El Instituto Panhispánico del Español Global y la asociación Héroes de Cavite han denunciado una «eliminación progresiva» de los topónimos en español en diversas comunidades autónomas bilingües. Según estas entidades, dicha tendencia afecta los derechos lingüísticos de los hablantes de castellano y podría entrar en conflicto con el marco constitucional español.
El comunicado del Instituto Panhispánico destaca que la imposición de topónimos en lenguas cooficiales como única forma válida genera una exclusión del español en el ámbito institucional. Bajo su perspectiva, algunas leyes autonómicas imponen términos únicamente en lenguas regionales, dejando fuera las denominaciones históricas en castellano, lo que podría considerarse una «discriminación sistemática» hacia los hablantes de español en territorios bilingües.
Este tema vincula al artículo 3 de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a usar el castellano. Las organizaciones reclaman que los topónimos en español son parte de una tradición histórica legal que debería ser preservada en el ámbito administrativo.
Los denunciantes citan la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares, que establece que los topónimos oficiales son solo en lengua catalana, como un ejemplo de exclusión del castellano.
Asimismo, se menciona la «doble vara de medir» en el uso institucional de nombres geográficos, donde se omiten términos en español, como Gerona o La Coruña, mientras que se adoptan versiones en lengua cooficial para ciudades con mayoría hablante de castellano.
El comunicado también revela un clima de deslegitimación hacia quienes abogan por la cooficialidad plena del español, señalando que dichas posturas a menudo se etiquetan con términos peyorativos. El texto concluye haciendo un llamado a las instituciones para el respeto de los derechos lingüísticos de los hablantes de español y a mantener su uso en la toponimia oficial, respaldando el entendimiento entre lenguas en el Estado.
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