EEUU mantiene la condena a Rusia por caso Yukos
En 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no admitir a trámite el recurso presentado por la Federación Rusa en el denominado Caso Yukos. Esta decisión reafirma las resoluciones de diversos juzgados que ya habían rechazado las alegaciones de soberanía y inmunidad estatal planteadas por el régimen de Vladimir Putin.
La Corte Suprema envió un mensaje claro al establecer que un Estado no puede eludir el pago de indemnizaciones por compromisos internacionales de protección a la inversión invocando la inmunidad soberana. Este precedente es relevante para España, que enfrenta múltiples condenas en tribunales estadounidenses debido a la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
El conflicto detrás de la denuncia rusa se origina en la expropiación de Yukos, una gran petrolera privada. Tras un proceso judicial en 2014 bajo el Tratado de la Carta de la Energía y el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, se dictó un laudo que obligó a Rusia a indemnizar a los antiguos propietarios de Yukos con más de 50 000 millones de dólares.
Actualmente, la deuda total de Moscú asciende a 65 000 millones, considerando los intereses acumulados. Tras intentar llevar el caso a la Corte Suprema como último recurso para evitar embargos en Estados Unidos, la negativa de este tribunal a revisar las sentencias anteriores ha consolidado la condena en su contra.
Por su parte, España se encuentra en una situación crítica similar. Entre 2010 y 2014, el país recortó de manera retroactiva el sistema de primas para las energías renovables, lo que llevó a muchos inversores a recurrir al arbitraje internacional. Hasta la fecha, España debe más de 2 295 millones de euros por laudos adversos, con siete casos abiertos en tribunales estadounidenses, todos con fallos en contra del Estado español.
El resultado de las solicitudes de amparo que España ha presentado ante la Corte Suprema de EE. UU. se evalúa de forma cuidadosa, dado que el fracaso en estos casos podría resultar en el embargo de bienes soberanos españoles y un coste considerable a los inversores afectados.