Vox solicita a la Junta Electoral Central la suspensión del voto por correo para los españoles residentes en el extranjero al denunciar que la Ley de Nietos está alterando el censo electoral y favoreciendo, a su juicio, al Gobierno de Pedro Sánchez.
El debate sobre la Ley de Memoria Democrática y el fuerte incremento del censo de españoles en el extranjero continúa elevando la tensión política. Vox ha dado un paso más al solicitar a la Junta Electoral Central (JEC) que suspenda el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero, al considerar que el actual proceso de nacionalizaciones está siendo utilizado para alterar el equilibrio electoral en beneficio del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) supone un riesgo para la limpieza del proceso electoral y reclama que, mientras no se revisen los procedimientos, los españoles residentes fuera del país solo puedan ejercer su derecho al voto de forma presencial en consulados y embajadas.
Vox denuncia una supuesta «ingeniería electoral»
El secretario general del Grupo Parlamentario de Vox, José María Figaredo, calificó el proceso de nacionalizaciones derivado de la conocida como Ley de Nietos como un «golpe de Estado a cámara lenta», acusando al Gobierno de impulsar una estrategia destinada a modificar el censo electoral.
Según explicó, Vox ha solicitado la revisión de oficio, la suspensión cautelar y la nulidad de la instrucción aprobada por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 que regula la concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados y emigrantes.
Para la formación, el crecimiento acelerado del número de nuevos nacionales podría tener un impacto decisivo en futuros procesos electorales.
Piden eliminar el voto por correo del CERA
La principal medida planteada por Vox consiste en suprimir temporalmente el voto por correo para todos los españoles inscritos en el CERA, permitiendo únicamente el voto presencial en las sedes diplomáticas españolas.
Figaredo reconoció que esta medida supondría dificultades para numerosos residentes que viven a cientos de kilómetros de un consulado, pero defendió que garantizaría un mayor control del proceso electoral.
El dirigente de Vox argumentó que, mientras en España el voto por correo exige la identificación del elector durante todo el procedimiento, en muchos países el sistema depende del servicio postal local y, a su juicio, ofrece menos garantías.
La polémica sobre el crecimiento del censo exterior
Según los datos expuestos por Vox, el Censo Electoral de Residentes Ausentes supera actualmente los 2,7 millones de personas, mientras que existen más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad pendientes de resolución al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La formación considera que, si todas esas solicitudes fueran aprobadas, el número de electores en el extranjero podría aumentar de forma muy significativa, alterando el peso del voto exterior en futuras convocatorias electorales.
Además, Vox sostiene que los nuevos nacionales pueden elegir la circunscripción española en la que desean ejercer su derecho al voto, algo que, según denuncian, podría utilizarse para influir en provincias donde un reducido número de papeletas decide la asignación del último escaño.
Acusaciones sobre el proceso de nacionalización
Durante su comparecencia, Figaredo también cuestionó la gestión administrativa del proceso en algunos países, afirmando que parte de los trámites se estarían desarrollando mediante entidades externas.
El dirigente insistió en que el procedimiento presenta un elevado grado de opacidad y reclamó una revisión completa antes de continuar incorporando nuevos electores al censo.
Feijóo también ha cuestionado el impacto de la Ley de Nietos
Las declaraciones de Vox llegan pocos días después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusara al Gobierno de practicar una supuesta «ingeniería electoral» mediante la ampliación del acceso a la nacionalidad española.
El líder popular anunció recientemente que, si llega al Gobierno, impulsará una reforma de la legislación para endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad y revisar el actual sistema derivado de la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno defiende la legalidad del proceso
Por su parte, el Ejecutivo mantiene que la denominada Ley de Nietos responde a un objetivo de reparación histórica hacia los descendientes de españoles exiliados y sostiene que todas las nacionalizaciones se realizan conforme a la legislación vigente y bajo supervisión administrativa.
Asimismo, rechaza las acusaciones de manipulación del censo electoral y asegura que el procedimiento cumple plenamente con las garantías jurídicas establecidas.
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