El Consejo General de Economistas denuncia que la Agencia Tributaria está manteniendo en vigor interpretaciones administrativas no validadas por el Parlamento. El régimen de módulos, del que dependen decenas de miles de autónomos en España, es el caso más urgente. Los expertos advierten de errores en pagos fraccionados, aumento de costes de asesoramiento y dificultad para planificar la actividad económica a corto plazo.
El aviso llegó durante la presentación del informe fiscal más completo del año
El Consejo General de Economistas (CGE) presentó esta semana su informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, una radiografía exhaustiva del sistema tributario español que, entre sus hallazgos más relevantes, pone el foco en una práctica que los expertos califican de excepcional pero de graves consecuencias: la aplicación por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de criterios interpretativos que no han sido convalidados por el Congreso de los Diputados.
El informe registra más de 1.100 cambios normativos impulsados por las comunidades autónomas en un solo ejercicio. Una cifra que, aunque matizada por los propios economistas —al referirse principalmente a tributos cedidos—, refleja una fragmentación del sistema tributario que penaliza especialmente a quienes operan en varios territorios o simplemente necesitan certeza para gestionar su negocio.
Raquel Jurado Ibáñez, técnica del Servicio de Estudios del CGE, fue directa en su diagnóstico: aunque no se trata de una práctica habitual, este tipo de actuaciones «genera riesgos evidentes para autónomos y pymes», al obligarles a actuar sin una base normativa plenamente consolidada.
Qué son los «criterios sin ley» y por qué preocupan tanto
La expresión «criterios sin ley» resume un fenómeno de creciente presencia en el ordenamiento tributario español: la aplicación por parte de la Administración de interpretaciones que sostienen efectos de normas caducadas o no renovadas formalmente. En términos prácticos, esto significa que la AEAT puede exigir el cumplimiento de obligaciones cuyo fundamento legal se encuentra en una zona gris.
Según la Constitución Española, el principio de reserva de ley en materia tributaria obliga a que cualquier prestación patrimonial de carácter público tenga respaldo en una norma aprobada por las Cortes Generales. Cuando ese respaldo desaparece o no se renueva en tiempo y forma, el contribuyente queda en una posición de inseguridad jurídica real. Jurado Ibáñez lo describió con precisión: la situación «introduce un terreno gris desde el punto de vista jurídico, al no existir un desarrollo normativo claro que respalde estos criterios».
El Tribunal Constitucional ha reafirmado en numerosas sentencias este principio —entre otras, en la STC 185/1995— como una garantía básica del Estado de Derecho. Que el organismo que representa a los economistas españoles tenga que recordarlo en pleno 2026 no es un dato menor.
El régimen de módulos, en el epicentro de la incertidumbre
El caso más concreto y urgente es el del régimen de estimación objetiva, popularmente conocido como régimen de módulos, un sistema simplificado de tributación del que dependen decenas de miles de autónomos en España, especialmente en sectores como la hostelería, el transporte, la construcción y el comercio minorista.
Su prórroga no fue aprobada mediante una norma con rango legal suficiente en tiempo y forma, lo que ha generado una situación sin precedentes: los autónomos acogidos a este régimen no saben con certeza si pueden seguir tributando en él o deben migrar a estimación directa.
La diferencia no es menor. «Los pagos fraccionados, el cálculo del rendimiento y las obligaciones formales son completamente distintos», explicó Raquel Jurado. Un autónomo que tribute en módulos calcula su rendimiento neto con criterios predeterminados; si debe pasar a estimación directa, necesita llevar una contabilidad formal, registrar ingresos y gastos reales, y ajustar sus pagos trimestrales en consecuencia. Aplicar el régimen equivocado puede derivar en sanciones, recargos o una declaración de la renta incorrecta.
Según datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2023, más de 800.000 contribuyentes utilizaban el régimen de módulos en España para liquidar su IRPF. Para todos ellos, la incertidumbre actual no es un problema teórico.
Una vorágine normativa que dispara los costes de cumplimiento
El problema no se circunscribe al régimen de módulos. Los economistas del CGE advierten de que la acumulación de normas, cambios e interpretaciones está generalizando los problemas de cumplimiento fiscal. La fragmentación autonómica del IRPF —con deducciones, tarifas y mínimos distintos en cada comunidad— añade una capa adicional de complejidad para quien opera en varios territorios o simplemente quiere comparar su carga fiscal con la de un contribuyente en otra región.
El resultado práctico es un incremento real de los costes de cumplimiento: más horas dedicadas a la gestión fiscal, mayor dependencia de asesores especializados y un margen de error más elevado en las decisiones empresariales cotidianas. «Resulta muy difícil tomar decisiones empresariales a corto y medio plazo cuando las reglas fiscales no son estables ni completamente claras», señaló Jurado Ibáñez.
Según el informe Paying Taxes 2024 elaborado por PwC y el Banco Mundial, las empresas españolas destinan una media de 152 horas anuales al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por encima de la media de la Unión Europea, cifrada en 136 horas. La tendencia de los últimos años no apunta a una mejora.
Qué deben hacer ahora autónomos y pymes
Ante este escenario, las recomendaciones del CGE son pragmáticas y apuntan en una dirección clara: prudencia, anticipación y asesoramiento cualificado. Esperar a que la situación se clarifique sin actuar puede ser tan perjudicial como actuar de forma precipitada.
En concreto, Raquel Jurado destacó tres medidas de protección inmediata para autónomos y pymes:
- Documentar los criterios aplicados: en caso de discrepancia con la Administración, la documentación de las decisiones adoptadas puede ser determinante para defender la posición fiscal ante un posible requerimiento o inspección.
- Revisar periódicamente la situación tributaria: los cambios normativos frecuentes obligan a no dar por sentado que lo que era válido hace seis meses lo sigue siendo hoy.
- Contar con asesoramiento especializado: en un entorno de inseguridad jurídica, la interpretación profesional de las normas no es un lujo, sino una herramienta de gestión del riesgo.
La recomendación implícita de los economistas es también una llamada de atención al legislador: la complejidad normativa tiene un coste económico real que recae sobre los contribuyentes, y particularmente sobre los más pequeños.
La opinión de El Vértice
Que el organismo que agrupa a los economistas de España tenga que denunciar públicamente que Hacienda aplica «criterios sin ley» no es solo una alerta técnica. Es un síntoma de la degradación del principio de seguridad jurídica que debe sustentar cualquier sistema tributario moderno. Un Estado que exige a sus ciudadanos el cumplimiento de normas debe, antes que nada, garantizar que esas normas existen, son claras y han sido aprobadas por quienes tienen el mandato democrático para hacerlo.
La multiplicación de cambios normativos —más de 1.100 en un solo año— y la práctica de sostener interpretaciones administrativas sin cobertura parlamentaria no es solo un problema técnico para asesores fiscales. Es una carga injusta que cae sobre autónomos y pymes que, en lugar de dedicar sus recursos a producir, deben destinarlos a navegar una burocracia en permanente transformación. En un país con más de tres millones de autónomos, eso tiene consecuencias económicas que ningún gobierno debería permitirse ignorar. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la complejidad fiscal sea el precio de la actividad económica en España?
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