El empresario aporta una grabación en la que Koldo García y José Luis Ábalos habrían hablado de una comisión vinculada a la venta de un complejo de la SEPI por 250 millones de euros.
Aldama aporta una nueva prueba que apunta a la SEPI
El empresario Víctor de Aldama ha entregado al Tribunal Supremo una grabación que puede abrir un nuevo frente en el juicio de la trama Koldo. Según la información publicada por Libertad Digital, el audio fue grabado por Koldo García y recoge una conversación con el exministro José Luis Ábalos sobre una operación inmobiliaria vinculada a la SEPI, sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda.
La operación habría consistido en la compra del complejo conocido como Campo de Velázquez, situado en Madrid, por el que Aldama afirma haber presentado una oferta de 250 millones de euros. Según su versión, esa compraventa se habría frustrado porque Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría querido el complejo “para ella”.
La acusación es políticamente explosiva, pero debe tratarse con cautela: se basa en la declaración de Aldama y en una grabación cuya valoración corresponde al tribunal. La defensa del empresario sostiene que el audio refuerza su relato; otras informaciones han subrayado que varias de las afirmaciones de Aldama ante el Supremo fueron realizadas sin aportar pruebas directas en sala.
Una oferta de 250 millones por Campo de Velázquez
Aldama declaró ante el Supremo que recibió la oportunidad de participar en la compra de un activo de la SEPI después de que, según su versión, María Jesús Montero trasladara a Ábalos que iban a ponerse en venta determinados bienes patrimoniales. La operación se habría centrado en el complejo Campo de Velázquez, una manzana de alto valor situada en una zona estratégica de la capital.
El empresario aseguró que presentó una oferta de 250 millones de euros y que la negociación llegó a avanzar. Algunas informaciones apuntan incluso a que el precio habría podido moverse hasta los 208 millones, aunque la cifra central que aparece en el relato de Aldama y en la documentación citada es la oferta inicial de 250 millones.
El punto más delicado llega con la supuesta razón por la que la operación no siguió adelante. Aldama sostiene que Koldo García le comunicó que debía retirar la oferta porque Begoña Gómez quería ese complejo. Esa afirmación, por su gravedad, exige comprobación judicial y documental.
El audio: “¿Cinco kilos?”
Según Libertad Digital, la grabación aportada al Supremo recoge una conversación fechada el 9 de abril de 2019 entre Koldo García y José Luis Ábalos. En ella se habla de la operación de la SEPI, de la oferta de 250 millones y de un posible “montante” de cinco millones.
El pasaje clave, según la transcripción citada por ese medio, recoge a Koldo explicando que, si la operación se ejecutaba, a Aldama le generaría un importe de cinco millones. Ábalos habría preguntado entonces por esos “cinco kilos”. La conversación, de acuerdo con la información publicada, es interpretada por la defensa de Aldama como un indicio de que se hablaba de una comisión vinculada a la venta del activo.
El contenido es especialmente relevante porque no se limita a una declaración oral del empresario. La defensa pretende apoyarse en una grabación ya transcrita por la UCO de la Guardia Civil, lo que puede obligar al tribunal a valorar si ese audio confirma, matiza o no acredita el relato de Aldama.
La UCO y el papel de Ábalos y Aldama
El nuevo episodio encaja en una causa mucho más amplia. La UCO ha situado a Ábalos y Aldama en la cúspide de una presunta organización criminal investigada por irregularidades en contratos públicos, especialmente durante la pandemia. Según los agentes, Ábalos habría sido una pieza “instrumental” por su acceso al poder político, mientras Aldama habría actuado como figura central en la financiación y articulación económica de la trama.
El caso Koldo no se limita ya a los contratos de mascarillas. Las declaraciones de Aldama han ampliado el foco hacia supuestos pagos en efectivo, influencias en organismos públicos, operaciones inmobiliarias, favores administrativos y menciones a dirigentes del entorno socialista.
En ese contexto, el audio sobre la SEPI puede convertirse en una pieza importante si el tribunal considera que guarda relación con el patrón de actuación investigado.
Begoña Gómez vuelve al centro de la polémica
La mención a Begoña Gómez añade una enorme carga política al caso. Aldama ha declarado que tuvo que retirar su oferta por Campo de Velázquez porque Koldo le dijo que la esposa del presidente lo quería “para ella”. Esa versión ha sido recogida por varios medios, aunque no implica por sí sola que los hechos estén probados.
La importancia del asunto no está solo en el nombre de Begoña Gómez, sino en la naturaleza del activo: un complejo público vinculado a la SEPI, en una zona de altísimo valor inmobiliario y con una oferta privada millonaria encima de la mesa.
Si se acreditara que una operación pública fue alterada por intereses ajenos al procedimiento ordinario, el caso adquiriría una dimensión institucional muy grave. Si, por el contrario, la acusación no queda respaldada por pruebas suficientes, quedaría como una declaración de parte en una estrategia de defensa.
María Jesús Montero y la SEPI, bajo presión política
La SEPI depende del Ministerio de Hacienda, departamento que entonces estaba bajo la órbita de María Jesús Montero. Aldama ha declarado que Montero habría informado a Ábalos de la venta de patrimonio público y que, tras frustrarse la operación de Campo de Velázquez, se le habrían ofrecido alternativas.
Montero no figura como investigada por estos hechos en las informaciones disponibles, pero su nombre aparece en el relato de Aldama y eso aumenta la presión política sobre el PSOE en plena ofensiva judicial del caso Koldo.
La cuestión de fondo es incómoda para el Gobierno: ¿cómo pudo una operación sobre patrimonio público acabar en conversaciones sobre comisiones, intermediarios y supuestos intereses privados?
Una causa que amenaza con desbordar el caso mascarillas
El juicio de la trama Koldo nació vinculado a contratos de emergencia durante la pandemia, pero las declaraciones de Aldama están extendiendo el radio de acción hacia otros ámbitos. El empresario también ha afirmado que entregaba dinero en efectivo vinculado a “mordidas” de constructoras en el Ministerio de Transportes y en el domicilio de Ábalos.
La Audiencia Nacional mantiene además abiertas otras ramas del caso, como la relativa al contrato de mascarillas de Baleares, por el que Aldama y Koldo han sido citados como investigados el 14 de mayo.
El escenario judicial se complica porque cada declaración abre nuevas líneas de investigación y cada documento aportado obliga a contrastar versiones, fechas, cargos implicados y posibles beneficios económicos.
Prudencia judicial, contundencia política
La prudencia es obligada: una declaración de Aldama, incluso acompañada de un audio, no equivale automáticamente a una condena ni a la acreditación completa de los hechos. El tribunal deberá analizar la grabación, su contexto, su autenticidad, la transcripción de la UCO y la conexión con el resto de pruebas.
Pero la contundencia política también es inevitable. La conversación sobre una supuesta comisión de cinco millones ligada a un activo de la SEPI por 250 millones golpea directamente al relato de limpieza institucional del Gobierno.
El caso vuelve a plantear una pregunta esencial: si había una operación legítima sobre patrimonio público, por qué aparecen intermediarios, comisiones y conversaciones privadas entre el entorno de Ábalos y Aldama.
Un nuevo frente para el PSOE en el Supremo
La aportación del audio coloca al PSOE ante otro episodio incómodo de la trama Koldo. Ya no se habla solo de mascarillas, contratos de emergencia o pagos en efectivo. Ahora entra en escena una operación inmobiliaria de gran envergadura, un organismo público estratégico como la SEPI y la mención directa a Begoña Gómez.
El Supremo deberá determinar qué valor tiene esta prueba. Mientras tanto, el caso sigue avanzando con una conclusión política cada vez más difícil de esquivar: la trama Koldo ha dejado de ser un escándalo periférico y se ha convertido en una causa que apunta al corazón del poder socialista.