La Policía Nacional ha destapado en Castellón una trama de empresas ficticias que simulaban contratos laborales para cobrar prestaciones públicas, con un fraude que supera los 160 000 euros.
Una red organizada para cobrar ayudas sin trabajar
La operación se ha saldado con 12 detenidos y la implicación de hasta 36 personas en una estructura diseñada para engañar al sistema público de prestaciones.
El método era claro: crear empresas sin actividad real que daban de alta a trabajadores para generar cotizaciones ficticias. Posteriormente, estos empleados solicitaban ayudas del sistema, especialmente del SEPE.
Empresas fantasma y testaferros
La investigación comenzó tras una alerta de la Tesorería General de la Seguridad Social, que detectó irregularidades en varias sociedades.
Los agentes descubrieron un patrón repetido:
- Empresas sin actividad económica
- Domicilios inexistentes o en viviendas particulares
- Administradores extranjeros sin arraigo en España
- Cambios constantes de titularidad
Detrás de estas sociedades operaban terceros que utilizaban a los administradores como testaferros, simulando relaciones laborales que nunca existieron.
Trabajadores “en varios sitios a la vez”
Uno de los aspectos más llamativos del fraude fue la situación de algunos trabajadores:
- Dados de alta en varias empresas simultáneamente
- Supuestamente trabajando el mismo día en distintas provincias
Este sistema permitía generar derechos de cotización de forma artificial para luego acceder a prestaciones públicas.
Al menos 30 personas llegaron a cobrar ayudas, elevando el fraude hasta 162 030 euros.
En algunos casos, los beneficiarios incluso abandonaban España mientras seguían cobrando.
El papel clave de una asesoría
La investigación también apunta a una asesoría que habría jugado un papel central en la trama.
Entre sus funciones:
- Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social
- Elaboración de contratos y nóminas falsas
- Uso de certificados digitales sin conocimiento de los administradores
Además, se detectó una red de facturación entre empresas con servicios poco claros, lo que abre la puerta a posibles delitos de fraude fiscal e IVA.
Delitos graves y consecuencias judiciales
Los implicados se enfrentan a acusaciones por:
- Delitos contra la Seguridad Social
- Fraude a la Hacienda Pública
- Falsedad documental
- Usurpación de identidad
La operación pone de relieve la existencia de estructuras organizadas que explotan el sistema público, generando un importante perjuicio económico.
Un fraude que vuelve a poner el foco en el sistema
Este caso reabre el debate sobre el control de las prestaciones públicas y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia.
Porque detrás de estas prácticas no solo hay cifras:
hay un sistema que se debilita cuando se abusa de él.
Chollones
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