La formación de Santiago Abascal acusa al exfiscal general del Estado de presunta omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias tras conocerse las reuniones entre la trama de Leire Díez y altos cargos de la Fiscalía.
La presión judicial aumenta sobre el exfiscal general
La crisis institucional que rodea al denominado caso Leire Díez sigue escalando y ya alcanza de lleno a la cúpula de la Fiscalía. Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en una ofensiva judicial que podría abrir un nuevo frente para el entorno político vinculado al Gobierno de Pedro Sánchez.
La acción judicial ha sido registrada ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid después de que la propia Fiscalía General del Estado reconociera ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvieron reuniones con uno de los máximos responsables de la institución fiscal.
Las reuniones que han disparado las sospechas
Según la documentación incorporada al procedimiento, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo se reunieron en dos ocasiones durante 2025 con Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.
Para Vox, estos encuentros plantean serias dudas sobre posibles intentos de influir en investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a personas cercanas al Ejecutivo.
La formación sostiene que resulta imprescindible aclarar si existió algún tipo de actuación irregular dentro de la Fiscalía y si determinados responsables conocían o facilitaron movimientos destinados a interferir en procedimientos judiciales en marcha.
Vox pide la declaración de García Ortiz
La querella solicita la apertura de diligencias para investigar los contactos mantenidos entre los implicados y reclama la comparecencia de Álvaro García Ortiz para que explique su conocimiento y participación en los hechos investigados.
Además, Vox ha solicitado al juzgado una amplia batería de pruebas documentales entre las que destacan:
- Las denuncias presentadas por Leire Díez contra varios fiscales.
- Los registros de acceso y seguridad de la sede de la Fiscalía donde tuvieron lugar las reuniones.
- Las comunicaciones internas relacionadas con dichos encuentros.
- La declaración como testigos de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.
- La comparecencia del responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía en noviembre de 2024.
El juez Pedraz amplía la investigación
La querella se produce en paralelo a la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama destinada a desacreditar o interferir en procedimientos judiciales sensibles para el PSOE y para personas vinculadas al Gobierno.
Dentro de esa causa, el magistrado Santiago Pedraz ya ha citado como investigado a Jacobo Teijelo para el próximo 25 de junio.
Asimismo, el juez ha solicitado información financiera a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias sobre movimientos económicos relacionados con el PSOE, el PSC, el exdirigente socialista Gaspar Zarrías y varios abogados vinculados al procedimiento.
Una Fiscalía bajo máxima presión
La situación agrava aún más la crisis de credibilidad que atraviesa la Fiscalía tras la reciente condena de Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y el posterior rechazo del Tribunal Supremo a respaldar un eventual indulto.
Ahora, la aparición de reuniones entre personas investigadas y altos cargos fiscales añade nuevos interrogantes sobre la separación entre el poder político y las instituciones encargadas de velar por la legalidad.
La oposición considera que estos hechos refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva, mientras desde el entorno gubernamental se insiste en negar cualquier vinculación con las actuaciones atribuidas a Leire Díez.
¿Nuevo terremoto político para el Gobierno?
El avance de las investigaciones judiciales amenaza con abrir una nueva etapa de tensión política en plena acumulación de causas que afectan a dirigentes socialistas y a personas próximas al Ejecutivo.
La clave ahora estará en determinar si las reuniones reconocidas por la Fiscalía fueron simples encuentros institucionales o si escondían una estrategia coordinada para influir en investigaciones especialmente sensibles.
La decisión de los tribunales sobre la querella de Vox podría convertirse en uno de los episodios más delicados para la Fiscalía y para el Gobierno en los próximos meses.
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