El nuevo delito de Begoña Gómez ha quedado reflejado en el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según las conclusiones remitidas al juez Juan Carlos Peinado, la esposa del presidente del Gobierno habría incurrido presuntamente en un delito de prevaricación relacionado con adjudicaciones realizadas a Deloitte dentro de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.
La investigación judicial suma así un nuevo frente para Begoña Gómez, que ya había sido procesada por corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Ahora, el nuevo delito de Begoña Gómez señalado por la UCO introduce además importantes implicaciones procesales debido a que la prevaricación no puede ser juzgada mediante la Ley del Jurado.
El informe policial sostiene que la contratación de Deloitte estuvo presuntamente amañada desde el inicio y que la propia Begoña Gómez habría participado directamente en la definición de las condiciones contractuales.
El nuevo delito de Begoña Gómez centra la investigación judicial
La UCO considera que el nuevo delito de Begoña Gómez se basa en una posible prevaricación administrativa vinculada a la adjudicación de contratos públicos relacionados con el desarrollo de una plataforma tecnológica de impacto social para pequeñas y medianas empresas.
La Universidad Complutense adjudicó a Deloitte contratos por valor de 78.648,79 euros para labores de asesoría técnica y tecnológica dentro del proyecto de la cátedra TSC. El primero de los contratos, considerado menor, ascendió a 14.999 euros más IVA y fue tramitado mediante invitación a tres empresas. Sin embargo, Deloitte presentó su oferta en apenas 24 horas.
Posteriormente, la consultora recibió otro contrato de 60.500 euros, IVA incluido, para asistencia técnica vinculada al desarrollo de la plataforma digital. No obstante, Deloitte aseguró en sede judicial que su función se limitó al soporte y asesoramiento, sin intervenir directamente en la creación del software.
El nuevo delito de Begoña Gómez aparece reflejado en las conclusiones de la Guardia Civil, que sostiene que la directora de la cátedra tuvo un papel clave en el diseño previo de las condiciones contractuales.
La UCO señala participación directa de Begoña Gómez
Uno de los puntos más contundentes del informe es la afirmación de que la esposa de Pedro Sánchez “participó directamente” en la preparación y validación de los expedientes relacionados con Deloitte.
Según la UCO, el nuevo delito de Begoña Gómez se sustentaría en varias actuaciones concretas:
- Participación en la definición previa de las condiciones de contratación.
- Conocimiento anticipado del inicio de los trabajos de Deloitte antes de la tramitación oficial.
- Firma de la memoria justificativa del contrato menor.
- Validación de facturas relacionadas con los servicios prestados.
- Intervención en la elaboración del pliego técnico del procedimiento abierto simplificado.
Además, los investigadores consideran especialmente relevante que las condiciones pactadas inicialmente con Deloitte no aparecieran reflejadas posteriormente en la adenda formal del acuerdo.
La Guardia Civil también sostiene que Begoña Gómez conocía el alcance real de los trabajos desempeñados por la consultora y que los servicios continuaron incluso más allá del plazo inicialmente previsto en el contrato menor.
Qué implica el delito de prevaricación
El nuevo delito de Begoña Gómez podría tener consecuencias jurídicas especialmente delicadas debido a la naturaleza del delito de prevaricación. El artículo 404 del Código Penal establece que incurre en este delito la autoridad o funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia”, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
La pena prevista contempla inhabilitación especial para cargo público y suspensión del derecho de sufragio pasivo durante un periodo de entre nueve y quince años.
Fuentes jurídicas consultadas destacan además una circunstancia procesal relevante: el nuevo delito de Begoña Gómez no puede ser juzgado mediante la Ley del Jurado, a diferencia de los otros cuatro delitos por los que ya fue procesada.
Esta situación obligaría al juez Juan Carlos Peinado a buscar una fórmula procesal específica para integrar el nuevo delito dentro de la causa abierta.
Deloitte y la cátedra TSC bajo el foco
La aparición de Deloitte dentro de la investigación ha incrementado el interés mediático sobre la gestión de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
El nuevo delito de Begoña Gómez estaría estrechamente ligado a la forma en que se gestionaron los contratos y a la posible existencia de condiciones pactadas previamente antes de iniciar oficialmente los procedimientos administrativos.
La UCO considera que hubo irregularidades tanto en el contrato menor como en el procedimiento abierto simplificado posterior. Además, subraya que la continuidad de los servicios prestados por Deloitte habría superado los límites temporales autorizados inicialmente.
Por ello, los investigadores mantienen abiertas nuevas diligencias para analizar toda la documentación relacionada con el proyecto tecnológico desarrollado desde la Universidad Complutense.
La presión judicial aumenta sobre Begoña Gómez
Con este nuevo escenario, el procedimiento judicial adquiere una dimensión todavía más compleja. El nuevo delito de Begoña Gómez añade presión tanto política como jurídica sobre el entorno del Gobierno, especialmente tras las sucesivas revelaciones incluidas en los informes policiales.
La causa dirigida por el juez Peinado continúa avanzando con nuevas pruebas documentales y declaraciones que podrían derivar en futuras ampliaciones del procedimiento.
Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene que existen indicios sólidos de participación directa en decisiones administrativas que habrían beneficiado a Deloitte en el marco de la cátedra universitaria.
El nuevo delito de Begoña Gómez podría convertirse así en uno de los elementos clave de una investigación que sigue generando enorme repercusión política y judicial en España.
OnlyBeauty
OnlyBeauty
OnlyBeauty