante un debate televisivo también desataron una enorme controversia. La dirigente socialista calificó inicialmente lo ocurrido como un “accidente laboral”, unas palabras que posteriormente trató de matizar en redes sociales ante la avalancha de críticas recibidas.
Mientras tanto, El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo, alimentando aún más el malestar institucional y político generado tras la tragedia.
La oposición acusa al Gobierno de falta de sensibilidad
El Partido Popular y otras formaciones de la oposición han endurecido sus críticas contra el Ejecutivo por el tratamiento político del caso y por el nuevo retraso parlamentario.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó al Gobierno de actuar con “falta de sensibilidad” hacia los agentes fallecidos y sus familias. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el bloqueo parlamentario demuestra que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir el reconocimiento profesional que reclaman los cuerpos de seguridad.
También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha quedado en el centro de la polémica. Durante un acto celebrado en Jaén fue recibido con abucheos mientras intentaba trasladar públicamente su apoyo a las familias de los guardias civiles fallecidos.
En paralelo, las asociaciones profesionales continúan exigiendo que el reconocimiento como profesión de riesgo deje de utilizarse como arma política y avance definitivamente en el Congreso.
El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo pese al respaldo social
El reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo cuenta desde hace años con un importante respaldo entre sindicatos policiales, asociaciones profesionales y buena parte de la opinión pública.
Los defensores de la medida recuerdan que otros colectivos profesionales ya cuentan con reconocimientos específicos por peligrosidad laboral y consideran injustificado que los agentes sigan excluidos pese a enfrentarse diariamente a situaciones de alto riesgo.
Sin embargo, El PSOE vuelve a bloquear la ley para declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo en un momento especialmente delicado, marcado por la creciente presión sobre las fuerzas de seguridad ante el auge del narcotráfico y la violencia asociada a determinadas operaciones policiales.
El debate continúa ahora instalado tanto en el Congreso como en la sociedad, mientras las asociaciones de agentes reclaman que la ley deje de estar paralizada y pueda votarse finalmente en sede parlamentaria.
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