Gonzalo Pérez Jácome bajo la lupa judicial por su sueldo público y negocios privados
La Fiscalía de Ourense ha rechazado de forma contundente los argumentos del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, y ha solicitado que sea juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación. El caso, que sacude de nuevo la política municipal gallega, gira en torno a la supuesta incompatibilidad entre su sueldo público como alcalde en régimen de dedicación exclusiva y sus actividades empresariales privadas con importantes ingresos.
Lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa, sino un posible uso irregular del cargo público mientras se mantenían negocios privados que, según la Fiscalía, habrían generado ingresos superiores a los 162 000 euros anuales.
La acusación: sueldo público y negocios privados incompatibles
El Ministerio Fiscal sostiene que el regidor ourensano habría estado cobrando como alcalde a tiempo completo mientras simultaneaba actividades económicas privadas altamente lucrativas, algo que, según recalca, sería “absolutamente incompatible” con su régimen salarial público.
Entre esas actividades destacan:
- Su tienda de instrumentos musicales
- Su participación en la televisión local Auria TV
- Otras actividades empresariales con declaración de IVA
Según el escrito fiscal, estas fuentes de ingresos habrían generado beneficios que duplicaban su salario público, lo que agrava la posible irregularidad del caso.
El papel de Auria TV y los ingresos cuestionados
Uno de los puntos más sensibles del procedimiento judicial es el papel del canal local Auria TV, donde la Fiscalía considera poco creíble la versión del alcalde, quien asegura no tener participación activa en su gestión.
El informe fiscal es tajante: no resulta verosímil que una actividad con ingresos tan elevados no implique participación directa del investigado.
El análisis del sumario apunta a que las actividades vinculadas a este medio habrían sido clave en la generación de ingresos privados significativos, lo que refuerza la tesis de la acusación.
El informe jurídico que genera polémica
La defensa del alcalde se apoya en un informe elaborado en 2019 por el entonces jefe de la asesoría jurídica del Concello, Juan Ramón Costas, posteriormente nombrado por el propio regidor como city manager.
Sin embargo, tanto el juez instructor como la Fiscalía han sido especialmente críticos con ese documento, señalando que:
- Carecería de rigor técnico
- Estaría redactado “al gusto del alcalde”
- No tendría suficiente imparcialidad ni solidez jurídica
Este punto es clave, ya que la acusación de prevaricación exige demostrar que el acusado actuó con conocimiento de la ilegalidad de sus actos.
Conocimiento previo y advertencias institucionales
La Fiscalía subraya que el alcalde sabía perfectamente que debía solicitar compatibilidad al pleno municipal para ejercer actividades privadas mientras cobraba un sueldo público de dedicación exclusiva.
Según el escrito, ya existían advertencias previas de:
- La propia Fiscalía
- El Tribunal de Cuentas
- Acuerdos del pleno municipal en 2021
En ese año, incluso se aprobó por mayoría una resolución que instaba a la devolución de salarios percibidos por esta situación. Pese a ello, el regidor no habría solicitado nunca la compatibilidad, lo que para el Ministerio Público refuerza la tesis de una actuación consciente.
Defensa de Jácome: negación y recurso judicial
El alcalde ha presentado recurso contra su imputación, negando haber realizado actividad alguna en Auria TV y defendiendo la legalidad de su situación.
Sin embargo, la Fiscalía considera su versión “no creíble”, especialmente a la vista del volumen de ingresos declarados.
La defensa sostiene que:
- No existe gestión directa del canal
- El informe jurídico avalaría su actuación
- No hay delito en su comportamiento
Aun así, el juez instructor ya ha cerrado la investigación imputándole un delito continuado de prevaricación, abriendo la puerta al juicio oral.
Posible ampliación de delitos: malversación y falsedad
El caso no está cerrado en cuanto a calificaciones jurídicas. La acusación particular, impulsada por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, solicita que se amplíe la imputación a:
- Malversación de caudales públicos
- Falsedad documental
No obstante, la Fiscalía ha optado por no respaldar estas acusaciones adicionales, limitando el procedimiento exclusivamente a la prevaricación.
Un caso que reabre el debate sobre el control del poder político
El procedimiento contra el alcalde de Ourense vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política española: el control real de la incompatibilidad entre cargos públicos y actividades privadas.
Desde una perspectiva crítica, este caso refleja lo que muchos ciudadanos perciben como una insuficiencia en los mecanismos de control institucional, especialmente en administraciones locales donde la supervisión es más débil.
La cuestión no es menor: ¿puede un cargo público mantener negocios privados de alto rendimiento sin comprometer su dedicación exclusiva?
Consecuencias políticas y judiciales
Si el tribunal confirma la apertura de juicio oral, Jácome podría enfrentarse a un proceso judicial de gran impacto político en Ourense.
Las posibles consecuencias incluyen:
- Inhabilitación en caso de condena
- Revisión de sus retribuciones públicas
- Mayor presión política en el Concello
El caso también podría tener repercusiones en el equilibrio político municipal y en la estabilidad del gobierno local.
Conclusión: un caso que trasciende lo municipal
Más allá del ámbito judicial, el caso de Gonzalo Pérez Jácome se ha convertido en un símbolo del debate sobre la ética en la gestión pública y la necesidad de reforzar los controles sobre la actividad de los cargos electos.
La decisión final de la Audiencia Provincial será clave para determinar si se trata de una simple irregularidad administrativa o de un caso de mayor gravedad penal.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su postura: debe ser juzgado por prevaricación.
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