Siete propietarios del antiguo cuartel de Caldelas se niegan a constituir la comunidad de vecinos con el Concello de Tui hasta que se reparen las graves deficiencias del edificio, denunciadas tras casi 20 años de abandono.
Vecinos y Concello enfrentados por el deterioro del antiguo cuartel
El Concello de Tui, propietario de 12 de las 19 viviendas del antiguo cuartel de Caldelas, ha visto frustrado su intento de crear la comunidad de propietarios del inmueble. La reunión convocada el pasado 12 de marzo dejó claro que los otros 7 propietarios votarán en contra hasta que se acometan obras de saneamiento integral.
En un escrito conjunto, los vecinos alertan de humedades, filtraciones y problemas de aislamiento, recogidos en informes periciales, e incluso califican la situación de «ruina técnica». La falta de mantenimiento durante casi dos décadas ha generado un conflicto abierto entre la administración local y los propietarios particulares.
La posición del Concello y el alcalde Enrique Cabaleiro
El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, defendió la iniciativa señalando que la constitución de la comunidad es una obligación legal según la Ley de Propiedad Horizontal. “Los vecinos no quieren, pero la ley establece que la comunidad debe constituirse”, afirmó.
Cabaleiro indicó que se levantó acta de la situación y que los servicios jurídicos del Concello analizarán los próximos pasos. Además, aseguró que el gobierno local seguirá con actuaciones puntuales en fachada y cubierta para evitar un mayor deterioro del edificio.
Propietarios afectados: décadas de abandono y problemas de habitabilidad
El conflicto se agrava con la reciente sentencia favorable a Sergio Rodríguez Carracedo, quien demandó al Concello por los defectos de su vivienda. El fallo obliga al gobierno local a ejecutar obras por 21 000 euros, incluyendo aislamiento exterior y reparación de daños internos por humedades.
Rodríguez Carracedo relata que tuvo que abandonar su piso: “Las paredes estaban negras por las humedades, y un informe pericial indicaba que no reunía condiciones de habitabilidad. Tras 18 años de olvido, me siento frustrado e indignado”.
Otros propietarios, como Vanesa Pereira y Miguel Estévez, compraron su vivienda en 2008 y también han tenido que marcharse. Denuncian que los pisos les hipotecaron la vida, pues deben pagar cuotas durante 25 años sin poder vivir ni alquilar las viviendas, mientras los problemas de humedades persistían.
Un historial de litigios y costes crecientes
El edificio, rehabilitado en 2003 con una inversión de 567 000 euros, acumula actualmente gastos en mantenimiento, reparaciones y pleitos que superan esa cifra. Algunos vecinos, como Miguel Visconti, ya ganaron pleitos contra el Concello, y varios afectados incluso estarían dispuestos a vender sus pisos al Ayuntamiento tras casi 20 años de conflictos.
El caso plantea un debate sobre la gestión pública deficiente, la inseguridad jurídica y la responsabilidad del gobierno local en garantizar la habitabilidad de las viviendas municipales, mientras los vecinos sufren consecuencias económicas y de salud.
¿Es este un ejemplo de incapacidad administrativa o de impunidad institucional que deja a los ciudadanos atrapados entre la ley y la ruina técnica de sus hogares?
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