Caso Plus Ultra Zapatero es ya uno de los asuntos más delicados que rodean al expresidente del Gobierno socialista, después de que haya trascendido que fue la propia Fiscalía la que decidió entregar la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Así lo confirman fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, que apuntan directamente a una decisión tomada durante el mandato del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La investigación judicial se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate público de 53 millones de euros en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Parte de ese dinero, según las diligencias abiertas, podría tener origen en fondos procedentes de Venezuela, lo que ha elevado la gravedad del caso.
El papel clave de la Fiscalía en el caso Plus Ultra Zapatero
Fuentes jurídicas explican que existen tres vías habituales para asignar una investigación de este calibre: que el caso sea descubierto de oficio por una unidad policial, que el juez instructor decida qué cuerpo se encarga de las pesquisas o que sea directamente la Fiscalía quien elija. En el caso Plus Ultra Zapatero, la decisión fue clara: la Fiscalía optó por la UDEF, descartando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
“En este procedimiento concreto fue el Ministerio Público quien eligió que la UDEF de la Policía Nacional se hiciera cargo de la investigación”, señalan las fuentes consultadas. Una elección que no ha pasado desapercibida dentro de los propios cuerpos policiales, donde ha generado un profundo malestar.
Por qué no investigó la UCO
Según las mismas fuentes, la Fiscalía justificó su decisión en un supuesto reparto de cargas de trabajo. En los últimos años, la UCO ha asumido la investigación de los principales escándalos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, como la trama Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez, la trama de los Hidrocarburos o la denominada “operación Leire”.
Sin embargo, a nivel interno se interpreta que esta explicación no disipa las sospechas. El caso Plus Ultra Zapatero afecta directamente a un expresidente del Gobierno y a su entorno familiar, lo que ha llevado a algunos mandos policiales a cuestionar si la elección de la UDEF buscaba un mayor control político de las pesquisas.
La caída de García Ortiz y el contexto judicial
La decisión de entregar la investigación a la UDEF se produjo bajo el mandato de Álvaro García Ortiz, quien dimitió en noviembre tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Su salida obligó al Gobierno a proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en un momento de enorme tensión institucional.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid continúa investigando el caso Plus Ultra Zapatero, centrando el foco en el rescate público y en las relaciones económicas entre la aerolínea y personas del entorno del expresidente socialista.
Pagos sospechosos y el entorno familiar de Zapatero
Uno de los aspectos más controvertidos del caso Plus Ultra Zapatero son los pagos detectados desde la empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, al empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero. Según fuentes policiales citadas por Libertad Digital, el concepto real de esos pagos sigue sin estar claro.
Estas mismas fuentes sostienen que, una vez acreditados esos movimientos de dinero, existía material suficiente para haber practicado detenciones, incluso del propio Zapatero y de sus hijas. Sin embargo, hasta el momento, las consecuencias judiciales han sido mínimas, lo que ha provocado un gran estupor dentro de la Policía Nacional.
La UDEF, una unidad debilitada
Otro elemento clave del caso Plus Ultra Zapatero es la situación interna de la UDEF. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, esta unidad habría perdido cerca de la mitad de sus efectivos. Traslados masivos, falta de proyección profesional y la percepción de que investigar corrupción política estaba “mal visto” han contribuido, según fuentes policiales, a un progresivo debilitamiento de la unidad.
Este contexto ha alimentado las sospechas de que la elección de la UDEF no fue casual, sino parte de una estrategia para amortiguar el impacto político de una investigación que podría tener consecuencias devastadoras.
Un caso con implicaciones políticas de alto voltaje
El caso Plus Ultra Zapatero no es solo una investigación judicial por presunto blanqueo de capitales. Se ha convertido en un símbolo de la politización de las instituciones y del control de las investigaciones sensibles que afectan al poder. Fuentes policiales advierten de que existe un interés claro en “una voladura controlada” del escándalo para evitar que salpique directamente al Gobierno.
A medida que avanza la instrucción, el foco se mantiene sobre la Fiscalía, la UDEF y el papel del expresidente Zapatero. Un caso que, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos años en España.
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