La Xunta alerta de que el acuerdo impulsado por PSOE, BNG y Sumar para transferir la AP-9 podría trasladar a los gallegos una factura millonaria mientras el Estado evita asumir compromisos económicos clave.
Lo que parecía un avance histórico para Galicia se ha convertido en un nuevo foco de confrontación política. La transferencia de la AP-9, una de las principales reivindicaciones institucionales de la comunidad, ha abierto una batalla sobre quién asumirá realmente los costes de gestión y mantenimiento de la autopista en los próximos años.
La Xunta acusa al Gobierno de impulsar una transferencia perjudicial para Galicia
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, compareció en el Parlamento de Galicia para exigir al PSdeG y al BNG que mantengan el consenso aprobado por unanimidad en la Cámara gallega sobre el futuro traspaso de la AP-9.
La responsable autonómica criticó duramente el acuerdo alcanzado en el Congreso entre PSOE, BNG y Sumar, al considerar que introduce lo que calificó como una “cláusula trampa” que podría generar importantes consecuencias económicas para Galicia.
Según explicó Allegue, el texto aprobado en la ponencia parlamentaria de la Cámara Baja modifica aspectos esenciales que sí figuraban en las iniciativas respaldadas por unanimidad en el Parlamento gallego.
“Galicia quiere la transferencia, pero no a cualquier precio”, defendió la conselleira durante su intervención.
Las inversiones futuras quedarían fuera del compromiso estatal
Uno de los principales puntos de conflicto señalados por la Xunta es que el acuerdo negociado en Madrid no obligaría al Estado a asumir futuras actuaciones e inversiones en la AP-9.
Para el Gobierno gallego, esta omisión supone un cambio sustancial respecto a la posición defendida durante años por todas las fuerzas políticas de la comunidad.
La Xunta sostiene que una transferencia sin financiación suficiente podría acabar trasladando a los contribuyentes gallegos gastos que hasta ahora correspondían a la Administración central.
El recargo del 1 % anual seguiría pesando sobre los usuarios
Otro de los aspectos cuestionados por Allegue es la ausencia de un compromiso estatal para eliminar el incremento acumulativo del 1 % anual en los peajes.
Este recargo fue establecido para permitir a la concesionaria Audasa recuperar las inversiones realizadas en la ampliación del Puente de Rande y en las actuaciones desarrolladas a su paso por Santiago.
La conselleira calificó esta situación como una “carga injusta para los usuarios”, ya que miles de conductores continúan soportando un sobrecoste derivado de decisiones adoptadas años atrás.
La sombra de Bruselas sobre la concesión de la autopista
La controversia también afecta al debate sobre la legalidad de las prórrogas de la concesión.
Martínez Allegue recordó que el texto pactado en el Congreso tampoco contempla que el Estado asuma posibles responsabilidades económicas si las prórrogas de la concesión fueran anuladas por las instituciones europeas.
Actualmente existe un procedimiento relacionado con la ampliación de la concesión hasta 2048, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar.
La Comisión Europea considera que dichas prórrogas podrían vulnerar la normativa comunitaria, una cuestión que se encuentra bajo análisis en el ámbito judicial europeo.
La batalla por los recursos económicos
Durante su comparecencia, la titular de Infraestructuras insistió en que cualquier transferencia debe ir acompañada de los recursos económicos necesarios para garantizar una gestión viable.
Según los datos expuestos por la Xunta, la concesionaria ingresó el pasado año 213 millones de euros por la explotación de la AP-9.
De esa cantidad:
- 145 millones de euros procedieron directamente de los usuarios mediante peajes.
- 86 millones de euros fueron aportados por el Estado a través de las bonificaciones aplicadas a los conductores.
Estos datos reflejan, según el Ejecutivo gallego, el enorme peso económico que supone la gestión de la principal autopista de Galicia.
La AP-9 vuelve a convertirse en un campo de batalla política
La conselleira definió el acuerdo alcanzado en Madrid como un “dardo envenenado” debido al impacto que podría tener sobre las cuentas públicas gallegas si la comunidad asumiera obligaciones sin respaldo financiero suficiente.
Desde la Xunta se reclama que una reivindicación considerada histórica para Galicia no termine utilizándose como instrumento de negociación entre partidos ni se materialice mediante acuerdos que, a juicio del Gobierno autonómico, dejan interrogantes sin resolver.
La polémica reabre así un debate de fondo: si la transferencia de la AP-9 responde realmente a los intereses de Galicia o si puede convertirse en una operación que traslade nuevas cargas económicas a la comunidad autónoma.
La negociación sobre la AP-9 entra ahora en una fase decisiva. El resultado final determinará si Galicia recibe una infraestructura con plena cobertura financiera o si hereda obligaciones cuyo coste podría prolongarse durante décadas.
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