La reforma de la Lei de Saúde gallega introduce sanciones de hasta 15 000 euros y medidas contundentes contra pacientes agresores, en medio del debate sobre la falta de recursos en la sanidad pública.
Luz verde a una ley contra la violencia sanitaria
El Parlamento gallego ha aprobado una reforma clave de la Lei de Saúde para combatir la creciente violencia contra el personal sanitario. La norma salió adelante con los votos de PP y PSdeG, mientras que el BNG optó por la abstención, evidenciando divisiones sobre cómo abordar el problema.
La nueva legislación responde a un fenómeno en aumento: solo en 2025 se registraron 945 agresiones en el Sergas, de las cuales 344 fueron físicas, una cifra que confirma la escalada de tensión en el sistema sanitario público.
Multas de hasta 15.000 euros y cambios obligatorios de médico
La reforma introduce un régimen sancionador más duro, con multas que alcanzan los 15 000 euros en los casos más graves. Las sanciones se estructuran en tres niveles:
- Leves: faltas de respeto o insultos, con multas de 300 a 1 500 euros
- Graves: amenazas o ciberacoso, con sanciones de 1 501 a 3 000 euros
- Muy graves: agresiones físicas, con multas de 3 001 a 15 000 euros
Además, la Administración podrá imponer medidas como el cambio forzoso de médico o centro de salud durante hasta cinco años para los agresores.
La protección se amplía a todo el personal sanitario, incluyendo trabajadores de empresas privadas vinculadas al sistema público y situaciones fuera del centro médico, como atenciones a domicilio o desplazamientos.
Control sobre grabaciones y violencia digital
Uno de los puntos más polémicos de la norma es la regulación de las grabaciones en consulta. A partir de ahora:
- Los pacientes deberán pedir permiso para grabar
- Si no lo hacen, se considerará rota la confianza médico-paciente
- El profesional podrá solicitar el traslado del paciente a otro facultativo
Además, se incluye como infracción la violencia telemática, como insultos o ataques en redes sociales, reforzando la protección del honor y prestigio profesional de los sanitarios.
El choque político: sanciones vs. falta de recursos
El debate parlamentario dejó clara la fractura ideológica sobre el origen del problema.
Desde el BNG, se criticó que la ley tiene un enfoque “excesivamente punitivo” y no aborda el verdadero detonante: el deterioro del sistema sanitario público. Según sus representantes, el 51 % de las agresiones se producen en atención primaria, directamente relacionadas con listas de espera y saturación.
En una línea similar, el PSdeG —aunque votó a favor— reconoció que la sobrecarga del sistema empuja a muchos ciudadanos a canalizar su frustración contra los profesionales, especialmente enfermeras y celadores, los colectivos más afectados.
El PP defiende una respuesta firme ante un problema estructural
Desde el Gobierno gallego, el PP defendió la norma como una respuesta necesaria y urgente ante un problema “sistémico” que amenaza la estabilidad del modelo sanitario.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayó que la ley no solo castiga, sino que también incluye un plan de prevención y adaptación a nuevas formas de violencia, especialmente en el ámbito digital.
Un parche legal ante un problema más profundo
La aprobación de esta ley abre un debate incómodo: ¿es suficiente endurecer las sanciones o se está evitando afrontar el verdadero problema de fondo?
Mientras las cifras de agresiones siguen creciendo, la pregunta sigue sobre la mesa:
¿se protege realmente a los sanitarios o se intenta tapar con multas el deterioro estructural del sistema público?
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