Hacienda investiga a Zapatero tras su confesión en el Senado sobre viajes en avión presuntamente pagados por la petrolera estatal venezolana PDVSA. La revelación, realizada en el marco de la comisión de investigación del caso Plus Ultra, ha abierto un nuevo frente judicial que podría derivar en un presunto delito fiscal si el importe total de los vuelos supera los 120.000 euros y no fue declarado correctamente.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, asumió esta semana la causa tras la inhibición del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. La decisión marca un giro clave en una investigación que ya arrastra años de controversia política y judicial.
¿Por qué Hacienda investiga a Zapatero?
Según fuentes jurídicas consultadas, Hacienda investiga a Zapatero porque la Agencia Tributaria estaría obligada a esclarecer si los vuelos sufragados por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) constituyen una renta en especie no declarada. En concreto, se debe determinar si el importe acumulado de dichos desplazamientos superó el umbral de 120.000 euros, cantidad que podría implicar responsabilidad penal por delito fiscal.
Durante su comparecencia, el expresidente reconoció que pudo haber utilizado un avión Falcon propiedad de PDVSA para regresar desde Caracas, concretamente hasta Lisboa y posteriormente a Madrid. También explicó que, en determinadas ocasiones, viajó vía República Dominicana, donde un avión del Gobierno completaba el trayecto.
Las mismas fuentes sostienen que, de confirmarse que esos vuelos no fueron declarados y superan el límite legal, podría configurarse un delito fiscal similar al que se investigó en otros precedentes mediáticos.
El contexto: el caso Plus Ultra
El denominado “caso Plus Ultra” comenzó como una investigación judicial sobre la ayuda pública de 53 millones de euros concedida en 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.
Varias formaciones políticas cuestionaron que la compañía reuniera los requisitos para ser considerada estratégica. Tras una denuncia, se abrieron diligencias por presunta malversación y prevaricación. Aunque esa línea fue archivada en 2023 por plazos procesales, la causa derivó en una pieza separada centrada en un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En diciembre de 2025 fueron detenidos el propietario y presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO Roberto Roselli, tras un registro en la sede de la compañía por parte de la UDEF. La investigación analiza posibles conexiones financieras internacionales con Venezuela, Francia y Suiza.
Hacienda investiga a Zapatero y los pagos por asesorías
Además de los vuelos, Hacienda investiga a Zapatero por los ingresos que percibió como consultor de la sociedad Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez. El expresidente reconoció haber cobrado una media de 70.000 euros brutos anuales, facturados como autónomo.
La Agencia Tributaria deberá comprobar si dichas cantidades fueron correctamente declaradas y si existe alguna vinculación con los hechos investigados en la trama principal. Las autoridades fiscales también examinan la posible conexión entre estos ingresos y el entorno empresarial investigado en el caso Plus Ultra.
El precedente de Juan Carlos I
El caso recuerda al precedente del rey emérito Juan Carlos I, cuya situación fiscal fue investigada por vuelos privados sufragados por la Fundación Zagatka. En aquella ocasión, la Fiscalía analizó si esos desplazamientos constituían rentas en especie sujetas a IRPF.
Finalmente, el rey emérito presentó declaraciones complementarias voluntarias por valor de 4,5 millones de euros, y las diligencias fueron archivadas en 2022. Las fuentes jurídicas señalan que este precedente refuerza la obligación de actuar cuando existen indicios de rentas no declaradas.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Si la inspección concluye que los vuelos pagados por PDVSA superaron los 120.000 euros y no fueron incluidos en las declaraciones fiscales correspondientes, el escenario podría pasar del ámbito administrativo al penal. En ese caso, Hacienda investiga a Zapatero no solo como trámite fiscal, sino en el contexto de un posible delito contra la Hacienda Pública.
Por el momento, no existe imputación formal, pero la apertura de una eventual inspección tributaria marcaría un paso decisivo. La Audiencia Nacional continuará coordinando las distintas piezas separadas mientras se mantiene parte de la investigación bajo secreto de sumario.
El desenlace dependerá del análisis técnico de la Agencia Tributaria y de la documentación intervenida en los registros practicados en la causa principal.
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