El alquiler en Barcelona cae un 43% por control de precios
El Instituto Juan de Mariana ha publicado el informe titulado «Dos años de control de alquileres en España: evaluación empírica de una política fallida», que evalúa el impacto de los topes al alquiler introducidos por la Ley de Vivienda de 2023. Este estudio se centra en las ciudades de Barcelona, Navarra y La Coruña, y concluye que la regulación ha reducido la oferta de vivienda sin lograr una disminución significativa de los precios.
Los controles de precios comenzaron a aplicarse en Barcelona el 16 de marzo de 2024, afectando a 140 municipios. Aunque inicialmente los datos indican una caída de precios —la renta media de nuevos contratos disminuyó de 1 193 euros a 1 087 euros mensuales en un año—, el informe atribuye esto a un «efecto anticipación», donde los propietarios incrementaron precios antes de la regulación, inflando artificialmente el punto de partida comparativo. Analizando períodos equivalentes, el descenso real se reduce a un 2,3%.
En cuanto a la oferta de vivienda, los contratos de alquiler firmados en Barcelona cayeron de 38 683 en 2023 a 32 903 en 2024, lo que representa un descenso anual del 14,9%. Comparado con el máximo de 57 158 contratos alcanzado en 2021, la contracción del mercado es cercana al 43%.
En Navarra, la situación es aún más grave, con una caída del 44,2% en la firma de contratos en áreas declaradas como zona tensionada. En La Coruña, el descenso fue del 51% en solo cinco meses.
El informe también señala cambios en el mercado del alquiler, como el aumento de alquileres de temporada, que creció del 7,1% al 23,6% del total en Barcelona entre 2023 y 2025, facilitando la evasión de topes de precios. La raíz del problema, según los investigadores, no es el precio del alquiler, sino la falta estructural de vivienda, con un déficit aproximado de 700 000 viviendas y una necesidad estimada de 2,5 millones adicionales para 2030 debido al crecimiento poblacional de 1,73 millones desde 2021.
El informe concluye que los controles de alquiler, en lugar de resolver la escasez, la redistribuyen, beneficiando a los inquilinos con contrato pero dificultando el acceso a los nuevos buscadores de vivienda. Los autores apuntan que el enfoque debe centrarse en aumentar la oferta, sugiriendo la liberalización de suelo edificable y una agilización en la tramitación urbanística como posibles soluciones.