La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la denominada trama SEPI-Hirurok ha abierto un nuevo frente político al señalar presuntas gestiones vinculadas al PNV en el rescate público de 112,8 millones de euros concedido a la empresa vasca Tubos Reunidos S.A.
Según la documentación incorporada al sumario dirigido por el juez Santiago Pedraz, los investigadores han localizado mensajes en los que miembros de la trama aluden a una posible intermediación política para desbloquear la ayuda pública aprobada en 2021.
Mensajes que apuntan a una supuesta intermediación
La UCO recoge comunicaciones internas del grupo Hirurok en las que se comenta la importancia de hablar con el PNV para que el expediente de Tubos Reunidos pudiera prosperar.
Entre los mensajes intervenidos figuran expresiones como «no sé cuánto habrá influido nuestra intermediación» o «hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad».
Para los investigadores, estas conversaciones apuntan a que la trama habría tratado de influir en el proceso de aprobación del rescate a través de contactos políticos.
El rescate fue aprobado por el FASEE
El expediente de Tubos Reunidos fue elevado el 13 de julio de 2021 al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI, y resultó finalmente aprobado.
La ayuda concedida ascendió a 112,8 millones de euros, en un contexto marcado por los rescates públicos a empresas afectadas por la crisis económica posterior a la pandemia.
La investigación sostiene que la aprobación habría estado precedida por contactos y gestiones de intermediarios vinculados a la trama.
Antxon Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández, en el foco
El informe de la UCO sitúa en el centro de estas gestiones a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto a Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.
Según la investigación, estas personas habrían participado en maniobras para favorecer el rescate de Tubos Reunidos y habrían recibido posteriormente una comisión de 114 950 euros.
La Guardia Civil señala que parte de esos pagos se canalizaron a través de Mediaciones Martínez, una sociedad que habría sido utilizada como empresa instrumental.
Un contrato de 60 000 euros anuales bajo sospecha
Tras la aprobación del rescate, Tubos Reunidos formalizó el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez por valor de 60 000 euros anuales.
Formalmente, el contrato se presentó como una prestación de servicios de asesoramiento y desarrollo de negocio.
Sin embargo, la UCO sostiene que esos pagos responderían en realidad a un «agradecimiento» por las gestiones realizadas para facilitar el rescate público.
La reunión con Andoni Ortuzar
El informe también recoge una segunda fase de contactos en 2024 y 2025, cuando la trama habría intentado obtener una nueva ayuda para Tubos Reunidos.
Según la UCO, Vicente Fernández se ofreció el 27 de noviembre de 2024 a organizar una reunión entre representantes de la compañía y dirigentes del PNV.
La cita habría tenido lugar el 28 de enero de 2025 con la presencia de responsables de Tubos Reunidos y del entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, junto a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del partido.
Una solicitud tramitada con rapidez
La Guardia Civil destaca que, tras esos contactos, la nueva solicitud vinculada a Tubos Reunidos avanzó con rapidez dentro del procedimiento administrativo.
Según el informe, la petición recibió:
- Validación de la Dirección Económico-Financiera el 21 de marzo de 2025.
- Validación de la Dirección de Asuntos Jurídicos el 25 de marzo de 2025.
- Propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo de 2025.
La UCO considera llamativo el reducido plazo de tramitación en comparación con otras gestiones de la empresa.
Un caso con fuerte impacto político
La aparición del PNV en los informes de la UCO añade una nueva derivada política a las investigaciones sobre los rescates públicos gestionados por la SEPI.
El caso afecta a una empresa estratégica del tejido industrial vasco y se produce en un contexto en el que los apoyos parlamentarios de los nacionalistas vascos siguen siendo determinantes para la estabilidad del Gobierno central.
La investigación judicial deberá determinar ahora si esos contactos tuvieron relevancia penal o si se limitaron a gestiones políticas e institucionales sin consecuencias delictivas.
La sombra de los rescates públicos
El caso Tubos Reunidos vuelve a poner bajo la lupa el sistema de ayudas públicas concedidas durante los años posteriores a la pandemia.
La investigación plantea dudas sobre la transparencia de algunos procedimientos y sobre el posible papel de intermediarios con capacidad de acceso a responsables políticos y organismos públicos.
Mientras avanza la causa dirigida por el juez Pedraz, la UCO continúa analizando comunicaciones, contratos y pagos para determinar si existió una red organizada dedicada a influir en decisiones públicas a cambio de comisiones.
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